Con nombres protegidos, imágenes de chats que se suponen auténticos y fotos de recibos, la revista Semana denunció a Juliana Guerrero, protegida del presidente Petro, y su hermana Verónica, por un cuidadoso entramado para recibir pagos de sobornos de los que se notan avezados contratistas corruptores. Por su costo y su ineficacia en el país de El Guavio, la contratación del Metro de Medellín, Invercolsa, Porce II, el elefante en la sala, Commsa y tantos otros descalabros, pudiera ser un escándalo más. Por los implicados y sus desparpajadas actuaciones y respuestas, es aterrador.
Después de que le permitieran conservar capacidad de merodear por los entresijos del gobierno con una personería ajena a ministros y asesores, apabullar a personeras históricas de la izquierda y burlar la justicia, no era dable esperar que Juliana Guerrero renunciara a los vicios y mañanas con que trepó hasta las cumbres del poder, que no del prestigio. Quienes podían detenerla, sonreían, o hasta reían a carcajadas, con sus despropósitos.
Pero ella será un nombre, otro, oscuro, de las anécdotas cortesanas. Otros permanecen y se enseñorean con las mieles del poder ayer, ahora y tal vez siempre. Gustavo Petro consiguió opacar al otrora visible y poderoso Iván Cepeda.
Los alcances de las jóvenes Guerrero para buscar contratistas y ofrecerles acceso a decisiones multimillonarias no les pertenecen a ellas, son de Gustavo Petro y Armando Benedetti que las encontraron, las “educaron” en trapisondas y las protegieron, sobre todo a Juliana, cuando valientes como la hoy senadora Jennifer Pedraza demostraron la falsedad de su supuesto título profesional de contadora. La trampa de comprar un cartón sólo es superada por la de reír ante la infamia, como lo hace el presidente.
A hoy, no existen abiertas investigaciones por la tolerancia, y hasta aplauso, con el timo de la Universidad que calló cuando se conoció el fraude o los protectores de la beneficiaria del guiño presidencial.
Con este escándalo, el presidente Petro acudió a sus mañas de siempre para tratar de fabricar una víctima de quien es partícipe del delito de soborno. Desafortunado en su intervención, como tantas veces, va a acabar protegiendo a quienes tendrían que ser investigados y sancionados con el mismo rigor que debe caer sobre las alegres comadres de Valledupar.
“¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga, o el que paga por pecar?” es el verso estremecedor con que Sor Juana Inés de la Cruz se refirió a la compraventa de sexo. Para quienes hemos tenido que lidiar, en tanto periodistas, abogados o ciudadanos, con hechos de corrupción es casi el mantra que nos obliga a reconocer que en cada pago de sobornos hay un receptor, sí, y un pagador.
Muchas veces el segundo es más culpable que el tramitador de favores. ¿O todavía alguien piensa que un contratista paga para ser beneficiado porque está dispuesto a cumplir sus obligaciones de eficiencia y eficacia en los proyectos adjudicados?, ¿que un contratista soborna para tener ganancias justas por su trabajo?
¿Qué querían las fuentes que Revista Semana protegió? ¿Se justificaba cuidar las identidades de unos delincuentes que no parecen novatos en las mañas de estafar al Estado?
¿Quieren esos contratistas, que no empresarios, ser beneficiados con otro de los miles de contratos que se dejan a medio cumplir, cuando los inician?
¿Pretendían ejecutar proyectos para comunidades vulnerables usando materiales de mala calidad para que luego los acueductos no pudieran transportar agua, las plantas de purificación no recibieran el cloro o las viviendas se cayeran?
¿Planeaban, casos hay por miles, presentar jugosas reclamaciones para sacar sus ganancias mediante artimañas concertadas con tribunales de arbitramento, abogados deleznables y funcionarios complacientes?
Es interesante que la Fiscalía decida investigar, ojalá con rigor y suficiencia, a las hermanas Guerrero. Pero no lo es tanto si ellas terminan siendo las únicas castigadas por unos delitos que demuestran la laxitud de muchos funcionarios, la voracidad de muchos contratistas y, perdón maestra Arendt, la banalidad del mal en que acabamos sumergidos.
¿Y la Procuraduría o la Comisión de Absoluciones? Poco qué decir.
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