“Mientras tanto, el debate político electoral se reduce a conversaciones vacías sobre planes de seguridad secretos, promesas de retornos de amados líderes o exigencias a terceros países para que resuelvan el problema local del narcotráfico. Un debate a la altura de sus participantes”.
El decreto de disolución de la Asamblea Nacional, emitido por el presidente Guillermo Lasso, obligó a las organizaciones políticas ecuatorianas a apresurar sus procesos de “democracia interna”, cuya real naturaleza es la preponderancia de la voluntad de una reducidísima cúpula que, en el mejor de los casos, reviste de legitimidad su decisión haciendo que la “militancia” aplauda a los ungidos en algún evento de masas. La única presión externa que han recibido estos caciques ha sido la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que obliga las organizaciones políticas a garantizar la paridad de género en los binomios presidenciales a partir de esta elección, lo que en la práctica significó la búsqueda al apuro de alguna candidata para la vicepresidencia que reemplace al varón previamente elegido. No obstante, algunas diferencias deben ser reseñadas.
En primer lugar, de entre los ochos candidatos presidenciales oficializados, únicamente dos están afiliados a los movimientos que los patrocinan: Luisa González, de la Revolución Ciudadana, y Yaku Pérez, de Somos Agua, movimiento que él mismo fundó hace menos de dos años cuando abandonó Pachakutik. Los seis restantes han optado por la siempre conveniente estrategia de postularse por movimientos con respecto a los cuales no sienten ninguna responsabilidad política.
Ahora bien, de entre estas seis candidaturas surge otro elemento diferenciador, a saber, la estrategia del movimiento que los patrocina. En el caso del Partido Social Cristiano, el objetivo es contar con un candidato presidencial que arrastre votación en favor de los candidatos a asambleístas. La figura de un Bukele ecuatoriano, en un contexto de crisis de inseguridad, resulta altamente rentable para un partido que ha venido perdiendo de forma sistemática bastiones importantes en las últimas elecciones. Conservar una bancada en el legislativo es la prioridad de esta organización. No obstante, el promover nuevamente a un candidato que no pertenece a sus filas acarrea los mismos riesgos que le supuso hace dos años apoyar a Guillermo Lasso, y los resultados podrían no ser muy distintos en caso de alcanzar la presidencia.
Del lado de los movimientos de alquiler, el objetivo es siempre el mismo: ofrecer una candidatura al mejor postor. Así lo han hecho MOVER (ex Alianza País) con Daniel Noboa, Construye (ex Ruptura de los 25) con Fernando Villavicencio, Amigo (movimiento fundado por Daniel Mendoza, quien cumplió una condena por corrupción) con Bolívar Armijos y RETO (movimiento fundado por Paúl Carrasco, quién ha pasado por todos los movimientos habidos y por haber) con Xavier Hervas. Para esta clase de organizaciones la ideología y los objetivos programáticos son irrelevantes; lo único que importa es conservar el registro electoral.
Finalmente, tenemos al infaltable movimiento “atrapalotodo” autodenominado “de centro”, SUMA, que promociona a un candidato, Otto Sonnenholzner, cuyas propuestas genéricas y poco concretas tratan de atraer a una proporción considerable de un electorado huérfano de representación partidista ideológicamente definida.
Mención aparte merece el partido de gobierno, CREO. Sobre si Guillermo Lasso se presentaría a las elecciones no se podía tener ninguna certeza, pues el comportamiento de actores irracionales resulta impredecible, como bien nos ha enseñado la Teoría de la Elección Racional. Al final, su movimiento —que ahora aspira a ser partido—, decidió no presentarse a las elecciones anticipadas. Esto no significa, sin embargo, que el oficialismo no tenga candidato, pues el abogado del presidente durante el juicio político en su contra se ha postulado bajo el auspicio de la alianza entre el mencionado Construye y el movimiento Gente Buena (sic).
Por su carácter atípico, estas elecciones son las más inciertas de los últimos años, no sólo por la alta fragmentación del electorado sino además por la encarnizada lucha entre los candidatos por descalificar a la mayor cantidad de sus contrincantes: “Mercenarios”, “extorsionadores”, “chimbadores”, “mafiosos”, “corruptos”, “camiseteros”, “borregos”. Descalificaciones que tienen eco en el electorado. Y aunque algunos “analistas” se congratulan de utilizarlos, quienes hacen ciencia política no pueden recurrir a estos términos para caracterizar a sus objetos de análisis. Lo que sí les corresponde, en cambio, es estudiar por qué el electorado utiliza estos calificativos para referirse a quienes aspiran a ser sus representantes políticos. El alto grado de indecisión a poco más de dos meses de la elección refleja en buena medida la pésima imagen que el votante medio tiene de los aspirantes a ocupar el sillón de Carondelet.
Para meter aún más el dedo en la llaga de nuestro penoso sistema de partidos, todavía nos resta conocer quiénes serán los ungidos para disputar un escaño en la Asamblea. La única certeza que podemos tener al respecto es que no serán los mejores cuadros —en el caso de que estos existan— de las organizaciones que los patrocinen.
Mientras tanto, el debate político electoral se reduce a conversaciones vacías sobre planes de seguridad secretos, promesas de retornos de amados líderes o exigencias a terceros países para que resuelvan el problema local del narcotráfico. Un debate a la altura de sus participantes.
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