“Cuando el capital coloniza la catástrofe, el sufrimiento ajeno se cotiza en metros cuadrados”.
Escribir sobre rentabilidad, especulación y ordenamiento territorial mientras el polvo de los escombros aún no termina de asentarse puede parecer, a simple vista, un ejercicio de frialdad deshumanizada. En momentos de duelo colectivo, la urgencia natural es el rescate, el alivio humanitario y el abrazo solidario a quienes lo perdieron todo. Sin embargo, callar sobre el futuro del suelo en medio de la emergencia es conceder una ventaja irreparable a quienes nunca detienen sus cálculos financieros. La disputa por el territorio comienza exactamente el día después de la tragedia, y en Colombia no podemos permitirnos la ingenuidad.
Las afectaciones que hoy fracturan el tejido urbano y comunitario en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y amplias zonas del Chocó abren una encrucijada histórica. La devastación física de manzanas enteras, edificios colapsados y barrios populares resquebrajados no solo representa pérdidas humanas y materiales irremplazables; en la lógica del mercado desregulado, representa una violenta “hoja en blanco”. El riesgo inminente es que la tragedia sea instrumentalizada como una plataforma de revalorización e inversión de capital, transformando la reconstrucción en un sofisticado mecanismo de despojo, expulsión y gentrificación por desastre.
La historia global reciente ofrece advertencias contundentes. Tras el huracán Katrina en 2005, Nueva Orleans vio demoler miles de viviendas públicas estructuralmente recuperables para dar paso a desarrollos inmobiliarios de alta gama, impidiendo para siempre el retorno de miles de familias afroamericanas y trabajadoras. En la Ciudad de México, tras los sismos de 1985 y 2017, los vacíos normativos y los incentivos a la redensificación privada expulsaron a los arrendatarios históricos hacia periferias precarias. Más recientemente, hemos visto cómo tras el genocidio y la aniquilación sistemática de territorios enteros como la Franja de Gaza, los grandes intereses transnacionales —avalados por lógicas geopolíticas de potencias globales— proyectan de inmediato puertos de lujo y desarrollos comerciales sobre la tierra arrasada. Cuando el capital coloniza la catástrofe, el sufrimiento ajeno se cotiza en metros cuadrados.
En el contexto nacional, esta amenaza adquiere un matiz especialmente alarmante. Una orientación política abierta a la penetración de capitales financieros extranjeros y alineada sin reparos con intereses hegemónicos globales puede convertir la reconstrucción en una feria de concesiones y privatización del suelo urbano. Quienes alquilaban, quienes dependían del comercio de proximidad o quienes sostenían redes de cuidado comunitario en sectores estratégicos corren el riesgo de condenados al destierro periférico mediante subsidios de arrendamiento efímeros y soluciones habitacionales segregadas.
Frente a esta amenaza, la respuesta no puede ser técnica ni tecnocrática: es profundamente política. Reivindicar el derecho a la ciudad —entendido no como la mera entrega de cuatro paredes, sino como el derecho colectivo de los habitantes a permanecer, decidir, transformar y disfrutar de su entorno histórico— debe ser el principio rector innegociable de cualquier plan de recuperación.
La reconstrucción no puede medirse en indicadores de rentabilidad inmobiliaria ni en metros cuadrados de nuevas torres exclusivas. Debe garantizar la seguridad jurídica de la tenencia para propietarios y arrendatarios por igual, priorizar el reasentamiento in situ, proteger el patrimonio barrial y salvaguardar los vínculos comunitarios que sostienen la vida. La academia, las organizaciones sociales, los gremios de la construcción popular y la ciudadanía organizada deben irrumpir con fuerza en el debate público: rehabilitar las ciudades afectadas por el terremoto debe ser un acto de justicia y memoria territorial, jamás la coartada perfecta para el despojo.
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