Sandra Patricia Duque Quintero, profesora titular de la U de A
Carlos Alberto Duque Echeverri, profesor titular de la U de A
“El rector o la rectora que la Universidad de Antioquia necesita debe tener la claridad ética y jurídica para no convertir al profesorado en chivo expiatorio de la crisis. Debe resistir la tentación de recurrir a discursos fáciles que presentan los derechos laborales como cargas excesivas. Debe comprender que los recursos públicos no se defienden vulnerando derechos, sino gestionándolos con transparencia, responsabilidad, planeación y sujeción estricta a la Constitución y a las normas universitarias. La solidaridad universitaria no puede consistir en pedirles siempre sacrificios a los mismos sectores. La solidaridad no es una renuncia unilateral a los derechos. La solidaridad universitaria implica corresponsabilidad, defensa común de la institución, exigencia al Estado, transparencia en las prioridades presupuestales y rechazo a cualquier narrativa que ponga en conflicto la sostenibilidad financiera con la dignidad laboral”
En una coyuntura universitaria marcada por tensiones financieras, debates institucionales y expectativas de renovación, la elección de quien ocupará la Rectoría de la Universidad de Antioquia no puede reducirse a una disputa administrativa ni a una simple alternancia en el gobierno universitario. Lo que está en juego es mucho más profundo: el sentido mismo de la universidad pública, la dignidad de la vida académica, la vigencia de la legalidad interna y constitucional, y el respeto por los derechos laborales del profesorado.
Un buen rector o una buena rectora, especialmente en estos momentos, debe contar con una trayectoria académica sólida. Haber transitado seriamente por la docencia, la investigación y la extensión permite comprender desde dentro lo que significa ser profesor o profesora universitaria. La vida académica no es una ocupación improvisada; supone años de formación, cualificación permanente, estudios de posgrado, lectura rigurosa, escritura científica, dirección de trabajos, formulación de proyectos, evaluación por pares, publicación de resultados y compromiso con la sociedad. Quien ha vivido esa trayectoria entiende que la universidad no se sostiene solo con oficinas, indicadores, formatos o decisiones administrativas. Se sostiene, ante todo, con comunidades académicas. Y por eso la administración universitaria debe estar al servicio de la academia, no la academia subordinada a una racionalidad burocrática que cada vez parece mirar al profesorado como un costo, y no como un sujeto central del proyecto universitario.
La Universidad de Antioquia necesita una rectoría que comprenda que gobernar una institución pública no es administrar una empresa privada ni manejar una crisis fiscal mediante atajos jurídicos. La administración universitaria está sometida a la Constitución, a la ley, a los estatutos universitarios y a los procedimientos democráticos que la propia institución se ha dado. En un Estado Social de Derecho no existen buenas intenciones que autoricen la vulneración de derechos. Tampoco existen crisis presupuestales que permitan desconocer las garantías laborales consolidadas. Por eso resulta preocupante cualquier intento de modificar, debilitar o vaciar de contenido el Estatuto Profesoral por vías de hecho, por decisiones administrativas indirectas o por prácticas que, sin declarar abiertamente una reforma, alteran las condiciones reales del trabajo académico. Las normas universitarias no son obstáculos para gobernar; son límites legítimos al poder. Y en una universidad pública, esos límites tienen una función democrática esencial: impedir que la coyuntura, la presión financiera o las mayorías ocasionales sustituyan el debido proceso institucional.
En este punto, es necesario reflexionar en profundidad sobre los derechos laborales del profesorado. Los derechos no son privilegios. No son dádivas generosas de una administración. No son lujos prescindibles en tiempos de escasez. Los derechos laborales de los profesores son el resultado de procesos históricos, normativos y políticos orientados a garantizar que quienes cumplen la misión de enseñar, investigar y proyectar socialmente el conocimiento puedan hacerlo con dignidad, estabilidad, independencia académica y condiciones materiales adecuadas.
