En Colombia, el desarrollo urbano debería ser sinónimo de planeación, transparencia y respeto por los principios que rigen la contratación estatal. La Ley 80 de 1993 no fue creada como un obstáculo para la gestión pública, sino como una garantía para los ciudadanos: publicidad, libre concurrencia, selección objetiva y control social sobre los recursos públicos.
Sin embargo, en los últimos años se ha consolidado un modelo que merece una profunda revisión: la proliferación de las Empresas de Desarrollo Urbano (EDU) y figuras similares, que, bajo el argumento de la eficiencia y la agilidad administrativa, han terminado convirtiéndose en vehículos para eludir el espíritu —y en muchos casos la aplicación real— de la contratación estatal.
El caso reciente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes (EDUAN) resulta ilustrativo y preocupante. Ante una solicitud ciudadana legítima para conocer su gestión y contratación, la respuesta institucional fue evasiva: se trasladó la carga de la información al ciudadano, se remitió a terceros y se señaló genéricamente al SECOP, como si la obligación de rendir cuentas no recayera directamente sobre quien administra recursos públicos.
Este tipo de respuestas no solo debilitan el derecho fundamental de petición, sino que revelan una cultura administrativa que concibe la transparencia como una molestia y no como un deber.
Pero Andes no es un hecho aislado.
La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), considerada durante años el modelo a replicar, ha sido también objeto de cuestionamientos públicos, debates jurídicos y observaciones de los entes de control sobre sus procesos contractuales, la tercerización de funciones y el uso extensivo de regímenes exceptuados de la Ley 80. Lo que comenzó como una herramienta de gestión urbana terminó sentando un precedente que hoy se reproduce, casi mecánicamente, en decenas de municipios del país.
El resultado es alarmante: en la actualidad existen más de 50 empresas de desarrollo urbano y figuras afines que han sido objeto de indagaciones, auditorías o investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, según actuaciones y reportes de control conocidos públicamente.
No todas han sido sancionadas, pero el volumen de investigaciones revela un patrón, no simples errores administrativos.
El problema de fondo no es solo jurídico, sino democrático.
Cuando la contratación pública se desplaza de la administración central a entidades con regímenes especiales, se reduce la licitación pública, se fragmenta el control y se debilita la veeduría ciudadana. Lo que la ley concibió como excepción, se volvió regla. Y lo que debía ser una herramienta, se transformó en un atajo.
Aquí es donde debemos decirlo con claridad: lo legal no siempre es transparente, y lo transparente no admite atajos.
Un contrato que no se licita públicamente puede ser legal, sí, pero no necesariamente legítimo, ni mucho menos sano para la confianza ciudadana. La contratación estatal no es solo un procedimiento administrativo: es un acto de responsabilidad frente a la sociedad.
Colombia necesita desarrollo urbano, infraestructura y planeación. Pero no a cualquier precio.
No a costa de diluir la Ley 80.
No a costa de debilitar los controles.
No a costa de normalizar la opacidad.
Es urgente abrir un debate nacional serio sobre el papel real de las Empresas de Desarrollo Urbano, sus límites, su control efectivo y su impacto sobre la contratación pública. Defender la transparencia no es oponerse al desarrollo; es garantizar que el desarrollo no se convierta en otro capítulo de desconfianza institucional.
Porque al final, lo que está en juego no es una empresa, ni un contrato, ni un gerente.
Lo que está en juego es el respeto por lo público y la confianza de los ciudadanos en el Estado.
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