Ciudadanía y finanzas

“Cuanto más instruidas están las clases inferiores del pueblo, menos expuestas se hallarán a las desilusiones traídas por la ligereza y la superstición, que frecuentemente ocasionan los más terribles trastornos entre las naciones ignorantes.” Adam Smith


Las finanzas personales son quizá la herramienta más útil del individuo para sostener una condición de bien-estar con respecto a las circunstancias materiales que transita, atravesadas por variables que pueden ser alteradas por éste en mayor, menor, mínima o nula posibilidad. Tener un buen control de las finanzas permite gestionar mejor los recursos con los que realmente se cuenta, ya que posibilita conocer y hacer seguimiento detallado de los ingresos para tener una mejor administración de los egresos, y en sí, del flujo habitual de los activos disponibles, el gasto y la deuda.

Las finanzas permiten evaluar el estudio de la rentabilidad de las inversiones, por ejemplo, cuándo es conveniente o no invertir en un proyecto de acuerdo al valor que genera o cómo elegir entre varios proyectos aquel más factible; preguntarse cómo manejar adecuadamente el endeudamiento sin sucumbir a la dilapidación, manteniendo el endeudamiento bajo control y aprovechando sus beneficios óptimamente para crecer en el futuro; mantener bajo control las variaciones del valor del dinero en el tiempo, controlando la pérdida del valor de la moneda en detrimento de sus activos en escenarios como la inflación; y la determinación de los precios de los activos tangibles e intangibles valorando los bienes en función de su riesgo, flujo y tasa esperada de retorno.

Las finanzas públicas son una rama de la economía que busca analizar la obtención, gestión y administración de los recursos o fondos públicos. Las finanzas públicas serán relevantes, entre otros, para estudiar y establecer el recaudo de impuestos determinando el grado de progresividad (quien más tiene, más paga y el que menos tiene, menos paga) y neutralidad (que su costo sea razonable para que no se entorpezca la producción desincentivando la inversión), decidir sobre la inversión en proyectos públicos rentables (y sostenibles en materia económica, social y ambiental), la elección de los mecanismos de redistribución de los recursos (transferir adecuadamente el recaudo para que el gasto público constituya equidad en el acceso a bienes y servicios, solucionando eficazmente las necesidades) para que el Estado cumpla con sus fines, y para el manejo apropiado del déficit y superávit gubernamental gestionando los riesgos y oportunidades que esto implica.

De acuerdo con el sistema económico capitalista vigente, que no es ajeno a una dinámica geopolítica y económica de nivel global ni a las relaciones de carácter privado en las diversas esferas sociales del individuo, es posible convenir que la operación consciente de la población en el mismo mediante la aplicación habitual de las finanzas permite consolidar seres humanos con mayores herramientas para decidir frente a la oferta de consumo y ciudadanos con mejor criterio para elegir modelos económicos y de gobierno que determinarán la suerte colectiva delimitada por las potestades del Estado-Nación.

Entre los grandes logros de la civilización democrática se encuentra la libertad política (ciudadanía) asumida como la capacidad de autodeterminación del individuo, la posibilidad de elegir a sus gobernantes y ser elegido como uno, y la libertad económica como la capacidad de ser propietario de un bien, prestador de un servicio y/o acreedor de un derecho real, contando con la posibilidad de disponer o adquirir estos activos en el mercado dentro de unas regulaciones mínimas que garanticen el progreso y la movilidad social mitigando las fallas que surjan en virtud de la competencia; en este sentido se funda la República, amparada en la separación de poderes y el Estado de Derecho, ante el cual ningún ciudadano (incluyendo al gobernante) debe sublevarse, acatando responsablemente el mandato popular que emana de la constitución y las leyes.

Es preciso señalar que, bajo esta lógica de las libertades, en tiempos de paz los impuestos (que son parte del ingreso de una persona natural o jurídica que se entrega al Estado con carácter permanente sin contraprestación y en razón de la propiedad o del consumo) solo pueden ser creados por la ley (congreso), las ordenanzas (asamblea departamental) y los acuerdos municipales/distritales (concejo municipal/distrital); en tiempos de conmoción, el gobierno lo puede hacer de manera extraordinaria. El ejercicio de la libertad con respecto a los condicionantes de la realidad podría medirse a partir del factor que nomine la cantidad de proyecciones a las que cada estructura mental tiene acceso a través del conocimiento y la información, potenciado al número de opciones que efectivamente puede tomar, multiplicado por el nivel de pensamiento crítico que asuma la persona para aprender y aprehender las oportunidades.

