Colombia se encuentra ad-portas de elecciones presidenciales, ejercicio democrático en el que todos y cada uno de los individuos juegan un papel muy importante, pues son estos los que deciden quién será la persona que administrará el país en los próximos cuatro años.
Al momento de votar se deposita la confianza en una determinada persona, por eso el sufragante no debe dejarse llevar por las emociones y mucho menos por los juicios a-priori que tenga sobre algún candidato para definir su plena inclinación en las urnas; esta debe ser una decisión muy bien pensada, pues es una elección que afectará indudablemente de una u otra manera el presente y futuro de la sociedad colombiana.
Ahora bien, entre las cartas a elegir hay ciertas propuestas de los candidatos que por más atractivas que parezcan, no son más que eufemismos; propuestas que pueden resultar siendo muy perjudiciales para el diario vivir en nuestro país, pues hasta las más bienintencionadas son capaces de generar desastrosas consecuencias cuando se implementan por medio de instituciones o incentivos erróneos. Una de esas propuestas es aquella que busca consolidar un Estado más grande, con el fin de tener una “mayor capacidad de lo público”.
¿Qué implica un Estado más grande?
Inicialmente es fundamental destacar de dónde obtiene el Estado los recursos con los que se sostiene, los cuales son destinados para su funcionamiento y la realización de inversiones y gastos que le implican el día a día. Tales recursos son captados por medio de la emisión monetaria, la deuda externa y la recaudación de impuestos, última en la que nos centraremos el día de hoy.
Dicha recaudación es realizada tanto a personas naturales como a personas jurídicas o empresas; impuestos que todos deben pagar de manera obligatoria para que no sean perseguidos por el Estado. Es aquí donde nos percatamos de que realmente el Estado no somos todos, pues aquel que no paga impuestos se le coarta, con el uso de la fuerza, la libertad en el conglomerado social.
Ahora bien, solo por destacar algunos de los principales tributos, se encuentra el impuesto a la renta, enfocado en las utilidades que genera la empresa en el año correspondiente y, eventualmente, en el patrimonio –para este 2022 la tarifa que recae sobre las empresas es del 30%–; también se encuentra el impuesto al valor agregado (IVA), el cual grava la venta de bienes y servicios, y cuenta con una tarifa del 19% con algunas excepciones; asimismo, en Colombia se tienen otros impuestos como el ICA y el famoso 4×1.000.
Por lo tanto, ¡el tamaño sí que importa! Así como para llenar de agua un vaso grande se requiere mayor cantidad que la requerida para rebozar uno pequeño, si entendemos que el Estado se financia por medio de los impuestos que pagan todas y cada una de las personas presentes en Colombia, quienes de por sí se ven obligadas a pagar altas tasas impositivas, el hecho de aumentar el tamaño del Estado representaría una gran amenaza para el bolsillo de estas, ya que las personas, tanto naturales como jurídicas, se verían sometidas a solventar en mayor medida los impuestos que tanto carcomen los recursos obtenidos con esfuerzo gracias al fruto del trabajo, el ahorro y la inversión. Ello provocaría, sin lugar a dudas, que la ciudadanía cuente con menos recursos disponibles para obtener los bienes y servicios que necesitan para subsistir, causando además que sea mucho más difícil el ejercicio de la empresarialidad debido a los altos costos en materia impositiva en los que incurrirían las empresas presentes en el territorio colombiano y haciendo que se torne cada vez más inviable para invertir, crear y sostener empresa.
En ese orden de ideas, se concluye que al analizar uno de tantos eufemismos utilizados en época de campaña electoral, cuando se habla de aumentar la capacidad o el tamaño del Estado, constituye un gran peligro para los colombianos. El aumentarlo, implicaría un mayor recaudo de dinero por medio de impuestos, ya que el dinero con el que se financia no cae del cielo, sino que sale del bolsillo de todos y cada uno de los colombianos, reduciendo así la facilidad para adquirir bienes y servicios; los individuos contarían con menos recursos disponibles y las empresas estarían forzadas a aumentar los precios de sus productos en razón de la subida en las tarifas impositivas estatales.
En contraparte, una mejor opción que beneficiaría las condiciones de los colombianos es la reducción del Estado, medida que los políticos temen adoptar, pues al ponerla en marcha, echarían mano de menos dinero para su funcionamiento, dejándolos a su vez con menos recursos disponibles para repartirlos entre sí mismos por medio de la famosa “mermelada” que tanto les encanta.
Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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