Violando el artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo, la administración de Claudia López le entregó a la multinacional Enel el 20% de las acciones de la Operadora de Transporte Público -La Rolita- por solo $2.500 millones. A escondidas, la administración distrital se asoció con Enel Colombia que se ha caracterizado por ser un pésimo socio de la ciudad.
El artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo autorizó a Claudia López y a TRANSMILENIO S.A., “para participar en la creación de una sociedad por acciones – Operadora Distrital de Transporte-, con la participación de entidades públicas”. Esta norma no contempló la participación de capital privado en la nueva empresa ni la caracterizó como una sociedad de economía mixta, “por lo que es ilegal esta forma velada de privatización”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento.
La administración de Claudia López no solo desconoció el mandato del Concejo, también le concedió un poder determinante a Enel dentro de la Operadora Distrital. “El gobierno distrital modificó el estatuto de la Empresa para darle a Enel un poder de veto sobre decisiones tan importantes como la distribución de dividendos e inversiones estratégicas del gobierno distrital, en la medida que para este tipo de decisiones se requerirá el voto positivo de la multinacional”, explicó Sarmiento, quien recordó la muy mala experiencia que el Distrito ha tenido con Enel en Emgesa y Codensa.
Se trata de un pésimo negocio para Bogotá, que había constituido “La Rolita” para darle garantías de operación digna a los usuarios del sistema, conocer y optimizar los costos de Transmilenio, así como, para disminuir los abusos de las operadoras privadas. Pero contrario a ello, Claudia López pone la Operadora Pública en manos de grandes pulpos empresariales por menos de lo que vale un bus eléctrico.
“No descarto que estemos ante un detrimento patrimonial, con el agravante de que bajo la argucia de la capitalización pueden continuar diluyendo la participación pública hasta el 50%, un atentado contra el patrimonio público”, concluyó Sarmiento y señaló que ejercerá acciones legales y de control político para demostrar la ilegalidad de esta privatización, así como lo que en su concepto podría ser un detrimento patrimonial.
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