La violencia contra la mujer en Colombia es una realidad que se ha convertido en una problemática social de gran magnitud. Es una manifestación de la desigualdad de género que ha sido naturalizada en la sociedad, y se evidencia en diferentes formas como el maltrato psicológico, físico, económico, sexual, el acoso y la discriminación.
El artículo 43 de la Constitución política en Colombia establece que “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación” (Constitución Política de Colombia , 1991). Además, la ley 1257 de 2008 busca garantizarle una vida libre de violencias y la ley 1761 de 2015, realizó la tipificación como delito del feminicidio, para garantizar la investigación y judicialización adecuada de los feminicidas.
Sin embargo, a pesar de los avances en materia legislativa y de políticas públicas, la violencia contra la mujer sigue siendo una problemática latente en Colombia. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2020 se registraron 31.741 casos de violencia sexual y 569 feminicidios. En el año 2022, 614 casos y en lo que va del 2023, 31 casos de mujeres asesinadas. Estas cifras evidencian la necesidad de una respuesta efectiva y urgente por parte de las instituciones y la sociedad en general.
Las causas de la violencia contra la mujer son múltiples y complejas. Entre ellas se encuentra la desigualdad de género, la falta de educación en derechos humanos y equidad de género, la cultura patriarcal y machista, la pobreza y la exclusión social. Estas causas se manifiestan de diferentes formas en la sociedad colombiana, y se ven reflejadas en la discriminación laboral, la violencia sexual, el acoso callejero, la violencia intrafamiliar y el feminicidio.
De alguna manera, consciente o inconscientemente, todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia machista. Contar parte de mi historia, implica someterse al escarnio público que en la mayoría de las ocasiones es cruel, pero por encima de los juicios sociales, está la necesidad de visibilizar una historia de las muchas que suceden en Colombia y en Latinoamerica, esperando no ser parte además, de una cifra que evidencia la inoperancia del Estado para garantizar una vida digna libre de violencias.
Desde el pasado 22 de marzo, he vivido en zozobra, ya que luego de una lucha de años con denuncias ante fiscalía y comisaría de familia, un juicio y la intranquilidad que todo esto implica, por decisión de un juez, mi ex pareja y agresor fue absuelto por el delito de violencia intrafamiliar.
A pesar de haber presentado dictamen de medicina legal, videos, fotos, mensajes de texto, testigos y declaraciones que evidencian la violencia sistemática que he padecido por años, este juez con un criterio bastante ortodoxo y con el ausente enfoque de género, decidió absolverlo, reconociendo en medio del fallo que él es violento pero que prefiere “absolver a un culpable que culpar a un inocente”, poniendo así en peligro latente mi vida. Situaciones como estas, donde las mujeres que denunciamos somos revictimizadas, estimulan a que haya más injusticia y fortalece el sistema patriarcal en donde el mensaje social es claro: los hombres pueden violentar tanto física como psicológicamente a las mujeres y aun así quedar impunes.
Hoy alzo mi voz, esperando justicia en nombre de las que ya no están, pero también alzo mi voz por todas aquellas que hoy padecen violencia machista y que no se atreven a denunciar. Alzo mi voz porque temo por mi integridad, alzo mi voz porque mi hija y yo merecemos dignidad.
Respiro y pienso… Para enfrentar la violencia contra la mujer en Colombia es necesario implementar políticas públicas y medidas legislativas que garanticen la protección y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Es fundamental la promoción de la educación en valores de equidad y respeto hacia las mujeres, y urge la capacitación a los profesionales de la salud, la justicia y las fuerzas de seguridad en la atención y prevención de la violencia contra la mujer.
Además, es importante fomentar la participación activa de la sociedad civil en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Las organizaciones de mujeres y feministas han sido fundamentales en la visibilización de la problemática y en la exigencia de políticas públicas que atiendan las necesidades de las víctimas. La denuncia de la violencia contra la mujer también es un paso importante para prevenir y erradicar este problema social. Es una lucha que debe continuar hasta que no haya Ni Una Más.
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