“La prueba de una política de seguridad no es cuánto territorio recupera el Estado, sino cuánto tiempo consigue gobernarlo después de recuperarlo.”
De la Espriella eligió no empezar su gobierno en la Plaza de Bolívar. Se posesionó en Cali, una investidura presidencial celebrada fuera de Bogotá, y pronunció sus primeras palabras como jefe de Estado desde el Cantón Militar Pichincha, rodeado por la Fuerza Pública. La elección del lugar no es un detalle de protocolo: un presidente decide dónde situar, simbólicamente, la autoridad del Estado que va a encabezar. Y este la situó en un batallón, en la capital de un departamento —el Valle— donde había perdido por más de veinte puntos, a las puertas de un suroccidente que votó en su mayoría por su rival, Iván Cepeda. No hay en esa escena una intención que no pueda probar. Leo una pregunta que el propio escenario deja planteada: ¿desde dónde, y en nombre de quién, se define el orden que este gobierno promete recuperar?
Conviene empezar por los hechos, porque el mapa es más elocuente que el discurso. Según el escrutinio oficial, De la Espriella ganó con el 49,7 % de los votos válidos frente al 48,7 % de Iván Cepeda: una diferencia de unos 250.000 sufragios, menos de un punto, en una elección de participación récord, la cual equivale al 63,6 % del censo, la abstención más baja desde 1998. No lo eligió un país apático: lo eligió un país que se movilizó como pocas veces para repartirse en dos mitades casi idénticas. Y esas mitades tienen geografía. De la Espriella construyó su mayoría en el interior andino: Antioquia, donde ganó cerca de dos a uno; los Santanderes; el Eje Cafetero; los Llanos; Cundinamarca; y el voto en el exterior. Se impuso en 758 municipios, más de seis de cada diez del país, casi todos pequeños y del centro. Cepeda ganó en el Pacífico, parte del Caribe, la Amazonía y Bogotá; en el Cauca, tres a uno.
Aquí hace falta cuidado analítico, porque es fácil resbalar. Que una región haya votado por Cepeda no significa que rechace la seguridad ni que no exija presencia del Estado. El comportamiento electoral no es la demanda social. Un territorio puede padecer la violencia, reclamar protección, desconfiar de la Fuerza Pública y rechazar en las urnas al candidato del orden, todo a la vez y sin contradicción. Sostener que “la periferia no pidió orden” sería confundir el voto con la preferencia. Lo que el mapa muestra es algo más preciso y más incómodo: los territorios donde ese orden tendría que reconstruirse no fueron los que le entregaron a este gobierno el poder político de definir qué significa.
Qué es el orden, y quién lo define
Porque “orden” no es una palabra transparente. Para un comerciante de Barranquilla, una de las ciudades más golpeadas por la extorsión, el orden es poder subir la cortina sin pagar vacuna. Para un habitante del Cauca o del Catatumbo, donde el Estado suele aparecer con uniforme y desaparecer sin institución, el orden puede ser lo contrario de más operativos: un juez que funcione, una titulación de tierras, una carretera, la certeza de que la fuerza que llega se somete a la ley.
Los datos oficiales insinúan esa asimetría. En 2025, según los reportes del Ministerio de Defensa, mientras el hurto, el delito que más toca al votante urbano del interior, caía de forma sostenida, lo que se disparó fue la violencia del control territorial en la periferia: el secuestro creció más del 110 % frente al año anterior, el mayor salto desde 2007, según la Fundación Ideas para la Paz; las masacres no cedieron; y en el Catatumbo el ELN asesinó a alrededor de un centenar de personas y desplazó a unas cincuenta mil en una ofensiva a comienzos de 2025.
No afirmo que más violencia produzca más votos por De la Espriella; los datos no permiten esa causalidad, y en varias de las regiones más golpeadas ocurrió lo contrario. La lectura es que la demanda de orden fue más intensa allí donde la violencia se percibe, más que donde se padece, en su forma más extrema. El país relativamente más integrado, que consume la inseguridad sobre todo como relato nacional y como miedo, votó con más fuerza por el orden que el país que la vive como rutina territorial. Si esa hipótesis es correcta, el mandato del nuevo gobierno arrastra un problema de origen que ningún resultado electoral resuelve: quien recibió el encargo de recuperar el orden no es, necesariamente, quien mejor sabe qué orden necesitan los territorios donde habrá que recuperarlo.