En Colombia, el Régimen Económico y de Hacienda Pública del Estado se encuentra definido en el título XII de la Constitución Política; en el capítulo III de este título podemos encontrar las disposiciones generales sobre el Presupuesto. El Sistema Presupuestal está constituido por un Plan Financiero, por un Plan Operativo Anual de Inversiones y por el Presupuesto Anual de la Nación, formulados con sujeción a un marco normativo que permite la sostenibilidad fiscal de la Nación pese a los resultados electorales que puedan acontecer en el espectro de la democracia como forma legítima de Estado y de gobierno, ya que en tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro de la Nación que no se halle incluida en el presupuesto de gastos.

Hay que tener presente que, en los Estados democráticos a diferencia de los Estados dictatoriales, el Estado no puede tener dueño o dueños, tiene administradores supeditados a unas reglas de juego ya establecidas que deben respetarse y solo mejorarse mediante procedimientos institucionales y dentro de parámetros sensatos, para el caso de Colombia esto implicaría atender al Decreto 111 de 1996 que compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece y se fundamenta en los principios de la planificación (planes de desarrollo, planes anuales de inversión), la anualidad (la vigencia de los recursos inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año y no debe alterarse pese a cambios de gobierno), la universalidad (se debe presupuestar absolutamente todo lo que se pretenda disponer durante la vigencia fiscal), la unidad de caja (con el recaudo se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación), la programación integral (el programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento del Estado), la especialización (las apropiaciones deben referirse a un objeto y funciones determinadas, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas), la inembargabilidad (son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman), la coherencia macroeconómica (el presupuesto debe ser compatible con las metas del Banco de la República que opera como la banca central, ente autónomo e independiente del Gobierno, cuyas funciones generales son regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del Gobierno en coordinación con la política económica – artículo 371, 372, 373 de la constitución) y la homeóstasis (significa que el crecimiento real del presupuesto, por ejemplo para incrementar el gasto público o pagar nuevas nóminas de funcionamiento ministerial, deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico).

Las decisiones en materia fiscal de los gobiernos están supeditadas, no solo a la voluntad del pueblo mediante sus representantes políticos, comunitarios y sociales a través del ejercicio de los mecanismos de participación y veeduría ciudadana, sino a la planeación y presupuesto que se aprueba en los cuerpos colegiados, con el fin de seguir una ruta de crecimiento razonable, brindando estabilidad económica y seguridad jurídica a los contribuyentes, que terminan por ser la totalidad de la población habitante del país, de una u otra manera, pese a la comisión de delitos como la evasión y la elusión que hagan de los impuestos.

Los ingresos del Estado actualmente provienen principalmente de dos grandes fuentes: los impuestos y los créditos, los demás condicionan su desembolso a las Alianzas Público – Privadas que se ejecutan a través de proyectos para proveer bienes y servicios públicos que demande la Nación. Los mercados actúan en la gestión de lo público con base en proyectos y lo hacen bajo la premisa de la rentabilidad del proyecto, es decir, que produzca ganancia, y para que ello se logre se desarrollan etapas en las que inicialmente se define el tamaño del proyecto (costo, tiempo, alcance), la oferta, la demanda, la demanda potencial y la viabilidad económica; a partir de estos estudios se justifica la inversión. En concordancia, el Estado asume la labor de investigación e innovación para el desarrollo a través de las universidades que generarán los fundamentos técnicos de los pliegos de condiciones que deberán acatar los operadores privados que se quieran habilitar para ejecutar un proyecto.

Los ingresos públicos como rentas del Estado (en el nivel central y descentralizado territorialmente) están conformados por dos grandes componentes: los ingresos corrientes u ordinarios y los ingresos de capital o extraordinarios. Estos se diferencian porque los primeros ingresan de manera periódica o permanente, mientras que los segundos ingresan de manera esporádica u ocasional al aparato estatal. Con base en los ingresos corrientes se va a determinar la proyección de los ingresos en el marco fiscal del Estado a mediano plazo (a 10 años), al ser ciertos y permanentes, se utilizan para construir los escenarios futuros financieros; gracias a estos ingresos corrientes se puede determinar el nivel de ahorro operacional que es requisito fundamental para el endeudamiento público y finalmente se utilizarán para llevar a cabo el proceso de categorización de las entidades territoriales (que condicionarán el gasto público en razón de la operación y funcionamiento limitando los porcentajes presupuestales que pueden asignarse a inversión social). Los ingresos de capital sirven para manejar la coyuntura fiscal incrementando la capacidad del gasto público.