La carrera profesoral, los estímulos a la formación, las condiciones para investigar, los reconocimientos asociados a la productividad académica y las garantías de participación no son simples beneficios individuales. Son instrumentos institucionales destinados a proteger la calidad de la universidad pública. Sin condiciones laborales dignas, la excelencia académica se convierte en una consigna vacía. Sin estabilidad, la libertad de cátedra se fragiliza. Sin garantías para investigar, la universidad se reduce a una fábrica de clases. Sin respeto por la carrera profesoral, el mérito académico queda sometido a la discrecionalidad administrativa.
Por eso es tan riesgoso instalar discursos de estigmatización contra quienes ejercen derechos legítimamente reconocidos. Afirmar, por ejemplo, que con lo que cuesta una dedicación exclusiva se podrían pagar varios profesores, o que ciertos derechos resultan demasiado onerosos para la universidad, puede parecer una comparación pragmática, incluso seductora en tiempos de crisis. Pero, en el fondo, introduce una premisa peligrosa: que los derechos de unos trabajadores son la causa de la precariedad de otros. Ese razonamiento es jurídicamente problemático y políticamente regresivo. Enfrenta a profesores contra profesores. Convierte las garantías laborales en culpables del déficit. Hace parecer egoísmo lo que, en realidad, es el ejercicio legítimo de derechos. Y, sobre todo, desplaza la discusión principal: la obligación del Estado de financiar adecuadamente y de manera sostenible la educación superior pública.
La solución a la precarización no puede ser precarizar aún más. La forma de ampliar la planta, mejorar la cobertura, fortalecer la investigación y garantizar el acceso de más profesores a la carrera profesoral no consiste en desmontar las garantías laborales ya existentes, sino en exigir una política pública seria de financiación, planeación y fortalecimiento de la universidad pública. Limitar derechos para repartir la escasez no es justicia, es la administración de la precariedad. Y una universidad pública no puede resignarse a administrar la precariedad como si fuera un destino inevitable. Debe denunciarla, explicarla, enfrentarla y exigir soluciones estructurales.
El rector o la rectora que la Universidad de Antioquia necesita debe tener la claridad ética y jurídica para no convertir al profesorado en chivo expiatorio de la crisis. Debe resistir la tentación de recurrir a discursos fáciles que presentan los derechos laborales como cargas excesivas. Debe comprender que los recursos públicos no se defienden vulnerando derechos, sino gestionándolos con transparencia, responsabilidad, planeación y sujeción estricta a la Constitución y a las normas universitarias. La solidaridad universitaria no puede consistir en pedirles siempre sacrificios a los mismos sectores. La solidaridad no es una renuncia unilateral a los derechos. La solidaridad universitaria implica corresponsabilidad, defensa común de la institución, exigencia al Estado, transparencia en las prioridades presupuestales y rechazo a cualquier narrativa que ponga en conflicto la sostenibilidad financiera con la dignidad laboral.
La Universidad de Antioquia requiere cambios, sin duda. Sería ingenuo negar que hay procesos que deben revisarse, trámites que deben simplificarse, políticas que deben actualizarse y prácticas que merecen ser evaluadas. Pero mejorar no es destruir. Reformar no es desconocer derechos. Modernizar no es precarizar. Gobernar no es imponer medidas de facto. Y administrar una crisis no puede significar trasladar sus costos a quienes sostienen cotidianamente la misión académica. La invitación, entonces, es sencilla pero profunda: que quien resulte designado rector o rectora gobierne desde la academia, desde la legalidad y desde el respeto. Que entienda que la universidad pública no se salva debilitando a su profesorado, sino reconociendo en él una de sus mayores fortalezas. Que recuerde que los derechos laborales no son obstáculos para la excelencia, sino garantías para que esta sea posible. Y que asuma que la defensa de la Universidad de Antioquia pasa necesariamente por la defensa de la dignidad de quienes la piensan, la enseñan, la investigan y la sostienen todos los días.
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