“Colombia producía 35 toneladas de oro en el año 1999, con la aprobación del código minero en el 2001 ingresaron al país las empresas más poderosas del mundo, pero actualmente los titulares siguen produciendo lo mismo o menos, es decir no hemos obtenido los resultados esperados.”
En un país donde el área susceptible de ser concesionada y se encuentra casi en su totalidad titulada o solicitada, hay mayores dificultades de implementar políticas viables para la minería tradicional. Ahora bien, lo triste no es que se encuentren en ese limbo de informalidad dado que legítimamente han realizado una actividad extractiva durante años, pero no ha sido posible resolver su condición jurídica y en consecuencia en muchos casos se han denominado, minería criminal e ilegal. Llevamos 20 años legislando a favor de la mediana y gran minería, los escasos mecanismos de formalización planteados para la pequeña minería no resuelven un problema estructural, dado que estos elementos no han resistido la revisión de las altas cortes y terminan dilatándose problemas reales al no tener soluciones de fondo; como dicen pañitos de agua tibia. Gran parte de la problemática se da con la aprobación del código minero en la ley 685 de 2001, que promocionó y facilitó la expedición de títulos en el país, buscando mayores recursos para la economía y una explotación mayor de los minerales que tenemos en el subsuelo colombiano; Los beneficiados fueron los grandes actores del mercado nacional e internacional, los perjudicados los mineros a pequeña escala y los ancestrales que no tienen las herramientas tecnológicas de las grandes empresas; tampoco los recursos técnicos, financieros y políticos para competir en igualdad con los nuevos actores que ingresaron al mercado colombiano, como las compañías canadienses, chinas, inglesas, norteamericanas, sudafricanas y las colombianas de grandes conglomerados.
En principio todo parecía estar bien, pero no se previó que los mineros ancestrales insistirían en una lucha histórica apelando a la capacitación, asesoría técnica, financiera, administrativa y acompañamiento en los procesos de solicitud de títulos mineros, que el Estado debía caracterizar a esta población antes de desconocerlos y tirarlos a la jura con los leones del mercado, que entre el año 2001 y 2010 capturaron casi toda el área susceptible de titular. En su momento el gobierno debió excluir áreas ricas en minerales para los pequeños mineros ancestrales y hoy no tuviéramos la dificultad de estar persiguiéndolos y estigmatizándolos cuando extraen el 45% del oro del país. Lo cierto es que también hay soluciones desde que exista la voluntad política.
Colombia producía 35 toneladas de oro en el año 1999, con la aprobación del código minero en el 2001 ingresaron al país las empresas más poderosas del mundo, pero actualmente los titulares siguen produciendo lo mismo o menos, es decir no hemos obtenido los resultados esperados. En el 2020 la producción de oro fue de 63 toneladas incluyendo lo extraído por los mal llamados informales que fue de 30 toneladas, solo 285 mil millones de pesos en regalías. Estas cifras se dan porque como ya se mencionó gran parte del territorio con aptitud minera está titulado o solicitado y solo se explota el 3%, quedando un 97% del área en supuestos cruces de trámites ya sea de títulos o solicitudes, o exploraciones eternas o fiscalizaciones débiles que no permiten evidenciar el estado cierto de las actividades extractivas, lo que genera inamovilidad en la productividad y se propician actos de corrupción; aunado a esto hay licencias ambientales que han durado hasta 10 años para ser expedidas pues recordemos que no se puede hacer explotación donde la autoridad ambiental no lo permita y finalmente el negocio de especulación de títulos mineros en bolsa coadyuva estas malas prácticas, otra parte del oro extraído no se reporta dejando de pagar regalías e impuestos en el país, pues sale de contrabando a Panamá, Estados Unidos y Ecuador donde pagan el impuestos y no se exige la trazabilidad que en Colombia.
Se requiere formalizar a todos los mineros ancestrales y quitar el nombre de minería de “subsistencia” que los está llevando por debajo de las condiciones y expectativas de vida; todos los colombianos queremos progresar, pero a los mineros ancestrales se les prohíbe colocando máximos de producción.
La formalización se puede dar de las siguientes maneras:
- Exigiendo y no suplicando subcontratos de formalización minera (coexistencia).
- Exigiendo que mínimo el 10% del área titulada y no explotada sea cedida a los mineros sin título.
- Evitando la especulación con títulos implementando un centro tecnológico de transparencia que dé cuenta del estado actual de la fiscalización realizada año a año del estado del proyecto.
- Hacer una reforma minera entregando nuevos títulos a organizaciones conformadas por los mineros ancestrales, conformando un banco de áreas de reserva especial.
Es bueno recordar que Colombia ha legalizado dineros que los colombianos tenían en el exterior sin declarar en Colombia, dando amnistías en muchos casos; llegó el momento de exigir una amnistía para los mineros ancestrales, caracterizándolos, apoyándolos en su actividad, buscando como normalizar sus ingresos, obligando a la bancarización y a la parafiscalidad, asociándolos por unidades mineras o territorios y exigiendo el pago de regalías e impuestos justos. A la vez también se ha cobrado en varias reformas tributarias el impuesto a la riqueza para dedicar esos recursos a solucionar problemas prioritarios. Debemos hacer una analogía con ese impuesto y cobrar a las compañías mineras que tienen áreas sin explotar y que tengan más de 5 años con el título en cualquier etapa a ceder el 10% de esa área y así tener una reforma minera para otorgar títulos a las asociaciones conformadas por los 300 mil mineros ancestrales que tiene Colombia, nótese que en épocas de la conquista se entregaron unos títulos a perpetuidad que solo pagan en regalías el 0,04% y debemos colocar gran parte de la producción con una regalía pactada con criterios técnicos de compensación económica. Esto, junto con una fiscalización diferencial permitirá una extracción controlada, responsable y sostenible ambiental, técnica, económica y social.
Logrando esta normalización de la minería se triplicarán las producciones actuales y lograríamos como mínimo un billón de pesos en regalías anuales por oro, además se aumentará el recaudo de la nación, mejorando las condiciones de vida de todos los colombianos y así evitaremos reformas tributarias innecesarias.
Colombia debe recuperar y fortalecer el liderazgo ambiental, minero y social brindando condiciones óptimas para la producción minera, la voluntad política es esencial.
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