Se acerca una nueva designación rectoral en la Universidad de Antioquia en el mes de junio. De hecho, ya se abrieron inscripciones para aspirantes, fecha que vence el próximo 15 de mayo. Varios nombres suenan, unos esperados, algunos hasta fungen en altos cargos de dirección y desde allí y sin renunciar a dichos cargos ejercen un abierto proselitismo y visibilidad y se dan aspavientos de contar con votos en el Consejo Superior de la Universidad, instancia que designará al nuevo rector o rectora. Otros candidatos emergen del propio profesorado, tal vez hasta de instancias de representación y desde allí hacen su campaña. Suenan otros nombres incluso externos, más del ámbito político, porque hay que decirlo cada vez más la designación rectoral en la segunda universidad pública del país, parece más un proceso electoral de tipo politiquero al estilo de las campañas políticas tradicionales cargadas de intereses y jugadas trucadas.
Este proceso de designación nos sorprende con una universidad aún sometida al proceso de intervención del Ministerio de Educación. El actual Rector el profesor Héctor Iván García es producto de dicha intervención y de la remoción del rector John Jairo Arboleda de su cargo en diciembre de 2025. La comunidad universitaria se encontró en el nuevo año con nuevo rector y con el anuncio por el ministerio de recursos adicionales para sacarla de la crisis de financiación a la que se vio abocada. Entraron a las arcas de la universidad 70 mil millones de pesos que se decía harían base presupuestal –lo que parece aún no se concreta-, y recursos adicionales para regionalización y para un programa de medicina en Urabá. Esos recursos permitieron solventar temporalmente la crisis de liquidez en que estaba sumida y que llevó en a la situación inédita de pago tardío de la nómina universitaria. Lo que no quedaba claro era el cómo superar un déficit estructural que según algunas cuentas rondan los 600 mil millones de pesos. Otro salvavidas más estructural resultó de la aprobación de la reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30 que pasó a definir los recursos de las universidades públicas según el denominado ICES- índice de costos educativos-, mecanismo de financiación postulado de tiempo atrás como garantía de superación del déficit histórico de las universidades públicas. Aun si contamos con el ICES, no es claro a futuro que dichos recursos puedan resolver la crisis de desfinanciación estructural de las universidades públicas.
Es perentorio recordar que la intervención del Ministerio está vigente en los actuales momentos, se ha rendido por lo menos un informe importante, aquel que dio origen a la remoción del anterior rector, Doctor Arboleda, sin embargo, un tema espinoso a dilucidar es: ¿qué pasará con el actual rector encargado por el MEN, el Doctor García, -hasta por un año, prorrogable hasta por otro año, dice la norma-, si no se levanta la intervención?, ¿tendremos dos rectores en la universidad?, ¿cómo resolver dicha situación?, ¿a quién beneficia mantener esta dualidad? Preguntas necesarias y que ameritarían una respuesta, previa al momento de la designación, ello despejaría dudas razonables.
Más allá de esta paradójica situación antes enunciada emergen preguntas por la calidad de quienes pueden aspirar a la rectoría, por ejemplo, en propuestas de modificación del Estatuto General de la universidad que han circulado en el debate profesoral, se habla de tener como un requisito esencial, para regir el devenir de la universidad, que el rector o rectora posible deba tener el máximo título al que aspira un académico, es decir, el de Doctor o Doctora en un área del saber, lo que acreditaría a un académico o académica de primer nivel orientando los destinos de nuestra Alma Máter. Creo que esta exigencia debería ser tenida en cuenta, así sea como criterio por ahora informal, para tener la titularidad de nuestro mayor cargo.
Exigencias éticas deberían también presidir la actual carrera hacia la designación, como ya lo enuncié hay aspirantes disfrutando de cargos de dirección y de representación, lo cual les da una evidente ventaja por lo menos en términos de visibilidad y presencia y de privilegio en la información. ¿Será mucho exigir un mínimo de ética en nuestra Alma Máter? Pareciera que ya como académicos y académicas la ética y la trasparencia las relegamos como trastos viejos al cuarto de San Alejo.
Y qué decir de otra exigencia de transparencia que considero fundamental: ¿cómo blindar con una auditoría externa el software del conteo de votos de la consulta electrónica no vinculante? Sorpresas te da la vida: en la pasada designación, la de John Jairo Arboleda de una manera intempestiva, dicho mecanismo paró sus funciones durante hora y media. De verdad algo extraño e inusitado en una universidad de primer nivel.
Estas son mis dudas y algunas exigencias, de todas formas, anuncio mi voto en la consulta no vinculante, por el profesor John Mario Muñoz Lopera, creo que es el candidato más idóneo para regir los destinos de nuestra universidad.
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