COMUNICADO DE PRENSA
Al Poniente rechaza enfáticamente el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
Medellín, julio de 2018:
El Comité Directivo y el equipo de colaboradores de Al Poniente, rechazamos de manera enfática el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia por sus orientaciones sociales, políticas o cualquier otra condición que ostenten.
Según el Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo (Indepaz), a lo largo de este año se han asesinado en el país 123 líderes sociales y defensores de derechos humanos, cifra que supone un aumento de más del 100% respecto al consolidado de 2017; de los cuales el 81,5% pertenecen a organizaciones campesinas, étnicas y Juntas de Acción Comunal.
Los meses en los que más muertes se han registrado han sido enero (27 casos), marzo (21 casos) y mayo (18 casos), siendo los departamentos de Cauca (18 casos), Antioquia (18 casos), Valle del Cauca (11 casos), Córdoba (9 casos) y Nariño (8 casos), líderes en esta problemática.
Y para los primeros tres días de Julio, según reportes de prensa, se han asesinado seis (6) líderes sociales, en los departamentos de Chocó, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Córdoba y Nariño.
Sin embargo, el panorama de los líderes sociales es más preocupante todavía, si se contabilizan los homicidios luego de firmado el Acuerdo de Paz, desde Diciembre de 2016 la cifra asciende a 292 asesinatos, principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño.
Al respecto, el Centro Nacional de Consultoría revela en un estudio hecho para la Procuraduría que “renovar el liderazgo de un defensor en Colombia se puede tomar entre 1 y 4 años”. Bajo esta tesis, Colombia ha perdido por lo menos 178 años de trabajo con las comunidades.
Según estadísticas avaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre 2015 y lo que va del 2018, se han verificado un total de 219 asesinatos; lo que significa que mensualmente, durante tres años y medio la tasa de homicidio promedio es de cinco (5) líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Del lado de la Justicia, según la Fiscalía General de la Nación, hay avances en el 49% de los casos, de estos, 16 han llegado a sentencia, 36 están en etapa de juicio y hay 164 capturados, sin embargo los asesinatos no ceden, y en la mayoría de los casos no hay respuestas ni explicaciones satisfactorias frente al fenómeno.
Con el agravante que en muchos de los casos se señala como responsables a grupos claramente identificados el “Clan Usuga” en Antioquia, Córdoba y la región del Urabá; una facción suya conocida como “lo chaparros”, que se independizo en la zona del bajo Cauca desde el momento que su máximo líder “Otoniel” anuncio la intención de someterse a la justicia.
Por su parte, el informe titulado “Defender la Vida” entregado el pasado 05 de julio a la Comisión de la Verdad, documenta que “las luchas por el acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como por la justicia social y la rendición de cuentas impulsan la violencia contra aquellos que desafían el poder de las elites económicas y políticas.”
El mismo informe, también reseña que “los patrones de agresión contra las personas que defienden los derechos humanos abarcan diferentes modalidades tales como asesinatos, lesiones, amenazas, violencia sexual y judicializaciones, que se desarrollan como parte de un fenómeno caracterizado como violencia socio política, que en este caso guardan relación con la defensa de los derechos de las víctimas.”
En tal sentido, Al Poniente, en virtud de su línea editorial de “procurar por la defensa, reconocimiento, protección y aplicación de los Derechos Humanos en todas sus categorías”, se acoge al pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al indicarse que “el recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera e insta al Estado Colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida de los colombianos.”
Por último, también se une al balance hecho por el programa “Somos Defensores” en el marco de la presentación del informe anual “Piedra en el Zapato” afirmando que “al Presidente Santos, que concluirá su segundo mandato de cuatro años el próximo 07 de agosto, se le reconoce el haberse jugado su capital político por la búsqueda de la paz, pero su deuda con los defensores de derechos humanos y líderes sociales es grande: 532 asesinatos en siete años.”
