Colombia ha tenido, a lo largo de su historia constitucional, dos momentos que reflejan visiones radicalmente distintas sobre el Estado y la libertad: la Constitución de Rionegro de 1863 y la Constitución Política de 1991. No se trata solo de textos jurídicos, sino de proyectos de país que han moldeado profundamente la forma en que los ciudadanos entienden su relación con la autoridad.
La Constitución de 1863 partía de una premisa clara: el poder es peligroso y, por tanto, debe ser limitado. Inspirada en el liberalismo clásico, estableció un modelo federal, redujo al mínimo la intervención estatal y colocó la libertad individual en el centro. El Estado no estaba llamado a resolver la vida de las personas: estaba llamado a garantizar un marco básico donde estas pudieran actuar con autonomía. Había una acentuada desconfianza hacia el ejercicio del poder político, que se traducía en un diseño institucional orientado a fragmentarlo, debilitarlo y someterlo a controles estrictos.
En contraste, la Constitución de 1991 responde a una lógica distinta: surge en un contexto de crisis, violencia y exclusión, con la intención legítima de ampliar derechos y construir un orden más incluyente. Pero en ese intento, adopta una visión mucho más ambiciosa —y problemática— del Estado. Ya no se trata de limitarlo: se trata de activarlo. El Estado se concibe asegurador de bienestar, promotor de igualdad y responsable de intervenir en múltiples dimensiones de la vida social.
El cambio no es menor: implica una reconfiguración de la mentalidad colectiva. Mientras el modelo de 1863 promovía ciudadanos que recelaban del poder y asumían su propia responsabilidad, el de 1991 ha contribuido a consolidar una cultura política en la que el Estado es visto como proveedor de soluciones. Se instala así una lógica paternalista: cada vez que aparece un problema, la expectativa deja de ser la acción individual o comunitaria y pasa a ser la intervención estatal.
Este giro ha tenido consecuencias profundas en el plano jurídico. La Constitución de 1991 no solo amplió el catálogo de derechos, sino que también fortaleció mecanismos para hacerlos exigibles, entre ellos la tutela. Esto, en principio, puede parecer un avance. Sin embargo, ha dado lugar a lo que puede llamarse un “fetichismo legal”: la creencia de que los problemas sociales se resuelven mediante su reconocimiento normativo.
En esta lógica, el derecho deja de ser un límite frente a la autoridad para asumir el rol de herramienta de transformación integral. Se constitucionalizan aspiraciones, se judicializan conflictos políticos y se deposita en los jueces la tarea de decidir sobre cuestiones que antes pertenecían al ámbito de la deliberación democrática o de la acción pública. El resultado es un sistema donde todo parece estar jurídicamente regulado, pero cuya efectividad real es, muchas veces, precaria.
A diferencia del esquema de 1863, marcado por la escasez de normas y una apuesta en favor de la libertad, el exceso reglamentario de 1991 refleja una confianza desmedida en la capacidad del Estado y del derecho para ordenar la sociedad. Esa inflación jurídica tiene un costo: diluye la responsabilidad, genera desencanto cuando las promesas no se cumplen y debilita la función esencial de la Constitución como contrapeso del poder.
No se trata de idealizar el pasado ni de ignorar los avances en materia de derechos: se trata de reconocer que el péndulo ha oscilado demasiado. Colombia pasó de desconfiar del Estado a depender de él; de limitar el poder a esperar que lo resuelva todo; de entender la Carta Magna como un freno a convertirla en un programa.
El desafío hoy no es tener más derechos en el papel, sino recuperar una idea más sobria del Estado y del derecho: una en la que la Constitución vuelva a ser, ante todo, un instrumento para proteger la libertad, y no una lista inagotable de promesas que terminan alimentando la ilusión —y la frustración— de que todo puede resolverse desde el Estado.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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