“Los medios públicos no pertenecen al gobierno de turno, sino al Estado y, en última instancia, a la ciudadanía.”
Me parece un buen principio explicar que un medio de comunicación público es un medio financiado con recursos del Estado cuya finalidad principal no es generar ganancias económicas ni promover los intereses del gobierno de turno, sino garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, veraz y de interés general. Cabe aclarar que tiene como función ofrecer contenidos informativos, educativos, culturales y de servicio público con independencia editorial, de manera que represente la diversidad de la sociedad y contribuya al fortalecimiento de la democracia, más que a la promoción de una agenda política determinada.
Los medios públicos no pertenecen al gobierno de turno, sino al Estado y, en última instancia, a la ciudadanía. Aunque su administración corresponde al gobierno elegido democráticamente, su misión no consiste en promover la agenda política del Ejecutivo, sino en garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir información plural, independiente y de interés público. Por ello, el gobierno actúa como administrador de un bien público, no como su propietario.
Para contextualizar un poco, los medios públicos no nacieron para defender gobiernos, sino para servir a los ciudadanos. Esa diferencia, que parece elemental en cualquier democracia consolidada, en Colombia ha terminado desdibujándose con cada cambio de administración. El color político cambia, los discursos se renuevan y las prioridades editoriales se transforman, pero la lógica permanece intacta: quien llega al poder encuentra en el sistema público de comunicación una herramienta demasiado valiosa para dejarla escapar. El resultado es un medio que, en lugar de convertirse en un espacio de pluralismo y deliberación, corre el riesgo de asumir la voz del gobierno de turno.
RTVC volvió a ocupar un lugar central en los último cuatro años durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Su programación ganó calidad, recuperó audiencias y demostró que la televisión pública puede competir con los grandes canales privados cuando ofrece contenidos de interés nacional. Sin embargo, ese avance convivió con un debate inevitable: ¿hasta qué punto un medio financiado por todos los colombianos puede convertirse en la plataforma desde la que un gobierno construye y defiende su propio relato político?
La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República obliga a formular la misma pregunta con mayor urgencia. Si ayer se cuestionó el uso político de RTVC por parte de un gobierno de izquierda, hoy debe examinarse con el mismo rigor el riesgo de que un gobierno de ultraderecha haga exactamente lo mismo. La independencia de un medio público no puede depender de quién ocupe la Casa de Nariño, porque entonces dejaría de ser un medio público para convertirse, simplemente, en el canal oficial del poder y del gobierno de turno.
RTVC alcanzó un protagonismo pocas veces visto durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Su apuesta por recuperar el antiguo nombre de Inravisión y el polémico nombramiento de Hollman Morris como gerente devolvieron al medio público al centro de la discusión nacional. La adquisición de los derechos de transmisión de eventos deportivos de alto interés, la emisión de películas, documentales y series históricas, así como una programación más ambiciosa, aumentaron de manera evidente la audiencia de RTVC y demostraron que un medio público puede competir por la atención de los ciudadanos cuando ofrece contenidos atractivos y de calidad.
Sin embargo, ese fortalecimiento también vino acompañado de un uso político del medio. Ya no es un secreto que el gobierno del presidente Gustavo Petro utilizó RTVC como una plataforma para difundir su narrativa de gobierno y hacer contrapeso a medios tradicionales como Caracol Televisión, RCN Televisión, El Tiempo, Semana, entre otros, a los que señaló reiteradamente de actuar como actores políticos de oposición. Aunque la intención de equilibrar un ecosistema mediático históricamente dominado por grandes conglomerados privados puede entenderse como una apuesta legítima por ampliar el pluralismo informativo, el mecanismo escogido abre un profundo dilema ético: un medio financiado con recursos públicos no puede terminar convertido en un instrumento de propaganda del gobierno de turno, cualquiera que sea su orientación ideológica.
A esta discusión se suman las controversias alrededor del Gerente de RTVC, Hollman Morris. Durante su trayectoria ha enfrentado denuncias y señalamientos públicos por presunto acoso laboral y presunto acoso sexual, además de cuestionamientos por el ejercicio de su posición de poder frente a algunas de sus denunciantes y críticos. Independientemente del estado jurídico de esas denuncias, la existencia de tales controversias también impacta la percepción de independencia y legitimidad de la dirección del principal sistema de medios públicos del país.
Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, la discusión adquiere una nueva dimensión. Durante su campaña demostró una capacidad notable para construir narrativa política y utilizar estratégicamente los medios de comunicación. Además, mantiene una relación mucho más cercana con medios tradicionales como Caracol, RCN, El Tiempo y Semana. Precisamente por eso surge una pregunta inevitable: ¿utilizará también RTVC para fortalecer la comunicación política de su gobierno? Si el medio público cambia de orientación editorial cada cuatro años para responder a los intereses del presidente de turno, el problema deja de ser un gobierno específico y pasa a convertirse en una falla estructural del modelo colombiano de medios públicos.
La discusión sí debe centrarse en el uso político del medio estatal, porque ese es el verdadero problema. Ningún gobierno, sin importar si es de izquierda, de derecha o de cualquier otra corriente ideológica, debería disponer de un sistema de medios financiado por todos los colombianos para promover su propia agenda política. Esa práctica desnaturaliza la función de un medio público y lo aleja de su propósito constitucional de servir al interés general.
Por esa razón, el nuevo Congreso de la República que se posesiona el próximo 20 de Julio, tiene la responsabilidad de impulsar una ley que garantice la independencia editorial de RTVC frente al gobierno de turno. Esa regulación debería establecer límites claros entre la comunicación institucional del Estado y la propaganda política, crear mecanismos de control ciudadano sobre la línea editorial y blindar jurídicamente al sistema de medios públicos para que ningún presidente, sea Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella o cualquier otro mandatario en el futuro, pueda convertir un patrimonio público en una herramienta de promoción política personal o de gobierno. Solo así RTVC podrá consolidarse como un verdadero medio público y no como el canal del gobierno de turno.
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