“El 21 de junio no se vota por el mejor, se vota para que no gane el peor. Bienvenidos a la democracia de la resignación.”
Las cifras mienten menos que los políticos. Hoy, Abelardo de la Espriella tiene una ventaja de 7,7 puntos sobre Iván Cepeda en la intención de voto: 50,3% contra 42,6%. Pero la estadística que debería aterrar a todos es esta: el 56,6% de los colombianos rechaza a Cepeda como presidente. No es ideología, no es polarización. Es cansancio, indignación y la certeza de que la política institucional fracasó.
Estamos a menos de quince días de la segunda vuelta y Colombia sigue sin conocer un debate presidencial. Cepeda, que llegó segundo en la primera vuelta, ha esquivado sistemáticamente el careo público. Alega imparcialidad, condiciones técnicas, moderadores amigos. La senadora Paloma Valencia, que se bajó de la contienda, lo encaró sin anestesia: “No trate de amañarlo buscando que lo haga RTVC y moderadores amigos”. Una campaña presidencial sin confrontación de ideas no es campaña, es teatro de sombras. Y el que se niega a exponer sus argumentos ante el escrutinio público no está blindando su imagen, está confesando que no tiene argumentos sólidos. Si Cepeda insiste en no debatir, no ganará el 21 de junio. No por las encuestas, sino porque el miedo a la pregunta siempre vence al miedo a gobernar.
Pero del otro lado no hay salvación, hay otra forma de desastre. Abelardo de la Espriella se ha consolidado en el primer lugar gracias a una campaña que construye su imagen sobre el ruido, el gesto bronco y el escándalo rentable. Una jueza lo obligó a disculparse públicamente por presionar a una periodista para que comentara sus propios genitales desde el teléfono de él. Lo llamó “contexto humorístico”. El juzgado lo calificó como una “insinuación sexual explícita” que reproduce estereotipos discriminatorios y proyecta que las mujeres pueden ser influenciadas mediante criterios de atracción sexual. No fue un lapsus, fue un patrón. Y no se detuvo ahí: en Armenia apareció una valla con inteligencia artificial donde el “Tigre” aparece pisoteando a Cepeda. El concejal del Pacto Histórico lo denunció como una apología directa a la violencia. Una campaña que normaliza pisotear al rival no es una campaña agresiva, es una campaña que normaliza la humillación como forma de hacer política, considero que: Si Abelardo no controla su imagen y sus argumentos de boxeador sin guantes, perderá la presidencia, pero antes perderá la dignidad del cargo al que aspira.
Pero el problema más profundo no es quién debate o quién insulta. El problema es que ambos candidatos convierten las crisis reales en ruido de fondo para distraer. El país tiene una deuda de las EPS con los hospitales públicos de 16,28 billones de pesos, un crecimiento del 30% en solo nueve meses. El Hospital General de Medellín acaba de suspender servicios a los afiliados de Coosalud porque la EPS les debe 15.000 millones y en todo junio no programó ningún pago. Esa es la salud real, no la que prometen los planes de gobierno. El candidato de izquierda ofrece un plan de choque de 100 días para medicamentos y citas represadas. El de derecha propone rescatar la Ley 100 y defender el modelo actual. Ambos coinciden en que la crisis es profunda. Ambos coinciden en postergar soluciones estructurales hasta después del 21 de junio.
La seguridad es un termómetro roto. Mientras en Catatumbo 293 familias, 784 personas, han huido de sus hogares por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, y se reportan homicidios, secuestros y ataques con drones cargados de explosivos contra la población civil, el presidente Petro calificó de “carreta” un informe militar que señalaba una expansión territorial del 36% y un fortalecimiento del 87% de esos mismos grupos armados. La política de “paz total” ha servido para que los grupos armados ilegales crezcan en número y dominio territorial. La inseguridad no es un dato más, es el día a día de regiones enteras donde el Estado no llega y los candidatos tampoco.
Las pensiones son otra estafa consentida. El Decreto 1485 modificó el cálculo pensional y los trabajadores que ganan el salario mínimo tendrán que trabajar aproximadamente una década más para alcanzar una pensión digna. El presidente de Asofondos lo resumió sin eufemismos: “el Gobierno se lava las manos y dice que ya no va a seguir compensando”, trasladando el riesgo directamente a los trabajadores. El sistema no está en crisis técnica, está en crisis ética.
Y en medio de esta tormenta de emergencias reales, la campaña se ha enviciado en discusiones bizantinas: el tigre estampado en una camiseta, si James Rodríguez ignoró o no a la hija de un presidente, si una periodista recibió o no una disculpa suficiente. Es la misma lógica: lo superficial secuestra lo sustancial. La izquierda no sabe debatir de verdad porque se protege en el victimismo y los slogans. La derecha se reduce a marketing político agresivo. Mientras tanto, más de 53 millones de colombianos miran el reloj, eligen entre dos opciones que no representan lo que necesitan y se resignan al ritual del voto por el menos malo.
Por eso se juega todo el 21 de junio. No para elegir un líder, sino para evitar que gane el peor. El voto en blanco no es opción: dejar la decisión en manos de otros es renunciar a la responsabilidad. Entonces, sin entusiasmo, pero con claridad, hay que exigir lo que la Constitución de 1991 consagra y casi nadie recuerda: el voto programático, la única figura en el mundo que obliga a los gobernantes a cumplir aquello por lo que fueron elegidos. No votemos por simpatía, no votemos por odio, votemos por una exigencia: que el candidato elegido sepa que se le va a exigir, con las herramientas jurídicas disponibles, que cumpla punto por punto lo que promete.
Esta columna no tiene moraleja feliz. Tiene una verdad incómoda: la Colombia que merece soluciones profundas se enfrenta a un balotaje entre dos candidatos con falencias profundas. Si Cepeda no debate, pierde. Si Abelardo no cuida su imagen y sus argumentos, pierde. Y si los dos pierden, gana la democracia. Pero para que eso ocurra, los ciudadanos tenemos que recordar que el poder no se regala, se fiscaliza. El 21 de junio no se define todo. Lo que se define después, con la exigencia ciudadana y el control institucional, es lo que realmente importa.
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