El ser humano no es un recurso, las comunidades no son bases de datos, el bienestar no es una curva ascendente en un tablero de control.
Hace unos días leí filosofía y políticas públicas: una introducción (texto introductorio Wolff, J. (2011). Ethics and Public Policy: A Philosophical Inquiry. New York: Routledge Press. ISBN: 978-0415668538), de Jonathan Wolf. De entrada, tuve un interés por el título, la identificación que puede tener al respecto una persona graduada de filosofía y que trabaja, no necesariamente ejerciéndola, gestionando políticas públicas.
Lo que más me llamó la atención del artículo fue lo llamativo que puede resultar que alguien abocado a problematizar teorías y modelos, generalmente sin el interés de llegar a un consenso, se dedique a abordar las políticas públicas, las cuales son en principio un intento de lograr acuerdos de solución a problemas o necesidades específicas.
Por esto, me surgieron dos dudas que pueden ser complementarias a la introducción del libro de Wolf, primero, la diferenciación entre filosofía política (la legitimidad) y ciencia política (el fenómeno), así como por qué creo (para bien o para mal) que la manera en la que se hacen las políticas públicas se debe más a la segunda que a la primera; y segundo, el lugar de la pregunta por la técnica.
Inicio por la última cuestión, para lo cual me valgo de La pregunta por la técnica de Heidegger (1954), en la que analiza la esencia de la técnica moderna no como un simple instrumento humano, sino como un modo de desocultamiento de lo real. Pensar el mundo como algo en lo que todo aparece como disponible, calculable, almacenable y consumible entraña un gran peligro; la naturaleza deja de ser río, bosque, montaña o paisaje para convertirse en energía, materia prima, recurso hídrico o potencial productivo (Heidegger, 1977, p. 15) (Heidegger, M. (1977). The question concerning technology. En The question concerning technology and other essays. Garland Publishing).
El culmen de esto es cuando dicha lógica alcanza al ser humano, dejamos de ser fines en sí mismos y empezamos a ser tratados como funciones, variables, capital humano, beneficiarios, usuarios, consumidores, población objeto o datos administrativos. Esta lógica moderna genera un emplazamiento o enframing, para lo cual los entes aparecemos como standing-reserve, es decir, reservas disponibles que deben ser ordenadas, explotadas y optimizadas.
Aquí es donde las políticas públicas aparecen, pues en principio se orientan al bienestar, esto es, combatir la pobreza, mejorar la educación, ampliar el acceso a la salud, reducir la inseguridad, proteger el medio ambiente o garantizar los derechos humanos. Pero en la práctica, terminan absorbidas por una racionalidad instrumental, esto es, indicadores, metas, cobertura, focalización, eficiencia, costo-beneficio, priorización presupuestal, medición de impacto y optimización de recursos. Sin restar importancia a eso, el problema es cuando los medios dejan de subordinarse a la pregunta por el sentido de una buena vida, y se convierten en el horizonte único de la acción pública.
Surge la otra cuestión, la diferencia entre filosofía política y la ciencia política, así como la raíz por la que solo una de ellas es más fructífera para el estado, las instituciones, los comportamientos políticos, los sistemas electorales, las decisiones públicas y las relaciones de poder. Las políticas públicas se encuentran en un punto intermedio entre dos campos, el deber ser de las cosas y lo que sucede en la práctica, pero suelen inclinarse más a una que a otra, y el riesgo de eso es que su fundamento ético y filosófico se convierte en un objeto de gestión, fragmentario por demás, y no hay que ir muy lejos para ver las consecuencias.
Foucault fue otro filósofo que avanzó significativamente en este análisis, en su curso Seguridad, Territorio, Población (1978), explora cómo el poder estatal se desplaza del control del territorio hacia la regulación de la población, introduciendo el término preferido de la tecnocracia actual: la gubernamentalidad, o la gobernanza y la gobernabilidad.
La política se ha tecnificado al punto de olvidar que su finalidad no es simplemente administrar lo existente, sino abrir las posibilidades de una existencia más digna. En otras palabras, la pérdida del interés por el deber ser de las cosas construye un mundo en el que lo que cuenta como bienestar se ha reemplazado por la productividad. Una vida buena no puede medirse únicamente por la capacidad de consumir, también depende de la calidad de los vínculos, la relación con el territorio, la libertad real para desarrollar capacidades y el acceso a la justicia.
Tal vez sea pertinente hablar de políticas públicas filosóficamente conscientes, que los marcos conceptuales y teóricos respondan a la medida en que las intervenciones sostienen la dignidad humana. Los desafíos de las políticas públicas no se centran en dejar de usar sus instrumentos economicistas, sino de recordar que ningún indicador agota el significado de la vida; no se trata de rechazar la planeación, sino de impedir que esto convierta la existencia en un inventario.
El ser humano no es un recurso, las comunidades no son bases de datos, el bienestar no es una curva ascendente en un tablero de control. En el imperio de la eficiencia, hace falta recuperar las discusiones complejas, lo inalcanzable o tal vez lo incomprensible que puede resultar la filosofía en la práctica.
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