La política contemporánea parece haber encontrado una fórmula tan eficaz como preocupante: prometer más de lo que puede cumplir y confrontar más de lo que puede gobernar. En tiempos electorales, ambas estrategias suelen caminar de la mano. Mientras las ofertas de transformación se multiplican sobre el papel, las emociones más intensas ocupan el centro del debate público. Entre promesas difíciles de financiar y discursos diseñados para dividir, la ciudadanía corre el riesgo de quedar atrapada entre la ilusión y el resentimiento.
La reciente decisión de suspender la recolección de firmas para convocar una constituyente ilustra bien esa dinámica. Durante meses, la propuesta fue presentada como una necesidad histórica para reformar las instituciones colombianas. Sin embargo, terminó siendo archivada bajo el argumento de que representaba un obstáculo para las aspiraciones electorales del oficialismo. Lo que se había planteado como una prioridad nacional fue rápidamente relegado por las conveniencias de la estrategia política.
Más llamativo aún fue el cambio de tono que acompañó la decisión. Voces que durante años mantuvieron una postura confrontacional frente a diversas instituciones comenzaron a reivindicar la Constitución de 1991, el diálogo democrático y la construcción de consensos. La moderación, desde luego, siempre es bienvenida. Pero cuando aparece de manera repentina en medio de una campaña electoral, resulta inevitable preguntarse si se trata de una convicción o de una táctica.
Las democracias necesitan reformas permanentes. Ninguna institución es perfecta y organismos como el Consejo Nacional Electoral requieren ajustes profundos para fortalecer su independencia y credibilidad. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre reformar y deslegitimar. La primera actitud busca corregir fallas; la segunda erosiona la confianza pública cuando las decisiones institucionales resultan incómodas para determinados sectores políticos.
Pero más allá de la discusión institucional, el verdadero desafío se encuentra en el terreno económico. Los programas de gobierno suelen estar cargados de promesas atractivas: más subsidios, más transferencias monetarias, más programas sociales, más intervención estatal y mayores beneficios para distintos sectores de la población. Cada propuesta, analizada de manera individual, puede parecer razonable e incluso necesaria. El problema surge cuando se evalúan en conjunto y se contrastan con la realidad fiscal del país.
Gobernar implica administrar recursos limitados. No basta con identificar necesidades legítimas; también es indispensable explicar cómo serán financiadas las soluciones. En un escenario marcado por el aumento de la deuda pública, restricciones presupuestales y señales de desaceleración económica, cualquier expansión significativa del gasto requiere una discusión seria sobre sostenibilidad financiera. De lo contrario, el riesgo es convertir el programa de gobierno en una lista de deseos cuya ejecución resulta improbable.
Mientras tanto, problemas estructurales siguen esperando respuestas concretas. El sistema de salud enfrenta dificultades financieras crecientes, hospitales y clínicas acumulan deudas significativas, y millones de ciudadanos experimentan barreras de acceso a servicios esenciales. Sin embargo, gran parte del debate político continúa girando alrededor de nuevas promesas, dejando en segundo plano la solución de las crisis que ya afectan a la población.
En este escenario aparece un segundo fenómeno igualmente determinante: la polarización como estrategia electoral. Las redes sociales y los nuevos mecanismos de comunicación política han demostrado que la indignación moviliza más rápido que los argumentos y que el miedo suele generar más interacción que la evidencia. La economía de la atención recompensa los mensajes extremos y castiga los matices.
No es casualidad que muchos discursos contemporáneos se construyan alrededor de enemigos. La lógica es sencilla: atribuir los problemas nacionales a un adversario claramente identificable y convertir la contienda política en una batalla moral entre buenos y malos. El objetivo ya no es persuadir mediante ideas o propuestas, sino reforzar identidades y emociones previamente existentes.
La tecnología amplificó este fenómeno. Nunca antes la humanidad tuvo acceso a tanta información y, paradójicamente, nunca había sido tan fácil difundir desinformación. Los algoritmos premian aquello que genera reacciones inmediatas, y pocas emociones son tan rentables como la rabia. En consecuencia, las mentiras simples suelen circular con más rapidez que las verdades complejas.
La consecuencia es una ciudadanía cada vez más fragmentada. Empresarios contra trabajadores, campo contra ciudad, izquierda contra derecha, jóvenes contra adultos. Cada sector encuentra narrativas que confirman sus prejuicios y refuerzan sus temores. La política deja de ser un espacio para resolver diferencias y se convierte en un escenario permanente de confrontación.
Sin embargo, la historia demuestra que ganar elecciones y gobernar son tareas distintas. La polarización puede ser útil para movilizar votantes, pero resulta insuficiente para administrar un país. Las promesas pueden conquistar titulares, pero no reemplazan los recursos necesarios para ejecutarlas. Las consignas pueden alimentar campañas, pero no solucionan problemas estructurales.
Por eso, el principal reto de la política colombiana no consiste únicamente en reducir el tono de la confrontación. También exige recuperar una conversación pública basada en hechos, cifras verificables y propuestas financieramente responsables. La moderación no puede limitarse al lenguaje; debe reflejarse en la manera de entender las instituciones, las finanzas públicas y las prioridades nacionales.
Al final, las democracias se fortalecen cuando los ciudadanos evalúan a sus líderes no por la intensidad de sus discursos, sino por la consistencia entre lo que prometen y lo que pueden cumplir. Porque el papel, ciertamente, lo soporta todo. Las emociones también pueden movilizar multitudes. Pero la realidad termina imponiendo condiciones que ninguna campaña electoral puede ignorar.
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