León Duguit fue un célebre jurista entre el siglo XIX y XX que cambió el concepto del Estado al punto de identificar exclusivamente el concepto de Estado con quien presta un servicio público. Es decir, corresponde al Estado la prestación de los servicios públicos.
El concepto de que el Estado es quien prestaba los servicios públicos fue modificado sustancialmente por la Constitución Política de 1991 en razón de que, para la eficaz prestación de servicios públicos como: el acueducto, la energía, el aseo, las comunicaciones, el sacrificio de ganado, etc…. se requería de eficiencia empresarial y de eso no sabía el Estado dada su politización y paquidermismo.
La Constitución de 1991 cambió todo, pues en los artículos 365 a 370 desarrolló los servicios públicos con un capítulo que llamó: De la Finalidad Social del Estado y los Servicios Públicos. En ese capítulo se estableció que los particulares también podían prestar servicios públicos.
Recuerdo un abogado muy importante, culto, preparado y discreto, que se echó al hombro los cambios que se requerían para desarrollar las normas constitucionales y lograr que los particulares prestaran los servicios públicos. Su nombre: Hugo Palacios Mejía, con quien tuve el placer de conversar unos instantes en alguna parte. Fue Representante a la Cámara por el Quindío, Ministro de Hacienda, Director Ejecutivo del BID, Gerente del Banco de la República, Abogado litigante, Arbitro, Profesor. Su obra: La Ley 142 de 1994, que desarrolló los artículos constitucionales sobre los servicios públicos.
Esa Ley 142 de 1994 creó unas Comisiones de Regulación que desarrollan funciones que delega el Presidente de la República:
Artículo 68. “Delegación de funciones presidenciales a las Comisiones. El Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta Ley.
Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida; en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones.”
Obsérvese bien que se trata de delegar y reasumir políticas generales de regulación y control, exclusivamente.
En desarrollo de todo ello existen en Colombia infinidad de particulares que, con sus propios recursos, inversiones, planes, prestan servicios públicos en Colombia como la energía (Caso ISA), el aseo, la telefonía (Internet y celulares), sacrificio de ganado, acueducto, etc…
Medellín cuenta con una empresa de servicios públicos única: ¡EPM! que ha sido manejada extraordinariamente bien. Con un personal formado en sus entrañas. Con calidad y capacidad técnica y administrativa. El orgullo de Medellín y el objeto de admiración de propios y extraños.
Pero llegó la plaga: este alcalde Quintero Calle que hoy tiene a la ciudad dividida, que ataca a nuestra Cámara de Comercio, ataca nuestras grandes empresas, destruye lo construido, trae foráneos porque no cree en los antioqueños y se tomó literalmente a EPM. Un bogotano que no sabe donde queda Amador, ni Maturín o Palacé con El Palo, es la que la maneja. Todos los vicepresidentes, con excepción de uno solo (El ingeniero William Giraldo que se echó al hombro Hidroituango), son nuevos y puestos allí por Quintero Calle.
EPM pasa a Medellín por transferencias cinco mil millones de pesos ($ 5.000.000.000,00) cada día. Esos ingresos no los tiene ninguna ciudad del mundo.
Hoy, EPM, tiene una contingencia que tiene que resolver: ¡Hidroituango! Quintero Calle desde su campaña calificó a EPM como un nido de ratas. A pesar de Quintero Calle, EPM ha puesto a funcionar y a vender energía por medio de dos de las ocho turbinas programadas, lo que representa ingresos diarios cercanos a un millón de dólares. Dos turbinas adicionales entrarán en funcionamiento este año. En el limbo las otras cuatro por culpa exclusiva de este malvenido alcalde.
Hay unos recursos que recuperar para que EPM vuelva a ser lo que era, estabilizarse, construir más plantas de tratamiento de aguas residuales para entregar agua limpia nuevamente a los ríos y quebradas, prestar más y mejor servicio de acueducto, nutrir a UNE para que nunca nos falte el Internet, construir más centrales de energía sobre el Cauca aguas arriba y aguas abajo de Hidroituango, etc…
Y a ocho meses de las elecciones, en pleno año electoral, se viene con todo el populismo y demagogia que lo ha caracterizado: le pide a Gustavo Petro, Presidente de la República, que congele las tarifas de los servicios públicos que presta EPM! ¿Cuánto le cuesta eso a Medellín por las transferencias? ¿Cuánto le cuesta a EPM para terminar Hidroituango? ¿Cuánto le cuesta al ambiente por no disponer dineros para plantas de tratamiento?
Es interesante congelar las tarifas de los servicios públicos, pero a todas las empresas que prestan servicios públicos, ¡no solo a EPM!. Y después de estudios serios que demuestren la factibilidad y que no pongan en peligro la adecuada prestación del servicio público, porque, volviendo a Duguit, son la esencia del concepto de Estado. ¡Pero nunca en año electoral!
Todo esto me recuerda a los segundos sofistas, no a los primeros (Gorgias y Prótagoras): “El juicio desfavorable acerca de los sofistas como vacíos habladores, gente presumida sin profundidad especulativa, corruptores de las ideas y de las costumbres morales…” (Giulio Preti; Sofística; Diccionario Literario; Vol I; Movimientos Espirituales; Montaner y Simón S.A.; González Porto-Bompiani; Barcelona; 1967; 2 ed; Pag. 511)
Quintero Calle: ¡Sofista!, pero ¡de Tercera!
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