“el crecimiento del aparato estatal no se ha traducido en eficiencia ni en mejoras tangibles para la ciudadanía.”
Colombia ha mostrado un crecimiento económico sostenido en las últimas dos décadas. Sin embargo, ese progreso no ha ido de la mano con un fortalecimiento institucional ni con una mayor eficiencia del gasto público. Al contrario, el país enfrenta hoy una paradoja crítica: un Estado más grande, más costoso, pero cada vez más incapaz de responder eficazmente a las necesidades ciudadanas. La expansión del aparato estatal no ha significado mejores servicios, sino mayores cargas fiscales, estructuras ineficientes y un rumbo preocupante hacia la insostenibilidad.
Entre 2019 y 2024, el gasto de funcionamiento del Estado pasó de $220,7 billones a $308,2 billones, un incremento del 40%, equivalente al 5,5 % del PIB proyectado para este año. Pero, ¿qué tan funcional es este gasto? ¿A qué costo se está sosteniendo este crecimiento?
En salud, el incremento fue de $13,8 billones. De estos, $9 billones se destinaron al aseguramiento por medio del ADRES y $4,8 billones a prevención territorial. Sin embargo, no hubo una reforma estructural que corrigiera las falencias del sistema. La ineficiencia persiste pese al aumento del gasto.
El sistema pensional, por su parte, aumentó en $13,2 billones solo en 2024. $6,1 billones fueron para Colpensiones y el resto para regímenes especiales (Policía, Fuerzas Militares y docentes). Estos recursos, destinados a una minoría, se han convertido en una de las principales fuentes de presión fiscal.
Los gastos de personal son otro ejemplo de la desproporción. De los $12 billones adicionales invertidos, solo $1,6 billones fueron a salarios básicos. En contraste, $8,5 billones se usaron en primas y bonificaciones. El gasto total en personal alcanza los $59,8 billones, representando el 20% del funcionamiento estatal y el 12% del Presupuesto General de la Nación. Es decir, uno de cada cinco pesos del funcionamiento va a nómina, sin que esto se traduzca en mayor eficiencia.
El sector Defensa y Policía concentra el 41% del gasto en personal, con 496.344 cargos, más del 73% del total nacional, por un total de $24,5 billones. Paradójicamente, mientras el gasto en seguridad se dispara, la percepción de inseguridad sigue en aumento.
El Ministerio de Hacienda, con apenas 25.395 funcionarios (el 4 % del total), gasta $9,7 billones, es decir, $382 millones anuales por funcionario, o $31,8 millones mensuales en promedio. Lo mismo ocurre con entidades como:
- Fondo de Adaptación: 87 empleados, gasto anual de $25.696 millones, salario promedio de $24,6 millones mensuales.
- CREG: 19 funcionarios, salario promedio de $23,5 millones mensuales.
En contraste, el Congreso, con 886 cargos, gasta $721.724 millones al año, lo que implica más de $67 millones anuales por funcionario. ¿Es sostenible pagar este nivel de privilegios cuando millones de colombianos enfrentan pobreza estructural?
Según el Observatorio Fiscal, el gasto de funcionamiento ha crecido 40 % en cinco años. Aunque el foco suele ponerse en los salarios, el 82 % del aumento proviene de transferencias corrientes, muchas de ellas asociadas a intereses políticos o clientelismo.
Mientras tanto, el nivel de endeudamiento público podría alcanzar el 63 % del PIB en 2025, acercándose peligrosamente al umbral del 70 % que marca la regla fiscal. Y lo más alarmante: el gobierno no recorta, sino que anticipa recursos del presupuesto de 2026, comprometiendo la sostenibilidad del próximo período y aumentando la deuda para cubrir el presente.
A esto se suma un dato reciente que refleja la tendencia creciente de la burocracia: según Infobae, durante el gobierno actual se han creado más de 27.000 nuevos empleos públicos, lo que contradice las promesas de austeridad y racionalización del gasto.
Entonces, ¿de qué sirve un Estado grande si no responde, si no mejora, si no soluciona? La magnitud del aparato estatal no puede seguir desligada de su desempeño. No se trata de tener más funcionarios, sino de tener mejores resultados.
Colombia necesita con urgencia una reforma técnica y política del gasto público. Ajustar el tamaño del Estado, evaluar el rendimiento de las entidades, exigir presupuestación por resultados, eliminar duplicidades y revisar las estructuras salariales. Porque el gasto público no es abstracto: son los impuestos de millones de colombianos que trabajan, aportan y esperan respuestas.
El futuro fiscal del país está en juego. La insostenibilidad no es una amenaza teórica, es una realidad latente. Y si no corregimos el rumbo, será la ciudadanía quien termine pagando el costo de un Estado que olvidó para qué crece.
Comentar