Analizar un tema exige claridad. No hay espacio para definiciones ambiguas ni para la confusión cómoda de los discursos políticos. El feminismo, según la RAE, es “el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”. En mi país, España, esos derechos están garantizados por la Constitución y amparados legalmente. Sin embargo, ciertos grupos se han apropiado del término, distorsionándolo y convirtiendo la causa de la mujer en un instrumento de poder y reparto de subvenciones.
El feminismo histórico logró avances esenciales: educación, participación política, derechos legales sobre los hijos. Mujeres que batallaron por esto buscaban autonomía y dignidad. Hoy, esa conquista se pervierte. Agotada la lucha de clases en sociedades cada vez más prósperas, la izquierda ha encontrado un nuevo conflicto: la mujer como víctima perpetua. La victimización genera resentimiento y confrontación allí donde no existía… y se vende como bandera moral.
Se proclama defender a la mujer al tiempo que se restringe su libertad real. Limitar decisiones sobre cuerpo, imagen o profesión y acusar de cosificación a quienes ejercen su voluntad no protege a nadie: es un ataque directo al feminismo auténtico. La mujer deja de ser protagonista de su vida y queda reducida a símbolo político. La educación y la presión social forman niñas enseñándoles que son víctimas, contradiciendo la esencia de la libertad que aquel feminismo reivindicaba.
Las cuotas y la sustitución de la excelencia por el sexo erosionan la igualdad ante la ley. Una mujer legítimamente feminista aspira al mérito, no a privilegios artificiales. La justicia no puede basarse en compensaciones; debe aplicarse con coherencia. Las leyes que crean asimetrías por sexo debilitan la independencia y fomentan la dependencia, mientras la libertad individual termina relegada.
El verdadero feminismo busca mujeres fuertes, soberanas, dueñas de sus decisiones. Una emancipación genuina consiste en crear, amar, educar, trabajar y vivir conforme a nuestro criterio. Todo lo que contradiga esto —especialmente si se presenta como “progreso” para justificar subvenciones o poder político— es femimarxismo: manipulación disfrazada de liberación, generadora de resentimiento y de control.
La igualdad jurídica no se mide solo en leyes o salarios; se mide también en cómo hablamos. Introducir distinciones verbales por sexo —hablar de “hombres” y “mujeres” cuando no es necesario— reproduce divisiones que no tienen sentido práctico y refuerza la percepción de desigualdad.
Imaginemos que un texto legal distinguiera por color de cabello: “los rubios tendrán derecho a esto, los morenos a aquello”. Sería absurdo y discriminatorio. Separar innecesariamente a hombres y mujeres en la redacción oficial es igual de disparatado. La igualdad ante la ley exige neutralidad: tratar a todos como individuos, con derechos y responsabilidades idénticos.
El lenguaje refleja nuestra mentalidad y nuestra cultura. Al enfatizar diferencias sexuales cuando no importan, acentuamos la desigualdad donde deberían imperar la libertad individual y la responsabilidad personal. La verdadera igualdad comienza por reconocer a cada persona como individuo, no como miembro de un grupo determinado por sexo.
El feminismo auténtico es libertad, no victimización. La igualdad no se mide con cuotas ni símbolos, sino por la capacidad de decidir, actuar y florecer sin imposiciones. España —y, por extensión, América Latina— necesita recuperar ese feminismo: uno que empodere, enseñe autonomía y respete la libertad como principio absoluto. Así honramos a quienes lucharon por la igualdad y afirmamos una sociedad en la que cada individuo, sin importar su sexo, pueda prosperar por sus propios méritos.
Olvidar lo que realmente significa batallar por la igualdad, al servicio de intereses políticos pasajeros, convierte aquel épico feminismo histórico en un simple y vergonzoso feminismo histérico.
La versión original de esta columna apareció por primera vez en el portal Okdiario y posteriormente en El Insubordinado.
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