El pasado martes 21 de abril, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, intentó censurar la presentación de un libro académico sobre la historia del M-19. Olvidó, quizás, que la Constitución Política —en cuyo diseño el M-19, como actor político, tuvo un rol decisivo— proscribió la censura en Colombia. Pero a quienes ya estaban en la Biblioteca Pública Piloto eso no se les olvidó: en un acto de resistencia, decidieron continuar con el evento y convirtieron lo que en principio era la presentación de un libro académico en un mensaje ciudadano en defensa de las libertades y contra el autoritarismo.

Y no fueron solo quienes asistieron al evento. Luego, cuando la censura del alcalde se convirtió en tema nacional, la gran mayoría de analistas, periodistas y académicos se alinearon en defensa de la libertad de expresión y contra cualquier acto que coarte el ejercicio ciudadano; mucho más en un espacio como una biblioteca pública que, por naturaleza, debe ser lugar de confluencia de ideas, debate y reflexión. Sin eso, la biblioteca pública pierde su naturaleza y se convierte en centro de adoctrinamiento autoritario.

Esa reacción evidenció, una vez más, las contradicciones que cohabitan en Medellín: una ciudad con una ciudadanía activa y crítica, capaz de plantarse contra la censura, pero que, en las urnas, no duda en respaldar proyectos autoritarios. En esa contradicción siempre debe prevalecer la garantía de los derechos humanos: no son objeto de negociación y ningún mandatario puede estar por encima de ellos. Ni con censura, ni con “bate”, ni con hostigamiento. En la Biblioteca Pública Piloto se vivió esa contradicción, y emergió una ciudadanía dispuesta a confrontar la censura cuando un alcalde se cree dueño de la ciudad y olvida sus obligaciones legales y constitucionales.

No debemos temer esa contradicción mientras se exprese desde el respeto y la tolerancia. Porque así como resulta inadmisible que un alcalde pretenda arrogarse el derecho a decidir qué puede o no puede leer la gente, tampoco es aceptable que la violencia se imponga desde un “bate” y limite el diálogo como cauce natural para dirimir controversias, exponer ideas y contrastar argumentos. Sin violencia, desde la palabra; sin agresión, desde los argumentos.

Si el alcalde Federico Gutiérrez pretendía echar al cesto de la basura un libro que ni siquiera había leído, se equivocó. Con su autoritarismo ramplón le dio visibilidad nacional e internacional y multiplicó sus lectores potenciales: gente que no está dispuesta a aceptar que un funcionario le diga qué debe leer, y que sabe que en esa lectura también ejerce su libertad. Vaya paradoja: al querer borrar un libro, le dio una figuración que ni su autor esperaba, y puso a la ciudad y al país a discutir sobre los límites del poder y el acceso ciudadano a los espacios públicos —en especial, a las bibliotecas como centros de saber y cultura.

Señor alcalde: no hay que temer a las contradicciones que persisten en nuestra ciudad, mientras puedan abordarse desde el respeto y la tolerancia. Nunca desde la censura ni desde el “bate” que anula el debate.