Colombia, nación soberana en tinta y papel

“La paradoja de la fuerza legítima en naturaleza e ilegítima en el practicar”

Desde la constitución política  de 1991 en su parte dogmática, el Estado es el encargado de proteger y velar por la seguridad y protección de las personas , de acuerdo con el artículo 2 constitucional:

«Son fines esenciales del estado servir a la comunidad,  promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios deberes y derechos consagrados en la constitución» el inciso 2 del mismo artículo establece : «Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes de Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares». Por consiguiente, la Policía Nacional, está adscrita al Ministerio de Defensa que hace parte del sector central de la rama ejecutiva del poder público y, a su vez, se integra a la administración pública en el orden nacional.  Desde ese punto de vista, cuando hay una ilegitimidad por parte de la policía hay responsabilidad del Estado, así mismo, el Consejo  de Estado ha proferido sentencias donde hay responsabilidad estatal por alguno de los títulos de imputación por actos violentos de terceros, porque se ha evidenciado con la situación actual de las manifestaciones sociales como particulares hacen uso de armas  privativas de las fuerzas armadas de Colombia, para actuar en contra de la comunidad que ejerce su derecho a la protesta social.

Según la sentencia C-1214 de 2001: «La Policía Nacional por mandato de la constitución, hace parte esencial de la fuerza pública, por cuanto como cuerpo armado permanente, aunque de naturaleza civil, tiene como fin primordial: el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz». Garantizar las condiciones  de seguridad y tranquilidad necesarias para la protección de los derechos constitucionales, sin el menoscabo de la dignidad humana que le es inherente a cada persona,

De acuerdo con lo anteriormente planteado, las ONG y los defensores de derechos humanos hacen un llamado a los entes protectores de derechos humanos en la esfera internacional porque en Colombia ese grupo particular de defensa ilegítima, donde hay presuntos policías vestidos de civil o pequeños ejércitos de seguridad privada son quienes incurren en una actividad terrorista, delincuencial,  han sido denunciados, y se evidencia con la cantidad masiva de líderes sociales asesinados. Estos tienen la valentía de denunciar el detrimento que recae sobre los derechos humanos y fundamentales, tanto en sus comunidades, como en el marco de la protesta social donde también se denuncian estas incursiones de personas que no están legitimadas por la constitución y la ley para hacer uso de las armas.

Disparan a jóvenes, en conjunto con la Policía Nacional, legitimando así, la propuesta armamentista del partido Centro Democrático, donde es posible inferir que, hacer lícito el uso de las armas en manos civiles es un llamado a la autodefensa. Esto no es más que la implementación de políticas paramilitares, terrorismo generado por el Estado para irse en contra de quienes piensan diferente, con todo tipo de artimañas, fomentando comportamientos que no surgirían por sí mismos, adoptando medidas que incluso contrarían el ordenamiento jurídico, mostrando total apoyo a una fuerza pública que ejerce su política de “mano firme”. La policía como entidad pública de naturaleza civil, en concordancia con el artículo 218 constitucional está a cargo de la Nación representada por el nivel central del Estado en cabeza del Presidente de la República como principal autoridad de la rama ejecutiva. Lo anterior no dista de que la policía esté al servicio del pueblo como elemento de cohesión humana.

Los denominados «delincuentes» son jóvenes que creen en un cambio, ninguna revolución ha sido pacífica, es la transformación total de un Estado. No se puede pretermitir la realidad de que Colombia es un Estado fallido, colapsa el sistema, es el fracaso de un gobierno o de varios, la diferencia radica en que: «la canasta de huevos a 1.800» fue el florero de Llorente.

Toda la situación actual no es más que el grito de un pueblo agobiado, cansado y supeditado a seguir soportando lo que los dirigentes apetezcan; si desde el preámbulo de la constitución se reconoce la soberanía del pueblo nosotros como el poder constituyente, somos quienes podemos cambiar la constitución, el poder constituido debe representar nuestros intereses, servirnos.

Colombia es una democracia representativa por eso elegimos, hay gobernantes y gobernados, desde la carta política, también es una democracia participativa el pueblo es soberano, por eso existen los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, referendo, iniciativa legistas, voto, etc. No estamos en el Estado de Naturaleza de John Locke, donde los hombres son los jueces de sus propias causas, de acuerdo con Thomas Hobbes que expone lo contrario, un estado civil donde hay un juez común que nos regula a todos, atendiendo a la precisión del derecho positivo el cual aduce que el hombre no es bueno y requiere leyes que regulen su conducta.

Expresa Locke «el hombre que atentare contra mi vida se convierte en mi enemigo y tengo derecho a defenderme» en otras palabras se convierte en mi enemigo, acabo con su vida para preservar la mía. Hobbes dice «en  el Estado de Naturaleza el hombre es un lobo para el hombre, por lo tanto, es menester un juez que nos regule y someternos a él”, esa autoridad de que se habla debería atender a la idea de Rousseau en que todos los hombres son iguales y es por medio de un contrato social que un hombre obedece a otro mientras conserva su voluntad, señala que la soberanía reside en el pueblo y que es por medio de un pacto social que las personas logran que sus derechos les sean respetados, el detalle está en que Rousseau reposa la tranquilidad y convivencia de las personas en el gobierno, es decir, para que ese contrato social entre gobernantes y gobernados funcione es necesario cumplir con una serie de normas de convivencia, como no robar, cuidar bienes públicos, no arremeter contra el otro, de esa manera es que el contrato funciona, el gobierno prospera.