En un universo político en el que el Estado ha sido elevado a la categoría de dios omnívoro y el individuo reducido a pecador cuya única virtud es el sacrificio, Argentina ha cometido una herejía insólita: la de elegir la razón. Ha dejado de inclinarse ante el altar del colectivismo y ha empezado a sostenerse sobre sus propios pies. Javier Milei, aquel economista que habla como un filósofo y actúa como un disidente, no ha traído un simple experimento. Ha rescatado un principio: el hombre no es un medio, sino un fin en sí mismo, y la única moral compatible con su dignidad es la que reconoce su derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y al fruto de su mente.
Durante décadas, Argentina fue el ejemplo casi perfecto del deterioro institucional llevado al extremo. El Estado, convertido en un mecanismo de absorción permanente de recursos, se ensanchó sin freno. La inflación dejó de ser un fenómeno técnico para transformarse en un sistema de extracción constante: un impuesto encubierto que castigaba el ahorro y premiaba la dependencia. En 2023, ese modelo alcanzó su punto álgido: un 211,4 % de inflación. El peso perdía valor a una velocidad asfixiante, el crédito desaparecía y cualquier intento de planificación se volvía inútil. La pobreza, ya estructural, escaló hasta el 52,9 % en el momento más duro del ajuste. Era la consecuencia natural de un sistema que necesita consumir la riqueza que dice proteger.
El giro llegó sin adornos: sin retórica tranquilizadora. Ajuste fiscal real, freno a la emisión monetaria y una desregulación profunda que partía de una premisa clara: el Estado no resuelve los problemas que genera. Dos años y cuatro meses después, los resultados empiezan a hablar por sí solos.
La inflación descendió hasta el 31,5 % en 2025, el nivel más bajo en ocho años. La caída, cercana a los 180 puntos, no tiene nada de accidental; se inscribe en una lógica sencilla: en la medida en que se deja de expandir el dinero sin respaldo, este recupera su función. Con ello vuelve el ahorro y, con el ahorro, el crédito: es decir, la confianza. Sin confianza, ninguna economía se consolida.
El comportamiento del Producto Interno Bruto refleja el mismo proceso. Tras caer un 1,6 % en 2023 y un 1,3 % en 2024 —el coste inevitable de corregir los desequilibrios acumulados—, en 2025 creció un 4,4 %. No impulsado por el gasto público, sino por la inversión, las exportaciones y una mayor estabilidad macroeconómica. Cuando se reducen las distorsiones, el aparato productivo responde. No por ideología, sino por incentivos.
Más significativo aún es el impacto social. La pobreza cayó del 52,9 % al 31,6 % en el primer semestre de 2025, y se sitúa ya en torno al 27 % según las últimas estimaciones. La mejora no procede de una profusión de gasto asistencial, obedece a un fenómeno fundamental: la recomposición del poder adquisitivo. Una vez que la inflación deja de erosionar los ingresos de manera persistente, el margen de decisión de las familias se amplía. No es una transferencia: es una restitución.
En paralelo, se ha producido un episodio determinante en el plano institucional. En el caso de la expropiación de YPF, la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló el fallo que obligaba a Argentina a afrontar un pago superior a los 16.000 millones de dólares. En términos que trascienden la dimensión económica, la resolución introduce un elemento de fondo: la definición de los límites del poder público frente a la propiedad privada.
La política de desregulación ha sido otro eje central. Bajo la dirección de Federico Sturzenegger, se han eliminado centenares de normas y restricciones administrativas. El objetivo no ha sido sustituir unas reglas por otras, cuanto reducir la carga regulatoria arrastrada a lo largo de décadas. Menos intermediación estatal implica, en la práctica, mayor capacidad de acción de empresas y particulares.
Sin embargo, el cambio crucial no reside exclusivamente en los indicadores: está en el terreno de las ideas. Se ha reabierto un debate que durante demasiado tiempo parecía cerrado: el papel del Estado en la economía. La experiencia argentina reciente plantea una cuestión incómoda para muchos esquemas establecidos: hasta qué punto la intervención constante no solo no corrige los problemas, antes bien los exacerba.
En un contexto internacional donde predominan políticas expansivas y estructuras públicas crecientes, Argentina ha optado por una vía distinta. No necesariamente exenta de riesgos, aunque sí coherente en su enfoque. Apostar por la estabilidad monetaria, la disciplina fiscal y la reducción de barreras no garantiza resultados inmediatos, pero sí propicia condiciones más previsibles.
Quizá por eso el caso genera tanta atención fuera de sus fronteras. Sus cifras —que pueden ser discutidas— no son lo esencial. Lo relevante es lo que entraña: la posibilidad de que existan alternativas reales a modelos basados en el intervencionismo crónico.
La evolución aún está abierta. No obstante, hay una certeza que ya se impone: cuando se modifican los incentivos de forma sostenida, las dinámicas económicas y sociales también cambian.
En ese cambio, Argentina ha decidido algo inusual: probar con la razón. En esa elección radica su éxito.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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