La Iniciativa por la Minería Responsable rechaza con total contundencia e indignación los sucesivos hechos terroristas perpetrados por grupos criminales que confinaron a la ciudadanía buritiqueña, pusieron en riesgo a la población civil -cerca de 9.500 colombianos a merced de los delincuentes- y destruyeron bienes privados. Expresamos nuestra indeclinable solidaridad con la comunidad afectada por crímenes de lesa humanidad perpetrados por los grupos criminales invasores de la mina Buriticá.
Durante el último mes, los invasores armados ilegales de la mina Buriticá han secuestrado y amenazado a equipos de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería, bloqueado vías de acceso al municipio, al Occidente y a Urabá, amenazado a la Fuerza Pública y confinado a los tres mil habitantes del casco urbano, que permanecen sometidos a sus agresiones.
Desde el año 2018 y hasta el año 2022, el Gobierno Nacional de Colombia, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía municipal de Buriticá, la empresa Continental Gold (hoy Zijin Continental Gold), la ciudadanía buritiqueña, importantes organizaciones sociales y los pequeños mineros, desarrollaron significativos esfuerzos coordinados que lograron generar acuerdos para la gestión local del desarrollo sostenible, fortalecer liderazgos sociales, empresariales y comunitarios y, muy especialmente, asociar y formalizar a pequeños mineros y empresarios convertidos en proveedores de los mineros y exportadores de su producción agropecuaria.
A partir de julio del año 2022, ante la arremetida de actores armados, algunos voceros del Congreso y personeros del Gobierno Nacional, legitimaron la acción violenta de voceros ilegales no reconocidos por los habitantes locales, la destrucción del tejido social, la invasión ilegal de la mina y gravísimas afectaciones a los procesos sociales, el medio ambiente, el desarrollo empresarial local y la formalización minera, ésta última que siguen reclamando operadores legales hoy ignorados por las autoridades nacionales.
Los recientes ataques terroristas son crímenes de lesa humanidad que el Estado colombiano está obligado a combatir según tratados internacionales debidamente ratificados. Ni las instituciones, ni los medios de comunicación y ni voceros pueden explicarlos, justificarlos o admitirlos, menos deberían legitimar vocerías espurias de actores extraños al territorio que han afectado la vida, la seguridad y el bienestar de la población y el territorio. Llamamos entonces a prevenir, contener y sancionar estos actos, garantizando que los afectados y las víctimas reciban justicia, reparación y garantías de no repetición.
Hoy reiteramos nuestros llamados al Gobierno Nacional, la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Gobernación de Antioquia, Corantioquia, la Alcaldía de Buriticá y el Concejo Municipal, a fin de que con total transparencia y debida coordinación garanticen los derechos a la vida, el medio ambiente sano, el trabajo, la libre locomoción,y demás que sistemáticamente son afectados por los invasores ilegales de la mina Buriticá.
Invitamos de manera especial a las autoridades a acompañar y apoyar a la ciudadanía y los empresarios legítimos que trabajan en Buriticá para cuidar de:
- La seguridad dentro de la mina, gravemente afectada por la construcción de socavones irregulares, uso ilícito de explosivos y armas de fuego.
- Los procesos de reforestación y regeneración de terrenos degradados por el uso que la minería criminal hace de peligrosos químicos prohibidos, como el mercurio.
- La transparencia en la operación minera, el uso de recursos de regalías y tributarios y la gestión integral del desarrollo de Buriticá.
- La legitimidad de la operación de Zijin Continental, titular de la concesión de los bienes públicos que debe explotar con responsabilidad, cumpliendo con obligaciones fiscales, laborales, técnicas, sociales y
- El tejido social construido por la ciudadanía buritiqueña y las organizaciones de la sociedad civil que han apoyado los procesos de formación y consolidación de una sociedad participante y respetuosa de la ley.
- El respeto a los líderes sociales y comunitarios que representan con legalidad y legitimidad a la comunidad buritiqueña, condición que se traduce en reconocer y garantizar su vocería como interlocutores reconocidos por una comunidad cuyos derechos defienden.
Del mismo modo, convocamos a los antioqueños y colombianos a que nos unamos en un abrazo solidario que acompañe y defienda a Buriticá, su operación empresarial y la vigencia de las garantías constitucionales. Y ratificamos la exigencia a todas las instituciones del Estado a garantizar los derechos de la ciudadanía buritiqueña; tolerar las afectaciones que se vienen agravando desde finales del año 2022 es profundizar la inequidad y ahondar conflictos que el Estado está obligado a contener.
La Iniciativa por la Minería Responsable es una plataforma para la gestión de diálogos públicos y la generación de contenidos orientados a fortalecer la minería responsable en Colombia. Actuamos en los departamentos de Antioquia, Tolima, Putumayo, Santander y Chocó, interactuando con gremios, expertos, consultores, empresas mineras, pequeños mineros, organizaciones sociales y comunitarias, autoridades departamentales y municipales, que confluyen en la construcción colectiva de propuestas,proyectos y acciones que garanticen territorios mineros sostenibles, en el marco del acuerdo ODS.
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