“Las giras, discursos, concentraciones y publicaciones en redes sociales de su presidente y de miembros de su gabinete no deben interpretarse como hechos aislados. Estas acciones forman parte de una estrategia política que busca influir directamente en el electorado a pocos días de las elecciones. Incluso organismos de control y distintos sectores políticos han cuestionado públicamente dicha conducta, al punto de que ya se han iniciado investigaciones por presunta participación indebida en política.”
La evidente participación de Gustavo Francisco Petro Urrego y de varios funcionarios de su gobierno en la actual campaña presidencial es una clara muestra del temor que la izquierda colombiana siente ante la posibilidad de perder el poder. Estas no son meras opiniones políticas, análisis académicos o reflexiones ideológicas, como algunos quieren hacer creer desde la Casa de Nariño. Estas intervenciones, de naturaleza sistemática, permanente y accesible, trascienden los límites legales y transforman al aparato estatal en una entidad dedicada al activismo electoral.
Ciertamente, resulta alarmante que el petrismo parezca convencido de que las normas se aplican únicamente a terceros. La constante violación de los límites legales establecidos se ha convertido en una práctica recurrente desde la campaña de 2022 y actualmente se está produciendo de manera completamente natural. Mientras el país se ve inmerso en una situación de inseguridad, crisis económica, pérdida de confianza institucional y un deterioro evidente del orden público, su mandatario ha optado por priorizar la confrontación política y la campaña electoral sobre la gestión gubernamental.
Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo más cercano están procurando presentar lo que en realidad es una intervención abierta desde el poder como un “debate democrático”. La Constitución y las leyes colombianas son explícitas en cuanto a las restricciones aplicables a los funcionarios públicos en el marco de los procesos electorales. Sin embargo, el progresismo colombiano parece mostrar una relación conflictiva con la legalidad. Las normas se respetan únicamente cuando favorecen su narrativa y se ignoran cuando representan un obstáculo para sus intereses políticos.
A ello se suma otro elemento que reviste un carácter sumamente peligroso, la victimización permanente. Cada vez que un organismo de control, un juez o un sector ciudadano pone en tela de juicio las actuaciones del Gobierno, se activa de inmediato el protocolo de la persecución. Gustavo Francisco Petro Urrego y sus aliados se presentan como víctimas de una presunta conspiración de las élites, la prensa, los empresarios y las instituciones. Es irrelevante la cantidad de pruebas o errores acumulados; siempre buscan presentar un enemigo externo que justifique sus deficiencias.
Ese discurso no solo polariza al país, sino que busca debilitar la credibilidad de las instituciones democráticas. El problema no se limita únicamente a la participación indebida en política. El dilema radica en el mensaje que se transmite, el cual sugiere que las normas pueden adaptarse según la conveniencia ideológica del gobernante en funciones. Cuando un gobierno comienza a ignorar los límites institucionales, la democracia se ve sometida a una erosión gradual.
La izquierda colombiana se empeña en presentar una narrativa de transformación social, mientras el país se sumerge en la incertidumbre. La violencia se ha propagado en varias regiones, los grupos criminales han fortalecido su posición, la autoridad ha experimentado una disminución en su capacidad de control y la economía se enfrenta a un panorama desafiante, caracterizado por la desconfianza y la improvisación. Colombia ha experimentado un cambio significativo en su discurso político, pasando de abordar temas relacionados con el crecimiento, la inversión y la estabilidad, a centrarse en crisis institucionales, confrontaciones políticas y escándalos diarios.
Por esta razón, muchos ciudadanos colombianos observan con preocupación cómo el modelo propuesto por Gustavo Francisco Petro Urrego muestra similitudes con otros experimentos latinoamericanos que han resultado en el deterioro de las democracias y las economías de la región. Cuba y Venezuela han dejado de ser meras referencias ideológicas para convertirse en ejemplos reales de las consecuencias de la utilización del poder por parte del populismo, con el fin de perpetuarse en el poder, debilitar las instituciones y dividir a la sociedad entre “buenos” y “enemigos del pueblo”, una decisión de “vida o muerte”.
Es preocupante que el petrismo no muestre disposición a aceptar límites. La utilización recurrente de discursos incendiarios, la presión sobre organismos institucionales, el enfrentamiento permanente con sectores independientes y el intento de movilizar emocionalmente a la ciudadanía a través del miedo y la polarización son parte de una estrategia que pone en riesgo la estabilidad de la democracia colombiana. El país no necesita más confrontación. Es necesario contar con liderazgo, capacidad de gestión, respeto por las instituciones y visión de futuro. Colombia no puede permitirse continuar inmersa en un gobierno que se encuentra en un estado de campaña permanente, mientras los problemas reales de los ciudadanos continúan acumulándose sin encontrar una resolución efectiva.
La jornada electoral del este 31 de mayo revierte una importancia extraordinaria. Esta decisión histórica determinará el rumbo que los colombianos quieren tomar. Los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de poner fin a la profundización de una crisis política e institucional que amenaza con deteriorar aún más el país. La pregunta es clara y directa: ¿Colombia continuará avanzando hacia un modelo de confrontación, improvisación y debilitamiento institucional, o tomará la decisión de dar un giro que permita recuperar la confianza, la estabilidad y el respeto por las reglas democráticas?
El voto será mucho más que una elección entre candidatos. Será una decisión entre dos caminos completamente distintos de país. Y esta vez no habrá espacio para la indiferencia. Cada colombiano deberá asumir la responsabilidad histórica de decidir si Colombia continúa acercándose al abismo o si finalmente toma el camino de la reconstrucción institucional y democrática.
El país cuenta hoy en día con tres opciones reales y con posibilidades de acceder al poder. Una propuesta progresista encabezada por un candidato que respaldó públicamente a miembros de las FARC, incapaz incluso de asistir a un debate por temor a salirse de un discurso prefabricado y cuidadosamente calculado, acompañado por una fórmula vicepresidencial activista que ha construido su narrativa política desde el resentimiento, la confrontación y el odio de clases. Una agrupación política de ideología de izquierda y carácter radical que insiste en la fragmentación del país, mientras busca victimizarse cada vez que se le exige respeto por la ley y las instituciones.
En la otra orilla, aparece una propuesta de extrema derecha que promete recuperar la seguridad, enfrentar sin contemplaciones al terrorismo, dar un giro de 180 grados y recomponer el país desde la autoridad, la disciplina y la experiencia de un candidato y un vicepresidente que ya han demostrado resultados concretos en sus responsabilidades profesionales y políticas. En medio de estas dos visiones, emerge una alternativa de centro derecha que propone un giro transicional para reorientar el rumbo nacional con determinación y empatía, promoviendo la reconciliación institucional sin comprometer los principios de orden y autoridad. La decisión final sobre el futuro recae ahora en los colombianos. Se espera una participación comprometida y una actitud proactiva, sin excusas ni indiferencia. El país que exista después del 31 de mayo será el resultado directo de las decisiones de cada ciudadano expresadas en las urnas.
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