En la Colombia actual, el discurso político gira con más fuerza en torno a ideas como el “cambio”, la “justicia social” y la “defensa del pueblo”. Son conceptos poderosos, capaces de movilizar esperanzas y conectar con frustraciones concretas. Sin embargo, detrás de ese lenguaje cargado de promesas, se plantea una pregunta fundamental que no suele formularse con claridad: ¿qué lugar ocupa el individuo dentro de este proyecto político?
Al volverse el colectivo —“el pueblo”, “la mayoría”, “los históricamente excluidos”— el centro moral del discurso, el individuo empieza a diluirse. No de manera inmediata ni evidente, sino de forma progresiva. Se introduce la noción de que el bienestar general justifica ciertas renuncias personales, que el sacrificio individual es necesario para alcanzar un bien superior. Y así, casi sin notarlo, la vida de cada persona deja de ser un fin en sí misma para quedar reducida a un medio al servicio de una causa más amplia.
En la práctica, esto se traduce en decisiones políticas que tienden a concentrar poder y a restringir espacios de autonomía. La justificación es recurrente: se presenta indispensable para corregir desigualdades o para avanzar hacia una sociedad más justa. Pero al imponerse desde arriba una visión única del “bien común”, quienes piensan distinto comienzan a ser vistos en calidad de obstáculos. El disenso deja de ser parte natural de una democracia y pasa a interpretarse en términos de oposición moralmente cuestionable.
En este contexto, el debate público se transforma. Cada vez con más frecuencia, las discusiones dejan de centrarse en argumentos y hechos, y acaban apelando a emociones. La indignación, el resentimiento o la esperanza se constituyen en herramientas políticas. La realidad se simplifica en una narrativa de “nosotros contra ellos”: el pueblo frente a las élites, los buenos frente a los malos. Este enfoque de la política no busca comprender la complejidad del país: busca movilizar adhesiones rápidas y contundentes.
La propaganda —en redes sociales, intervenciones oficiales y plataformas mediáticas— juega un papel clave. No se trata únicamente de informar: se trata de configurar una percepción de la realidad que refuerce esa división. En ese proceso, los hechos pierden peso ante los relatos, y lo importante deja de ser lo verdadero para derivar en lo útil. Así, el ciudadano corre el riesgo de dejar de pensar por cuenta propia y de adoptar posiciones basadas más en la pertenencia que en el juicio crítico.
No obstante, este tipo de dinámica tiene límites. Cuando la realidad comienza a desmentir las promesas —cuando los resultados no llegan, cuando las condiciones no mejoran al ritmo esperado— surge una tensión difícil de mantener. Entonces aparece una crisis que no es solo política, sino también personal: la de quienes confiaron plenamente en una construcción ideológica y encaran ahora sus contradicciones.
En este escenario, la capacidad de pensar de modo independiente cobra un carácter más decisivo que nunca. Una democracia no se sostiene sobre ciudadanos que repiten consignas: lo hace sobre individuos que cuestionan, analizan y juzgan. Pensar no es un acto elitista ni opcional: es la base de la libertad.
La discusión de fondo es sencilla, aunque incómoda: ninguna sociedad puede considerarse genuinamente justa si exige el sacrificio del individuo como condición para funcionar. No importa cuán nobles sean los objetivos que se proclamen. Si la persona deja de ser un fin en sí misma, la libertad se vuelve frágil y fácilmente sacrificable.
Defender al individuo en Colombia hoy no implica oponerse al cambio: implica reclamar que ese cambio no se edifique a costa de la autonomía, la libertad y la dignidad personal. Porque una sociedad justa en sentido estricto no se funda en el sacrificio de sus ciudadanos: se funda en su capacidad de vivir, pensar y prosperar con criterio propio.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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