Los ingresos corrientes están conformados por los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios corresponden a los impuestos y se clasifican como impuestos directos que recaen sobre la propiedad (por ejemplo, impuesto a la renta, de registro, de timbre de vehículos, el predial, de rodamiento) e impuestos indirectos que se pagan por el nivel de consumo (por ejemplo, el IVA, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto de aduana, el impuesto a los licores, los tabacos, los combustibles, los juegos de azar, el impuesto de industria y comercio, de avisos y tableros, de delineación urbanística, de alumbrado público, de degüello de ganado, de electrificación rural, entre otros). Los ingresos no tributarios tienen que ver con el precio, es decir, lo que recibe el Estado por la venta de un bien o servicio (por ejemplo, lo que recibe el Estado por la venta de chance, alcohol, gasolina); también son las tarifas que pagan los usuarios por la prestación de un bien o servicio al Estado de forma directa o a un privado de forma indirecta (se cobran de acuerdo al estrato socioeconómico de la persona y dependen del nivel de consumo); están las contribuciones que se hacen de carácter obligatorio al Estado o a un particular y sí tienen contraprestación, pues implica la prestación de servicio o la construcción o mantenimiento de una obra de interés público que incremente el valor patrimonial de los bienes impactados, pueden ser, las contribuciones fiscales que se aplican a la valorización de un bien y las contribuciones parafiscales que se pagan por la prestación de un servicio. Otras rentas permanentes son la plusvalía que generan los impactos urbanísticos y las multas (por ejemplo, las de tránsito o que se aplican en virtud del código de policía).

A las rentas corrientes en el nivel territorial se suman el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, ya que estos recursos ingresan de manera periódica y se transfieren desde la Nación a costo cero mediante el financiamiento de proyectos.

Los ingresos de capital son principalmente los recursos del balance (que es el resultado del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior de la administración central y que puede ser superávit, déficit o equilibrio), los excedentes financieros que corresponden a las utilidades o ganancias que produce el sector descentralizado (por ejemplo, las ganancias de Ecopetrol, la FLA, el Banco de la República, etcétera), los rendimientos financieros que son los ingresos e intereses que recibe el Estado por la inmovilización de saldos transitorios de la contratación, las rentas provenientes de donaciones y herencias, y finalmente la renta de capital más significativa que es la deuda pública que proviene del sistema financiero o de particulares para ser cancelada en un plazo y con una tasa de interés determinados.

El Estado surge como la representación de la sociedad mediante sus instituciones que integran las ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) y funcionan a través de los servidores públicos quienes devengan un pago, y que además se les debe garantizar el sostenimiento y mantenimiento de las instalaciones y los mobiliarios requeridos para ejecutar las tareas que constituirán el cumplimiento de las obligaciones estatales. El tamaño de este aparato burocrático tiene un costo cuyo incremento será inversamente proporcional a la capacidad de endeudamiento del Estado, ya que una burocracia robusta puede resultar incompetente debido a los compromisos políticos que debilitan el mérito de la idoneidad profesional allanando un escenario propicio para la corrupción, asumiendo riesgos de ineficiencia e ineficacia en la ejecución de los recursos por falta de especialización técnica en los diferentes procesos, y la amenaza de padecer el totalitarismo por la tendencia de la economía a depender cada vez más de la intervención del Estado para que este se sostenga, generando un contexto inviable para invertir o financiar la inversión.

Si bien la ciudadanía en Colombia cuenta con una amplia gama de derechos, la efectividad de los mismos debe evaluar la forma de gestionar el gasto público salvaguardando la sostenibilidad fiscal que permita financiarlos en el tiempo y las ficciones jurídicas que las instituciones operarán para materializarlos en la realidad (por ejemplo, si los recursos de los contribuyentes destinados a hacer efectivo el derecho a la salud serán administrados por las EPS que son vigiladas y controladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Salud – Estado, operados por las IPS que reciben instrucción del Ministerio de Salud y que también están vigiladas y controladas por el Estado, contemplando un régimen de subsidiados en virtud del principio de solidaridad establecido en la ley para redistribuir las contribuciones con el objetivo de financiar este derecho a quienes no tienen para cotizarlo; o un derecho a la salud que se espere que sea prestado por las instituciones del Estado financiadas principalmente por los impuestos de los contribuyentes y administrados directamente por un órgano burocrático).

Cuando una persona logra ser consciente de sus finanzas necesariamente se encuentra con la inmersión de las mismas en las finanzas públicas, pues logra identificar las rentas que se desprenden de sus ingresos para ser transferidas al Estado. Al discriminar los gastos que cotidianamente se hacen, es posible obtener una visión mucho más amplia de la destinación que se da a los ingresos y los egresos que estos realmente están en capacidad de financiar de manera sostenible, generando insumos para una planificación presupuestal que ayude a cumplir con los costos indispensables (por ejemplo, pagar el arriendo, pagar la alimentación) y a partir de la austeridad en el gasto y/o el incremento en los ingresos, se permita considerar la ejecución de nuevos proyectos (por ejemplo, comprar carro, estudiar un posgrado, hacer un viaje) condicionados al presupuesto disponible. La consciencia de las finanzas del Estado no dista mucho del mencionado caso, es por eso que la sabiduría popular apela a las fantasías del populismo con la pregunta obviamente ya resuelta:

“¿Y de dónde va a salir la plata?”

About the author

María Camila Chala Mena

Poeta y abogada, activista. Lo personal es político, y mi palabra favorita es Utopía.

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