Hay pocas imágenes que resuman mejor el fracaso del gobierno saliente que la de un campesino recibiendo una tierra que cree suya, pero que jurídicamente todavía no lo es. La reforma agraria fue presentada durante cuatro años como una de las grandes transformaciones históricas de Gustavo Petro: la promesa de democratizar la propiedad, reparar una deuda secular con el campo y demostrar que la izquierda podía hacer aquello que, según su propio relato, ningún gobierno anterior se había atrevido a ejecutar. Pero los hallazgos provenientes de El libro de la verdad entregado a las autoridades, dibujan un panorama muy distinto: hectáreas anunciadas como entregadas sin que estuvieran plenamente registradas, adquisiciones multimillonarias con problemas de titulación y una distancia monumental entre la propaganda y los resultados efectivos.
La cifra más demoledora es también la que mejor desnuda el método. Según el informe citado, el Gobierno contabilizó 351.463 hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras, pero apenas 98.148 tendrían registro pleno ante Instrumentos Públicos, equivalentes al 7 % de la meta planteada. Otras 206.273 hectáreas habrían sido entregadas provisionalmente. Si estos datos resisten el escrutinio de los organismos de control, no estaríamos simplemente ante una política pública que avanzó más lentamente de lo esperado. Estaríamos ante algo mucho más grave: la sustitución del resultado por el relato. Porque una reforma agraria no consiste en sumar hectáreas durante una alocución presidencial; consiste en producir seguridad jurídica, propiedad efectiva y condiciones para que esa propiedad genere riqueza.
Aquí aparece una de las contradicciones fundamentales del proyecto petrista. Un gobierno que convirtió la palabra “derechos” en pieza central de su vocabulario parece haber olvidado que el derecho de propiedad también necesita instituciones, registros y seguridad jurídica. El nuevo gobierno debería entender esta controversia precisamente desde allí: el desarrollo rural no nace de repartir certificados, alimentar estadísticas o enfrentar ideológicamente al campesino con el empresario. Nace de propietarios con títulos claros, crédito, infraestructura, tecnología, vías, seguridad y acceso a mercados. Sin esos elementos, la tierra deja de ser un activo productivo y corre el riesgo de convertirse en otro instrumento de dependencia frente al Estado. La verdadera política social no consiste en hacer al ciudadano agradecido con el gobernante, sino independiente de él.
Más inquietante todavía resulta el episodio de los recursos públicos. El informe cuestiona un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales por el cual se habría desembolsado cerca de un billón de pesos a cambio de 537 predios, de los cuales solo tres estarían debidamente titularizados. El propio reporte indica que estos hechos motivaron una denuncia penal, una acción fiscal y una queja disciplinaria para que las autoridades determinen eventuales responsabilidades. Conviene esperar esas investigaciones antes de convertir sospechas en condenas, pero la pregunta ya resulta inevitable: ¿cómo pudo una administración que prometió transformar el campo comprometer semejantes recursos sin garantizar primero que la tierra pudiera terminar jurídicamente en manos de quienes supuestamente serían sus beneficiarios?
El petrismo llegó al poder prometiendo un cambio histórico y termina dejando demasiadas preguntas sobre la distancia entre sus anuncios y su capacidad para convertirlos en realidad. Ese quizá sea su legado más preocupante: haber demostrado que el voluntarismo ideológico no sustituye la administración competente, que la retórica redistributiva no reemplaza la seguridad jurídica y que un Estado que promete mucho pero ejecuta mal termina perjudicando precisamente a quienes dice defender. Colombia necesitará algo más que un nuevo gobierno para reparar esa frustración. Necesitará recuperar una idea elemental que se olvidó en estos años: gobernar no es narrar una transformación, sino producirla. Y cuando el relato se derrumba frente a los registros, las escrituras y las cuentas públicas, lo que queda no es una revolución inconclusa, sino un país obligado a pagar la factura de otra promesa grandiosa que el Estado no supo cumplir.
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