En febrero de 2019, en audiencia pública citada por la Procuraduría para evaluar la situación del proyecto Hidroituango, como consecuencia de la contingencia de abril de 2018, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, manifestó lo siguiente:
“La entrada tardía del proyecto Hidroituango podría afectar a la sociedad colombiana (…) se podría generar un costo mayor en el valor de la energía y probablemente mayores tarifas para la gente en todo el País”.
Y añadía el Contralor: “si hay responsables de malos manejos en Hidroituango, ellos pagarán por esos hechos, pero el proyecto debe seguir”.
No hay forma de que el proyecto siga si, con el embargo de sus cuentas, a los contratistas actuales se les priva de los recursos financieros para cumplir sus obligaciones, tanto si las cuentas embargadas son la del consorcio o las de las consorciadas individualmente consideradas. En el primer caso, el resultado sería evidentemente catastrófico; pero también en el segundo, pues la parálisis inevitable de sus otras actividades llevaría a las consorciadas a situaciones de iliquidez y eventual insolvencia que afectarían sin lugar a dudas la capacidad operativa del consorcio, provocando, eventualmente, la parálisis del proyecto.
Las decisiones del Contralor están ya conduciendo al resultado que consideraba indeseable hace dos años: el alza en el precio de la energía al consumidor final. El mero anuncio del embargo de las cuentas de Integral provocó ya el aumento de los precios de los contratos para entrega de energía en 2022, el cual pasó en un promedio de $/KWh 217 a cerca de $/KWh 230. Para el caso del mercado regulado, el que afecta a los consumidores residenciales, se estaba transando a $/KWh 229, precio que pasó en las convocatorias más recientes a $/KWh 237. Algunos analistas estiman que podría llegar a $/KWh 250.
Además, las decisiones de Contraloría ponen en riesgo la única fuente de pago cierta que permitiría recuperar los sobrecostos causados por la contingencia de abril de 2018: el sistema internacional de seguros y reaseguros.
El proyecto estaba muy bien asegurado, incluido el túnel que colapsó, y la aseguradora estaba dispuesta a pagar. El valor asegurado de la póliza todo riesgo para daños materiales asciende a US$ 2.557 millones y la de lucro cesante a US$ 629 millones. A una tasa de cambio 3.700 $/US$, esas sumas equivalen a COP 9,5 billones y COP 2,3 billones, aproximadamente. La primera cifra equivale a un 60% del costo del proyecto inicialmente estimado y a un 43% del que probablemente tendrá finalmente, incluidos los sobre costos generados por la contingencia. La segunda es poco más de dos veces el valor de la energía que se vendería en dos años de operación del proyecto.
El 2 de mayo de 2018 se dio aviso del siniestro a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. El 16 de septiembre de 2019, Mapfre informó a EPM su decisión de otorgar cobertura bajo la póliza “Todo riesgo construcción y montaje”. Mapfre determinó que la causa de la contingencia estaba enmarcada dentro de la cobertura de dicha póliza que aplica a la reparación de la infraestructura, obras civiles, equipo y lucro cesante.
Al otorgar cobertura la aseguradora está reconociendo la ausencia de dolo o negligencia grave en la ocurrencia del siniestro. Por eso, cuando EPM demanda a sus contratistas por incompetentes o la Contraloría les imputa responsabilidad fiscal por culpa grave, están dando a la aseguradora argumentos para desistir de la cobertura ya reconocida.
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