Vuelve y juega: la aprobación de una ley fundamental para la puesta en marcha de la jurisdicción agraria y rural, uno de los pilares de la reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz del 2016, se encuentra en el limbo, solo le restan dos debates para su aprobación, uno en plenaria de Cámara y otro en plenaria de Senado, pero su discusión se encuentra paralizada en la Cámara y amenaza con el hundimiento de una ley que busca llevar justicia a los territorios más afectados por el conflicto.
Y se enreda en un momento importantísimo, porque la jurisdicción agraria, ya dio pasos muy importantes para su puesta en marcha; inclusive, ya es una realidad sobre el papel de la Constitución y la Corte Constitucional dio luz verde a la ley estatutaria que la reglamenta; ahora, lo que se requiere y de forma urgente, es una ley ordinaria que precise su funcionamiento, es decir, una normativa que trace en detalle tanto su alcance territorial como sus funciones, ya que, por el momento, solo es un artículo de la Constitución que requieren para su aterrizaje de la aprobación de la citada ley.
Y es precisamente la aprobación de dicha ley la que se viene enredando al vaivén de un Congreso que desde hace meses funciona al calor de la coyuntura. Y falta poco, muy poco, para que se convierta en realidad práctica. Es urgente que los congresistas entiendan la importancia de avanzar con prontitud en una discusión que en esencia es un compromiso de estado que busca saldar una deuda histórica con millones de campesinos afectados por el conflicto armado.
Ya pasó que un proyecto de ley que buscaba lo mismo -por otra vía, claro está- terminó siendo arrinconado en los sótanos del infierno. Ocurrió hacia mediados de 2021 cuando una iniciativa legislativa de especialidad agraria y rural -una versión a menor escala de la jurisdicción agraria -se hundió en su último debate.
En ese momento el Centro Democrático, en cabeza de María Fernanda Cabal y el entonces presidente del Senado, Arturo Char -luego condenado por corrupción electoral-, se aliaron para hundir el único proyecto del Gobierno Duque que implementaba un componente del Acuerdo de Paz. Con señalamientos absurdos como que se trataba de “una JEP rural”.
Igual suerte podría correr el actual proyecto de ley ordinaria que reglamenta aspectos centrales de una jurisdicción agraria y rural. Con el agravante de que su aprobación es un mandato constitucional, que va mucho más allá de la fallida propuesta de especialidad agraria y rural del Gobierno Duque, y que, a todas luces, evidenciaría el desinterés del Congreso por un campesinado que este mismo Congreso ya elevó a la condición de “sujeto de derecho y de especial protección”.
La jurisdicción agraria y rural no es un capricho, es un compromiso de Estado que busca saldar -y lo repetiré hasta el cansancio- una deuda histórica con un campesinado que ha visto en la falta de una adecuada administración de justicia uno de los principales factores en la persistencia y prolongación del conflicto. Todavía hay tiempo para su aprobación, así sea poco, pero lo hay. No se puede quemar en la puerta del horno.
Ojalá entre los “Honorables Parlamentarios” prime la sensatez y la crispación política cada vez más creciente no hunda por físico desinterés un proyecto de ley estratégico que, por estos días, pende de un hilo para convertirse en una realidad para millones de campesinas y campesinos.
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