Los municipios de Colombia pueden ser tan autónomos fiscalmente, en proporción a su riqueza y capacidades, como sus gobernantes y ciudadanos quieran. La Constitución Política de 1991 así lo determinó, dotándolos de tributos tan importantes como el predial; industria y comercio; y otros gravámenes asociados a la planeación y al ordenamiento territorial.
En contraste, los Departamentos se quedaron con rentas vetustas, de La Colonia; o con impuestos que buscan desincentivar la demanda de algunos productos. En efecto, las rentas cedidas a nuestros niveles intermedios de gobierno podrán más fácil decrecer que vigorizarse con el tiempo. Lo anterior, toda vez que gravan bienes cuyo consumo no es socialmente deseable: tabaco, alcohol, juegos de suerte y azar, gasolina, vehículos, etc. En suma, las alcaldías recaudan el doble de lo que recogen las gobernaciones, de acuerdo con cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ($22 billones vs. $10 billones).
La mayoría de las regiones colombianas están sumidas en la más agobiante pobreza. En casi todos los casos, la razón está asociada a que los municipios no ejercen la autonomía arriba citada, y se quedan esperando respuestas del Gobierno Nacional (GN) o Departamental. Por ejemplo, en Antioquia, en más del 90% de sus municipios, no pasa cosa alguna con sus habitantes o con su territorio a menos que concurra el Gobierno Seccional.
El GN tarda mucho en llegar a los apartados territorios del país. Y las gobernaciones, que cuentan con muy pocos recursos, se quedan con una limitada capacidad de respuesta para atender las necesidades de su gente. No más en Antioquia, supuestamente el Departamento más rico del país, tenemos a 2 millones de personas aguantando hambre; 26 mil kilómetros de vías en trochas y/o destruidas; 1.700 escuelas sin servicios públicos, 3.000 sin internet; y una inseguridad agobiante.
¡Pero hay salidas! Una forma de acabar con el centralismo asfixiante que padecemos desde 1886 es cederles a los departamentos tanto el impuesto de renta como el de patrimonio, de personas naturales y jurídicas. Con esto, aunque disminuirían tanto los ingresos como las erogaciones de la Nación, ésta se obligaría a ser más austera y a enfrentar reformas estructurales en sus tributos. Por el lado de los ingresos, la caída sería de unos $100 billones -datos de Recaudo de Impuesto de Renta y Complementarios en 2022 (DIAN, Estadísticas de Recaudo Anual)-. Sin embargo, al ser los territorios autónomos fiscalmente, el Gobierno Nacional se ahorraría el gasto en transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) -$56 billones en 2022, con base en los Reportes SGP SICODIS (DNP)-, más la inversión territorial consignada en el plan de inversiones del PND. Parece difícil, pero ¡hay cómo hacerlo!
Por su parte, casi todos los departamentos ganarían, salvo los que generan poca riqueza. Para ellos, habría que establecer una compensación temporal hasta que sus recaudos les permita ser autosostenibles, en otras palabras, hasta que alcancen la mayoría de edad.
“A nuestra Antioquia le iría muy bien. De acuerdo con cálculos propios de nuestro equipo promotor de Autonomía Fiscal para las Regiones pasaría de recibir $5,3 billones por SGP a captar por los tributos de renta y patrimonio más de $13 billones; es decir cerca de la mitad de los ingresos que le generamos a la Nación. Ahí sí, sin mendigar, tendríamos cómo mejorarle la vida a los 2 millones de paisanos que viven con menos de $11.000/día; también podríamos abordar una transformación rigurosa del territorio”. Afirma, Andrés Julián Rendón, aspirante a la Gobernación de Antioquia.
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