Recuperar un territorio no es gobernarlo
Ahí está, el verdadero nudo del cuatrienio, muy por encima del pulso con el Congreso o del ruido de la oposición. Recuperar un territorio y gobernarlo no son la misma operación. Recuperarlo es una tarea de seguridad: Fuerza Pública, inteligencia, control de corredores, captura, desarticulación de estructuras. Gobernarlo es un proyecto político: jueces, fiscales, registro, catastro, escuela, salud, vías, economía legal, ciudadanía. Lo primero puede hacerse en meses y se deja fotografiar; lo segundo toma años y no cabe en una imagen. La prueba de una política de seguridad no es cuánto territorio recupera el Estado, sino cuánto tiempo consigue gobernarlo después de recuperarlo. Colombia conoce de sobra la diferencia: ha recuperado los mismos territorios muchas veces, porque los tomó con el fusil y no los gobernó con instituciones.
En este contexto, la justicia es el cuello de botella que ningún discurso puramente coercitivo menciona. El presidente prometió megacárceles y una lista de grupos narcoterroristas. Pero la seguridad no termina en la captura: sigue en la investigación, la judicialización, la condena, una prisión que no sea universidad del crimen, la extinción de dominio, la reparación. Un Estado que captura más rápido de lo que puede investigar y condenar no produce orden: produce rotación. Y la coca, que en 2024 alcanzó su récord histórico de 261.000 hectáreas, según el sistema de monitoreo de Naciones Unidas, concentrada justamente en Nariño, Cauca, Putumayo y el Catatumbo, no se derrota con firmeza donde el Estado no ofrece más economía ni más autoridad que la del operativo. La erradicación forzada sin sustitución revive el cultivo: una lección vieja que cada gobierno vuelve a aprender caro.
De ahí una distinción que debería incomodar a los dos extremos del debate. Presencia estatal no es lo mismo que legitimidad estatal. Un Estado puede estar físicamente presente y políticamente ausente; puede llegar a un territorio y ser vivido no como quien viene a gobernar con la gente, sino como quien viene a gobernar sobre ella. Esa diferencia, entre el Estado que incluye y el Estado que ocupa, decide si la seguridad se sostiene o se evapora en cuanto la tropa se mueve al frente siguiente. Y es, no por azar, la que mejor conocen las comunidades étnicas y campesinas, que han visto pasar por sus veredas todas las siglas, armadas y estatales, sin que ninguna se quedara a construir algo distinto del control.
Por qué es más fácil financiar la fuerza
Existe, además, una razón estructural para que este gobierno haga más de lo fácil que de lo necesario, y no tiene que ver con su voluntad sino con su caja. El Estado que hereda cerró 2025 con un déficit del 6,4 % del PIB el segundo del siglo sin contar la pandemia, una deuda cercana al 64 %, un presupuesto rígido en cerca del 90 % y la cláusula de escape de la regla fiscal ya activada. Sobre ese piso, De la Espriella prometió a la vez más seguridad, congelar el gasto, eliminar el impuesto al patrimonio y no tocar los programas sociales. No hace falta ser contador para ver que algo tendrá que ceder.
Conviene ser preciso: el presupuesto no alcanza, literalmente, solo para lo militar; no hay una partida contable que lo diga. Lo que sostengo es una interpretación de economía política. La coerción estatal es más barata, más rápida y más visible que la construcción institucional: un operativo, una captura y una cárcel producen resultados en el corto plazo y en la pantalla; un juzgado rural, un catastro y una vía terciaria producen resultados en una década y sin cámaras. Cuando la estructura fiscal es estrecha y el incentivo político premia lo inmediato, un gobierno tiende a financiar lo que se ve. Los mil millones de dólares que Washington anunció para seguridad el día mismo de la posesión ilustran el punto: son un respaldo real, pero, como suele ocurrir con esta clase de cooperación, se orientan sobre todo a capacidades de seguridad, tropa, operaciones, interdicción; y mucho menos a la lenta construcción del Estado civil. El riesgo no es que el presidente prefiera la fuerza a la institución; es que la estructura de incentivos lo empuje a ello aunque no lo prefiera.
El desorden no se detiene en la frontera
Ese problema tampoco se detiene en el límite del país, porque las amenazas que definen el desorden colombiano son transnacionales. El Catatumbo, el Pacífico y el suroccidente son bisagras binacionales: el ELN respira a ambos lados de una frontera de 2.200 kilómetros donde operan, según cálculos oficiales, más de 250 estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Y el vecindario cambió de forma radical: con Nicolás Maduro capturado y trasladado a Estados Unidos en enero, y un gobierno interino en Caracas en medio de una transición disputada, la ecuación fronteriza que Colombia enfrenta hoy no es la de hace un año. Una política de seguridad que se piense solo hacia adentro fracasará hacia afuera.
