La forma mayoritaria como votamos los antioqueños en primera y segunda vuelta, bastante disonante a la del resto del país, ha derivado en que muchos coterráneos -equivocados en mi opinión- hagan un llamado a independizarnos o a instaurar una “Antioquia Federal”. Por supuesto, al menos en mi caso y estoy seguro en el de muchos paisanos más, queremos seguir siendo colombianos. Pero, estoy de acuerdo en que es hora de que el país reconozca no sólo la riqueza, sino la diversidad y autonomía de sus regiones.
La discusión entre Centralismo y Federalismo es más antigua en Colombia que la República misma. También fue el origen de casi todas las confrontaciones internas que vivió el país durante buena parte del siglo XIX.
Mi ciudad, Rionegro, se ganó el título de cuna de la libertad no solo por el gesto noble de Javiera Londoño al liberar sus esclavos a mediados del siglo XVIII. También por el valor en la gesta libertadora del más aguerrido soldado que esta tierra hubiese visto nacer, Córdova. Y como no, por la “Constitución de Ángeles”, la de 1863, que creó los Estados Unidos de Colombia.
Después vino la Constitución de 1886 con un centralismo asfixiante que aún padecemos. Esto se evidencia, por ejemplo, en cosas como que los colombianos nos sentimos más cómodos con los alcaldes que con cualquier otro servidor público, gobernador o presidente. En eso no solo influye la cercanía sino también la posibilidad de ver materializados en obras y en servicios los tributos que pagamos. No en vano, con algunas salvedades, mientras menos dependiente sea el gobierno local de las transferencias del gobierno central, es más eficiente; más legítimo, incluso más popular.
En la mayoría de las ciudades de Colombia, esta independencia fiscal la da el impuesto predial. Los departamentos, en cambio, no manejan tributación directa alguna que les de independencia del gobierno nacional, ni cercanía con sus ciudadanos.
Propongo una reforma sencilla y tal vez poco traumática para alejarnos del centralismo agobiante que nos dejó Núñez, el último presidente caribeño que tuvimos. Consiste en dejar la tributación directa en manos de los departamentos. Esto significaría que solo ellos -los departamentos- puedan gravar la renta y el patrimonio, tanto de personales naturales como jurídicas. Parecida disposición constitucional existe para las ciudades sobre el impuesto predial, tributo asociado en nuestra memoria colectiva a los gobiernos locales: “Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble…”.
Hay muchas razones para dar un paso en ese sentido. Expongo algunas que ha planteado la literatura sobre el federalismo fiscal:
Primero, como lo ha señalado el BID, los tributos de gobiernos subnacionales (en nuestro caso departamentos y municipios) deberían tener como una de sus características deseables una baja movilidad en la base gravable. Es decir, que la fuente del impuesto no se pueda trastear fácilmente de una ciudad/región a otra. Es por esto que el impuesto predial, cuya base gravable es el valor de la propiedad, corresponde a los municipios. Todos estamos de acuerdo en que las propiedades inmobiliarias tienen poca o nula movilidad, como la tiene también la “propiedad, planta y equipo”, fundamento de la base gravable del impuesto al patrimonio de las empresas cuando ha existido. Es imposible echarse una casa o una finca al hombro y llevársela a otro lado. Tampoco es fácil, aunque no imposible, trasladar una empresa de sitio con todos sus activos fijos y demás componentes. Más movilidad tienen la renta, en especial la de las personas. Aunque, tanto las personas naturales como las jurídicas tienen un lugar fijo para la generación de sus ingresos y de su riqueza.
Segundo, una menor dependencia de los recursos de la Nación permite más autonomía en la toma decisiones en favor del bienestar de los ciudadanos.
Tercero, cuando los habitantes de un determinado territorio sienten que con sus impuestos financian la producción de más y mejores bienes/servicios públicos para su provecho, eligen mejor.
Cuarto, gobiernos regionales autónomos competirían por tener más habitantes y empresas. Los electores, como reza la literatura, “votarían con los pies” al escoger regiones/ciudades dependiendo de la carga tributaria y/ó del desarrollo que allí se tenga.
Quinto, y en congruencia con lo anterior, hay una mayor eficiencia y transparencia del gasto público, prerrequisito indispensable en la lucha contra la corrupción.
Finalmente, es necesario distribuir y controlar el gran poder que ostenta hoy el gobierno nacional. La unidad de Colombia pasa porque reconozcamos en las regiones su diversidad, su idiosincrasia; porque construyamos riqueza a partir de las fortalezas que da la diferencia.
Pasa también por mitigar, por qué no acabar, con ese centralismo que nos ahoga desde hace más de un siglo. Ojalá sea Petro, un costeño que llega a la Presidencia 142 años después de Núñez, el último de esta región, quien permita y promueva este cambio.
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