El 8 de marzo no es solo el Día Internacional de la Mujer. Este año, en Colombia, es también el día en que elegimos un nuevo Congreso. Y en Bogotá, esa coincidencia tiene un peso simbólico que no podemos dejar pasar: votamos por quienes nos representarán mientras esta ciudad sigue partida en dos. Una Bogotá donde la pobreza monetaria bajó al 19,6 % en 2024 según el DANE, sí, pero donde la pobreza multidimensional subió del 3,6 % al 5,4 %, dejando a 431.000 personas con privaciones simultáneas en salud, educación, empleo y vivienda. Una Bogotá que celebra cifras mientras sus mujeres, sus niños y sus barrios del sur siguen esperando que alguien los defienda. No desde un escritorio del Distrito. Desde el Congreso.
Se suele pensar que los problemas de Bogotá se resuelven en la Alcaldía. Pero muchas de las deudas más profundas de esta ciudad dependen de leyes que se aprueban o se hunden en el Capitolio. La financiación del transporte público —que hoy obliga a un bogotano a pagar $3.550 por pasaje mientras el Gobierno nacional y el Distrito se pelean por quién pone la plata— se define en el Congreso. El presupuesto para la protección de la niñez —mientras en 2024 el sistema de salud de Bogotá registró 17.077 casos de violencia sexual, el 77,8 % contra menores de edad, según SaluData— se aprueba en el Congreso. La política de vivienda, la reforma al sistema de cuidado, el código de seguridad ciudadana: todo eso pasa por las manos de quienes elegimos el 8 de marzo. Bogotá no puede darse el lujo de enviar al Congreso a quienes no conocen sus calles.
Yo conozco esas calles. He caminado Ciudad Bolívar, donde la pobreza monetaria supera el 57 %. He escuchado a las madres de Bosa y Kennedy, localidades donde según Medicina Legal se concentran cuatro de cada diez valoraciones por riesgo de feminicidio en la capital. He visto lo que significan las 43.771 denuncias por violencia intrafamiliar que registró la Policía en Bogotá en 2024 —un 20 % más que en 2023—, y las 51.070 víctimas notificadas al sistema de salud, de las cuales el 64,5 % eran menores de 18 años. He visto a niñas agredidas en su propia casa —el 58,5 % de los casos de violencia sexual ocurre en la vivienda— y en su propio colegio —el 23,4 % ocurre en instituciones educativas—. Esas cifras no son de otro país. Son de aquí. Son de ahora. Y necesitan quien las lleve al Congreso con la indignación que merecen.
Mientras la administración Galán celebra que nueve de once delitos de alto impacto bajaron en 2025, la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio revela que el 66 % de los bogotanos sigue sintiendo que la inseguridad aumentó. El 56 % dejó de caminar por la ciudad. El 43 % evita el transporte público. Y el acoso callejero saltó del 13,4 % al 19,3 %, con el 73,8 % de las víctimas siendo mujeres. Los homicidios de mujeres aumentaron un 28 % en 2025, según la Policía: 59 frente a 46 del año anterior. Mientras tanto, ¿qué ha hecho el Congreso saliente por la seguridad de las mujeres en Bogotá? ¿Qué ley, qué presupuesto, qué herramienta real ha producido para que una bogotana pueda tomar TransMilenio a las nueve de la noche sin miedo? Esa es la representación que falta. Esa es la silla que quiero ocupar.
No llego al Congreso a calentar curul. Llego a pelear por una ley de cuidado que reconozca las horas no remuneradas de las mujeres bogotanas y colombianas. Llego a exigir que el presupuesto nacional para la protección de la niñez deje de ser residual y se convierta en prioridad. Llego a hacer control político real sobre el gasto en seguridad de Bogotá, que no puede seguir dependiendo de camionetas nuevas mientras los túneles de TransMilenio siguen siendo territorio de nadie. Llego a fiscalizar que el Metro —que avanza al 23 % en estaciones mientras acumula 500 accidentes laborales en su construcción según el Concejo— se entregue con estándares dignos para quienes lo construyen y para quienes lo usarán. Llego a legislar para que en una ciudad donde el trabajo informal afecta al 51,3 % de los hogares, la formalización no sea un eslogan sino una política con dientes.
El Pacto Histórico lleva a la Cámara por Bogotá una lista cerrada de 16 candidatos —paritaria, 50 % mujeres y 50 % hombres— encabezada por María Fernanda Carrascal y con voces como Laura Beltrán, María del Mar Pizarro y este compromiso que les escribo. La lista se construyó con voto ciudadano: más de 379.000 bogotanos eligieron el orden en la consulta del 26 de octubre. No fue a dedo. Fue a voluntad popular. Votar por el logo del Pacto el 8 de marzo es votar por quienes hemos demostrado que la transformación social no es un discurso de tarima sino un trabajo de calle. Es votar por quienes entendemos que Bogotá necesita representantes que legislen con las manos sucias de barrio, no limpias de despacho.
Este 8 de marzo votamos por el Congreso. Pero también votamos por una idea de ciudad. ¿Queremos la Bogotá de los boletines de prensa, donde todo mejora en porcentajes, o queremos la Bogotá donde una madre del sur pueda llevar a su hija al colegio sin miedo, donde un joven pueda tomar el bus sin que le cueste el 6 % de su salario diario, donde una niña de 12 años no sea una estadística más de violencia sexual? Yo sé qué Bogotá quiero. Y sé que no se construye desde la indiferencia. Se construye desde el voto. Se construye desde la rabia convertida en acción. Este 8 de marzo, vote por el Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá. Vote por quienes llevamos las cicatrices de esta ciudad en la piel y la convicción de transformarla en el corazón. Vote por la Bogotá que falta.
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