En su discurso, De la Espriella prometió consolidar “alianzas estratégicas” con las naciones afines en democracia y libertad. En los hechos, su gobierno anunció un alineamiento marcado con Estados Unidos e Israel, la suspensión de la apertura de la embajada en Palestina y la adhesión a un bloque hemisférico afín a Washington. Aquí hay una oportunidad y un riesgo que conviene no confundir. La oportunidad es real: cooperación, inversión y respaldo político que Colombia necesita para una frontera que no puede cerrar sola.
Por otra parte, el riesgo es convertir una prioridad en una exclusividad, y una alianza en una pertenencia ideológica. Como advierten analistas de política exterior, la prioridad no es la exclusividad: subordinar la agenda nacional a la de un socio, por afín que sea, estrecha el margen de maniobra el día en que los intereses no coincidan, y con Venezuela, con la Amazonía o con el comercio no siempre coincidirán. El principio sensato no es ideológico ni antiideológico: es interés nacional, pragmatismo estratégico y coherencia democrática. Alinear la política exterior con una identidad, y no con un cálculo, repetiría invertido el error que se le reprochó al gobierno anterior.
Legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio
De la Espriella tiene una legitimidad de origen que nadie serio puede discutir: el mismo Consejo Nacional Electoral que lo proclamó es el que sus contradictores están obligados a reconocer y al que, mañana, incluso una derecha derrotada tendrá que acudir. Negar esa legitimidad, como han insinuado algunos sectores de la oposición, además de falso, es hacerle un favor al adversario, porque convierte la crítica en berrinche y la vigilancia en resentimiento. Pero la legitimidad de origen no se hereda automáticamente al ejercicio del poder: esa se construye, precisamente, allí donde no estuvieron los votos, en los territorios y sectores que no hicieron parte de la coalición ganadora. Un presidente puede gobernar con la mitad que lo eligió; no puede pacificar un país sin la mitad que no lo hizo.
Conviene decir aquí algo que incomoda por igual al maximalismo securitario y a quien hace de la Fuerza Pública un enemigo. El monopolio legítimo de la fuerza no es lo contrario de los derechos: es una de sus condiciones, siempre que esté sometido a la ley, al control civil y a la rendición de cuentas. La ausencia de Estado también vulnera derechos, lo saben las comunidades a las que gobierna el grupo armado, no la Constitución. Más Estado puede significar más protección; pero solo si es un Estado civil, legal, territorial y controlado, no si es apenas un Estado uniformado.
Así las cosas, la independencia judicial, el control civil de las Fuerzas Militares, la institucionalidad de reparación y de justicia transicional, la cooperación internacional, no son concesiones ideológicas que un gobierno de derecha deba tolerar a regañadientes: son, para su propio objetivo de orden, la infraestructura sin la cual la seguridad no dura. El presidente hizo bien en jurar que no abrirá paso a una constituyente y que respetará la independencia de las ramas; le conviene, más que a nadie, cumplirlo, porque son esas instituciones las que convierten una recuperación militar en un orden gobernable.
Existe, eso sí, un riesgo que no deberíamos dar por hecho, pero tampoco pasar por alto: cuando la Fuerza Pública termina siendo la cara más visible del Estado porque las instituciones civiles no tienen la fuerza ni los recursos suficientes para estar presentes, puede ocurrir que lo que comenzó como una respuesta excepcional termine convirtiéndose en la forma habitual de gobernar. No digo que ese sea el propósito del gobierno; digo que un Estado que no logra fortalecer sus instituciones civiles puede terminar avanzando por ese camino casi sin darse cuenta.
Por eso vale la pena volver al comienzo, al cuartel de Cali desde donde el presidente decidió hablarle al país. Ese cuartel queda a las puertas del suroccidente que no lo eligió, del Cauca que lo rechazó tres a uno. Ahí está resumido su verdadero desafío. Recuperar un territorio es una operación; gobernarlo es lograr que quienes viven en él dejen de sentir al Estado como un extraño. La pregunta de fondo de este gobierno no es si será autoritario. Esa puerta el propio presidente dijo que la deja cerrada, y habrá que exigírselo. La pregunta es más difícil: si sabrá convertir la fuerza con la que se recupera un territorio en la autoridad legítima con la que, después, hay que gobernarlo. De esa conversión, y no del ruido con que se anunció, dependerá que en 2030 el Cauca no esté apenas más vigilado, sino de verdad gobernado. Y que, por fin, el orden que llegue a esos territorios deje de sentirse como un orden ajeno.
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