La democracia colombiana atraviesa una de sus contradicciones más profundas: mientras el discurso institucional insiste en la participación ciudadana como fundamento del Estado social de derecho, en los territorios crece el desencanto frente a los espacios reales de representación comunitaria. Las Juntas de Acción Comunal[1], concebidas históricamente como escenarios de organización social, liderazgo barrial y construcción colectiva, hoy enfrentan una preocupante crisis de legitimidad marcada por la apatía ciudadana, la desconfianza comunitaria y la instrumentalización política.
El calendario electoral comunal de 2026 no debería entenderse únicamente como una programación administrativa para elegir dignatarios o renovar periodos organizativos; detrás de cada fecha existe una pregunta mucho más profunda: ¿las comunidades realmente sienten que participar transforma sus realidades? En muchos casos, la respuesta parece ser negativa. La ciudadanía observa con distancia procesos comunitarios que, en lugar de convertirse en escenarios abiertos de deliberación democrática, terminan atrapados en prácticas burocráticas, disputas internas y dinámicas clientelistas que reproducen a pequeña escala los mismos vicios de la política tradicional.
Las elecciones de las Juntas de Acción Comunal representan el primer nivel de representación política en los territorios, es el lugar dónde deberían -deben- discutirse las necesidades más cercanas de la gente como por ejemplo el deterioro de las vías, la inseguridad, la falta de accesibilidad, los problemas de convivencia, el abandono institucional o la ausencia de oportunidades para jóvenes y poblaciones vulnerables. Sin embargo, muchas juntas han perdido su capacidad de convocar a la comunidad porque una parte importante de la ciudadanía ya no se siente escuchada ni representada.
…la crisis de participación no puede analizarse únicamente desde la apatía ciudadana, también existe una enorme deuda institucional en materia de formación política…
La participación comunitaria se ha reducido en numerosos casos a simples formalidades electorales donde siempre aparecen los mismos “liderazgos”, los mismos grupos de influencia y las mismas prácticas de exclusión por lo que la renovación generacional resulta ser exigua, la participación juvenil continúa siendo débil y sectores históricamente marginados -como personas con discapacidad, mujeres o comunidades vulnerables- siguen enfrentando barreras silenciosas que limitan su incidencia en la toma de decisiones. El problema no es únicamente la ausencia de participación; el verdadero problema es la pérdida de confianza en la utilidad misma de participar.
A ello se suma una realidad aún más compleja: muchas organizaciones comunales han sido absorbidas por intereses políticos externos que terminan utilizando el liderazgo barrial como mecanismo de control electoral o plataforma de favores burocráticos y es allí cuando la acción comunal deja de responder a las necesidades de la comunidad y comienza a responder a intereses particulares o partidistas, por lo tanto, la democracia local pierde legitimidad y la ciudadanía se aleja aún más de los espacios colectivos.
De hecho, en Colombia existe una preocupante tendencia a reducir la democracia al acto de votar cada cierto número de años, mientras se abandona la participación cotidiana en los escenarios comunitarios, en ese sentido, se ha normalizado la idea de que los asuntos públicos son responsabilidad exclusiva de líderes, políticos o instituciones, debilitando la capacidad ciudadana de incidir activamente en la transformación de los territorios; tal desconexión ha producido barrios fragmentados, comunidades indiferentes y organizaciones debilitadas que sobreviven más por obligación legal que por verdadero compromiso colectivo.
Sin embargo, la crisis de participación no puede analizarse únicamente desde la apatía ciudadana, también existe una enorme deuda institucional en materia de formación política, pedagogía democrática y fortalecimiento comunitario ya que al tanto de innumerables años, se ha exigido participación sin garantizar condiciones reales para ejercerla, de modo que las comunidades desconocen cómo funcionan las Juntas de Acción Comunal, cuáles son sus competencias o de qué manera pueden intervenir efectivamente en las decisiones locales entonces, así las cosas, no se puede entonces exigir apropiación ciudadana en medio de la desinformación, la falta de acompañamiento estatal y la ausencia de procesos permanentes de educación democrática.
Frente a este panorama, resulta urgente reconstruir el sentido de lo comunitario. La participación ciudadana no puede seguir siendo entendida como una obligación ocasional ni como un requisito formal para legitimar decisiones previamente tomadas, participar significa (i) tener la posibilidad real de deliberar, cuestionar, proponer y transformar; significa (ii) comprender que la democracia comienza en el barrio, en las reuniones comunitarias, en la defensa de lo público y en la capacidad colectiva de (iii) exigir dignidad para los territorios.
En ese sentido, respetados lectores, recuperar la confianza en las organizaciones comunales se requieren cambios profundos. Los actos de transparencia deben dejar de ser un discurso y convertirse en una práctica cotidiana, las comunidades necesitan conocer cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y cuáles son los resultados de la gestión comunitaria; asimismo, resulta indispensable abrir espacios reales para nuevos liderazgos sociales, especialmente jóvenes, mujeres y personas históricamente excluidas de los escenarios de representación.
Igualmente, las Juntas de Acción Comunal deben avanzar hacia modelos de gobierno abierto comunitario que permitan reconstruir el vínculo entre ciudadanía y organización social, por lo que esto implica, promover mecanismos permanentes de diálogo barrial, procesos participativos para priorizar necesidades del territorio y herramientas accesibles de rendición de cuentas. Finalmente, la comunidad no puede ser convocada únicamente en tiempos electorales; debe formar parte activa y constante de las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Una conclusión muy general…
La democracia colombiana difícilmente podrá fortalecerse mientras las comunidades continúen alejándose de los espacios locales de participación. El deterioro de las Juntas de Acción Comunal no es un problema menor ni exclusivamente organizativo; refleja una crisis más amplia de representación, confianza y cultura democrática en el país pues la ciudadanía se cansó de escenarios donde muchas veces participar parece no cambiar nada, por eso, el gran desafío no consiste únicamente en realizar elecciones comunales sino en devolverle sentido a la participación misma.
Recuerden, la transformación de los territorios no llegará únicamente desde las instituciones nacionales ni desde los discursos políticos; ella comienza cuando las comunidades recuperen la capacidad de encontrarse, de debatir y de construir colectivamente soluciones para sus propios problemas. Si las Juntas de Acción Comunal logran reconectarse con la ciudadanía, abrirse a nuevas voces y actuar verdaderamente al servicio de la comunidad, podrán ser nuevamente espacios vivos de democracia, de lo contrario, seguirán siendo estructuras cada vez más vacías sostenidas por la costumbre, pero alejadas de las verdaderas necesidades sociales de los territorios.
[1] Regulada por la L. 2166 de 2021.
Comentar