Segovia, municipio ubicado en el Nordeste antioqueño, ha sido históricamente un territorio minero. Allí operó durante décadas una de las empresas más importantes de la región, la Frontino Gold Mines, que entró en proceso de liquidación obligatoria en 2004.
Ese proceso se extendió hasta marzo de 2010, cuando finalmente se concretó la compraventa entre Frontino y Gran Colombia Gold, un negocio jurídico que permitió salvar miles de empleos en Segovia y Remedios, además de responder por el pasivo pensional que arrastraba la empresa desde hacía años.
Es evidente que, sin esa negociación, hoy la región no tendría el desarrollo minero que representa para Antioquia y para Colombia. Solo en 2025, Segovia produjo 227.762 onzas de oro, y para 2026 se proyecta una producción anual entre 265.000 y 300.000 onzas, lo que representa un crecimiento cercano al 36%. Esta actividad, además, beneficia a más de 12.000 familias formalizadas.
La minería es el motor económico de esta subregión, allí existen 287 títulos mineros activos, de los cuales 126 están concentrados en Remedios y 31 en Segovia y Amalfi, respectivamente.
Pero, como suele ocurrir cuando llega la izquierda, aparecen la manipulación, la desinformación y las narrativas de odio y división.
Después de varios años, el expresidente Álvaro Uribe Vélez regresó a Segovia con el propósito de dialogar con la comunidad. Fue recibido con entusiasmo por cientos de ciudadanos, mientras un reducido grupo de simpatizantes del petrismo llegó con gritos, insultos y pancartas cargadas de agresiones.
Uribe, como siempre, abrió el espacio para el debate público e incluso entregó el micrófono a uno de los agitadores que repetía constantemente, a través de un megáfono, insultos y señalamientos. El resultado fue el mismo, en lugar de argumentos, solo hubo gritos de “Uribe ladrón”.
Qué desconectados están muchos de estos jóvenes de la historia de Segovia y de lo que significó jurídicamente el rescate de la Frontino para la región. Como dicen popularmente: la ignorancia es atrevida.
Antioquia es un departamento minero, cuenta con 1.536 títulos mineros, equivalentes al 16% del total nacional, y produce cerca del 43% del oro de Colombia. De los más de 244.000 empleos mineros que existen en el país, aproximadamente 66.000 están en Antioquia, representando el 28,5% del total nacional.
Sin embargo, los sectores cercanos al petrismo parecen no entender que una política hostil contra la minería formal terminaría destruyendo miles de empleos, debilitando las regalías y golpeando gravemente la economía regional.
Resulta paradójico que en Segovia algunos ignoren que, durante este gobierno, se han perdido más de 27.000 empleos mineros entre operarios, mecánicos, transportadores y personal administrativo. Mientras tanto, la inversión minera cayó 14% en 2025 y lo único que ha crecido es la minería ilegal, con un incremento cercano al 75%.
En campaña, a Petro no le faltó sino meterse a un socavón para buscar votos, pero ya como presidente incumplió el acuerdo de siete puntos firmado en septiembre de 2022 con comunidades mineras, que incluía compromisos sobre formalización, no judicialización de voceros y una reforma concertada al Código Minero.
Más de 3.000 unidades de producción minera manifestaron su intención de formalizarse, pero apenas unas pocas han logrado avanzar efectivamente en el proceso.
Lo que sí hizo este gobierno fue aumentar la carga tributaria del sector, elevando la retención en la fuente para la compra de oro del 1% al 2,5%, golpeando especialmente a la pequeña minería formal.
Paradójicamente, mientras se asfixia al minero legal, el propio Ministerio de Minas reconoce que la minería sin título podría estar generando más de 50.000 empleos informales.
Los agitadores en Segovia también parecen desconocer que el Gobierno Petro le retiró a la Gobernación de Antioquia la delegación minera, centralizando nuevamente las competencias de titulación, control y vigilancia. Asimismo, todos los operativos de destrucción de maquinaria responden a órdenes directas del Gobierno nacional.
Los hechos son claros. Dato mata relato.
Gracias, presidente Uribe, por demostrar que en Colombia no puede existir ningún territorio vetado de la democracia y el debate público.
Ojalá Segovia despierte del engaño colectivo que durante años ha promovido la extrema izquierda.
Juan no fue parte de un reducido grupo de personas. Las realidades en el territorio golpeado por la violencia en ese periodo de Uribe como presidente dejan huella; por eso, ese discurso de la seguridad democrática, es válido preguntar: ¿seguridad para quién o quiénes?
La reducción del debate sobre Segovia y el Nordeste antioqueño a una confrontación entre “defensores de la minería” y “agitadores petristas” desconoce la complejidad histórica, social y ambiental del territorio. La discusión no puede limitarse a cifras de producción aurífera ni a la defensa automática de grandes empresas mineras, porque el problema de fondo es quién se beneficia realmente de esa riqueza y bajo qué condiciones se explota. La historia minera de Segovia ha estado marcada por conflictos laborales, concentración de la riqueza, violencia armada y graves impactos ambientales. La permanencia de la minería no ha significado necesariamente bienestar integral para toda la población.
Presentar a Álvaro Uribe como una figura abierta al “debate democrático” mientras se descalifica a quienes protestan como “ignorantes” o “agitadores” reproduce precisamente la polarización que el mismo texto critica. En democracia, la protesta y el cuestionamiento político son legítimos, incluso cuando resultan incómodos. Muchos jóvenes que cuestionan el modelo extractivo no lo hacen por desconocimiento histórico, sino porque observan que regiones altamente mineras siguen teniendo altos índices de pobreza, informalidad y dependencia económica.
Además, el crecimiento de la minería ilegal no empezó con este gobierno. Es un fenómeno estructural ligado históricamente al conflicto armado, la ausencia estatal y las economías criminales en Antioquia y otras regiones mineras. De hecho, durante décadas de gobiernos anteriores —incluidos los cercanos al uribismo— la minería ilegal también se expandió considerablemente.