“Hasta ahora, las salidas negociadas al conflicto armado colombiano han sido implementadas con la participación de organizaciones político militares, pero ha llegado el momento quizá de invitar a la mesa a otras organizaciones, algunas de ellas delincuenciales en el sentido más puro de la palabra, que necesitamos desmontar, definitivamente, para propiciar la seguridad humana en nuestro territorio y hacer posible algún día la paz.”
En los últimos meses los homicidios contra niños, niñas y adolescentes se han incrementado. Lo mismo viene sucediendo con los asesinatos de líderes y lideresas, de defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. Como si esto fuera poco, la violencia contra las mujeres, tanto niñas como adultas, campea no solo en las casas sino en las calles de las ciudades capitales. El país experimenta una crisis de la seguridad pública y de la seguridad humana. Ni siquiera un fenómeno biológico como la pandemia del COVID-19 y su consecuente aislamiento social, ha conseguido contener los efectos devastadores de la violencia armada en Colombia.
Las políticas de seguridad que se vienen implementando en Colombia, todas ellas caracterizadas por su agresividad y por su confianza en la erradicación de la violencia armada y los grupos armados ilegales, utilizando únicamente la judicialización y la derrota militar, han fracasado. La lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, aquella que tantas vidas ha costado a nuestro país ha fracasado. El Estado colombiano lleva persiguiendo un lustro, o varios lustros, a algunos de los capos más importantes del narcotráfico en nuestro país y no puede afirmar por ello que consiga contener el aumento del microtráfico en los pueblos y ciudades, o que consiga desmantelar las estructuras que lo hacen posible. En realidad, una vez se surtan esas capturas, si ello fuera posible, otros cientos de hombres y mujeres involucrados en esas organizaciones, se encuentran allí dispuestos para reemplazar a sus jefes.
Esto quiere decir que ni la acción punitiva del Estado ni la capacidad militar y policial del mismo conseguirán erradicar la violencia armada de nuestro territorio. Se requiere con urgencia un cambio en la estrategia. Se precisa la audacia de la esperanza. La confianza en que es posible construir la seguridad y por tanto la paz, desde otro camino. Hasta ahora, las salidas negociadas al conflicto armado colombiano han sido implementadas con la participación de organizaciones político militares, pero ha llegado el momento quizá de invitar a la mesa a otras organizaciones, algunas de ellas delincuenciales en el sentido más puro de la palabra, que necesitamos desmontar, definitivamente, para propiciar la seguridad humana en nuestro territorio y hacer posible algún día la paz.
Un camino de esta naturaleza tiene que servir para hacer posible acuerdos humanitarios en algunos territorios del país, que permitan el desarrollo de la vida social, política y económica de sus pobladores a pesar del conflicto. Debe ser útil para rescatar a las y los jóvenes que se encuentran atrapados por las circunstancias en estos grupos armados ilegales, tanto en los campos como en las ciudades. Y, finalmente, deberá posibilitar un tránsito de la ilegalidad a la legalidad de los principales jefes, hombres y mujeres, de los grupos armados ilegales que operan en nuestro país, pero no con beneficios aparentes y cosméticos, sino con ofertas verdaderas, que hagan posible el intercambio de libertad y garantías, por paz territorial.
Desafortunadamente, el Gobierno Nacional actual no tiene las capacidades institucionales para emprender una propuesta de esta naturaleza. Su trabajo por la paz, en todos los sentidos, ha consistido en desmontar lo construido en los últimos diez años sembrando una profunda desconfianza no sólo en los actores armados ilegales que protagonizan la violencia en Colombia, sino en la propia sociedad civil organizada que persiste en la defensa de una salida negociada al conflicto armado colombiano.
Se requiere entonces del concurso de otros actores y por esa razón quiero aprovechar en esta reflexión para invitar a la bancada del Partido Liberal en el Congreso de la República y de otras colectividades democráticas, para que impulsen al interior del legislativo las reformas normativas e institucionales necesarias que permitan autorizar y por tanto empoderar a las y los gobernadores y alcaldes en la construcción de acuerdos de paz en sus departamentos y municipios.
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