“Resulta evidente que en Colombia se ha adoptado una práctica política que no solo es motivo de preocupación, sino que también se percibe como altamente censurable desde una perspectiva ética y moral. Esta práctica implica gobernar basándose en narrativas, mientras la realidad experimenta un deterioro significativo. El progresismo ha demostrado ser eficaz en la construcción de discursos moralmente seductores, pero presenta deficiencias significativas en la gestión pública.”
El caso del catastro multipropósito y la actualización catastral resulta ilustrativo en este sentido. Con el propósito de modernizar la información territorial y avanzar hacia una mayor equidad fiscal, se implementaron procesos que, en la práctica, han disparado la base gravable en múltiples regiones del país. El resultado de la implementación no se caracterizó por una transición ordenada ni pedagógica, sino más bien por un impacto directo y significativo en el bolsillo de un gran número de campesinos. La reacción esperada incluyó manifestaciones de descontento, protestas y desconfianza. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad política por el impacto de estas decisiones, el Gobierno optó por un enfoque habitual: trasladar la culpa a las administraciones municipales. Es decir, se genera el problema desde el centro, pero se responsabiliza a la periferia. Con una narrativa meticulosamente estructurada, se busca capitalizar políticamente el descontento, presentándose como defensor de los afectados.
Esta lógica no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que debe ser analizado con detenimiento. El manejo de la salud del profesorado constituye otro ejemplo contundente. Se ha anunciado con insistencia que este sistema sería el modelo a seguir para una eventual reforma estructural del sistema de salud en Colombia. En palabras del propio oficialismo, se trataba de la prueba de que otro sistema era posible. Sin embargo, en la actualidad, la situación muestra un panorama completamente distinto, caracterizado por una serie de quejas generalizadas, un deterioro en la prestación del servicio, incertidumbre y, como resultado final, protestas y paros laborales impulsados por el propio FECODE, tradicional aliado del progresismo. Lo que inicialmente se presentaba como una vitrina se convirtió en evidencia del fracaso. El libreto se presenta nuevamente: se atribuye la responsabilidad a terceros, se elude la toma de decisiones y se difumina la rendición de cuentas en un mar de explicaciones.
Estos no pueden ser considerados como errores aislados o dificultades inherentes al ejercicio del poder. Lo que se evidencia es una forma de ejercer el gobierno fundamentada en la desconexión entre el discurso y la acción. Se prometen cambios, pero se implementan de manera improvisada. Se apela a la justicia social, pero se generan efectos adversos en los sectores que se afirma proteger. Cuando la realidad se contrapone a la narrativa, se acude a la desinformación, la confrontación o la victimización. Es alarmante que esto se fundamente en la premisa implícita de que los ciudadanos carecen de conocimiento, memoria o capacidad de razonamiento.
El rumbo incierto que están tomando las instituciones del país es motivo de preocupación. La acumulación de tensiones, la generación constante de conflictos y la erosión de la confianza en las instituciones no parecen ser efectos colaterales, sino piezas funcionales dentro de una lógica política más amplia. Una nación polarizada, descontenta y erosionada es más propensa a aceptar soluciones inusuales. En dicho contexto, la propuesta de una Asamblea Constituyente deja de ser una iniciativa periférica para transformarse en una propuesta presentada como ineludible o necesaria. El interrogante que surge es si se está guiando deliberadamente hacia ese punto de quiebre.
A esto se suma un liderazgo presidencial que, en lugar de aportar claridad, profundiza la incertidumbre. Las intervenciones públicas de su presidente se caracterizan por la ambigüedad, las contradicciones y, en ocasiones, acusaciones sin fundamento que afectan a diversos actores. En lugar de establecer consensos o asumir responsabilidades, se opta por señalar, confrontar y, cuando es necesario, retroceder sin reconocer errores. Esta dinámica no solo debilita la institucionalidad, sino que también deteriora el debate público y la calidad de la democracia.
El problema no se limita únicamente al estilo, sino que también abarca el contenido. Un gobierno que no reconoce sus errores está condenado a repetirlos. Asimismo, un liderazgo que instrumentaliza la acusación como herramienta política erosiona la confianza en todos los actores, incluidos aquellos que desempeñan funciones de control y crítica. En este contexto, la rendición de cuentas se debilita y la discusión pública se ve influenciada negativamente.
Paralelamente, ciertas figuras del espectro político reproducen comportamientos que refuerzan esta lógica. La evasión de debates, la selectividad en la defensa de principios como la presunción de inocencia o el silencio frente a hechos graves según la conveniencia del momento, son prácticas que contribuyen a la percepción de incoherencia. No se trata de un actor específico, sino de una forma de hacer política que otorga mayor importancia a la narrativa que a la consistencia.
El riesgo para Colombia es evidente. Cuando la política se ve reducida a la creación de narrativas y la gestión se posterga, las consecuencias recaen sobre los ciudadanos. Cuando se manipula la memoria colectiva y se subestima la capacidad crítica de la población, se comprometen los cimientos de la democracia. Cuando se normaliza la evasión de responsabilidades, se instala una cultura de impunidad política.
Colombia requiere de acciones concretas y resultados tangibles, en lugar de discursos grandilocuentes y promesas abstractas. Para lograrlo, es fundamental una gestión eficiente, una comunicación clara y un compromiso con la responsabilidad. Los gobiernos deben proporcionar explicaciones claras sobre las decisiones tomadas, anticipar sus consecuencias y asumir responsabilidades cuando se produzcan errores. Es crucial contar con líderes que comprendan que la legitimidad no se construye únicamente con palabras, sino con hechos concretos.
El interrogante de fondo se centra en la dirección futura del país si se persiste en esta senda. La respuesta a este dilema no es sencilla, pero sí es urgente. Seguir apostando por una política basada en la narrativa, la confrontación y la evasión de responsabilidades conduce inevitablemente al deterioro progresivo de la institucionalidad y la confianza pública. Una vez que se ha perdido la confianza, su reconstrucción resulta una tarea significativamente más compleja que su mera preservación.
El desafío, por tanto, trasciende el ámbito político y se extiende al contexto ciudadano. Esto implica rechazar explicaciones simplistas, no dejarse influenciar por relatos convenientes y exigir coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una democracia sólida no se sostiene únicamente en quienes gobiernan, sino en la capacidad de las personas para cuestionar, recordar y exigir.
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