La izquierda radical hizo un escándalo con la extradición de Otoniel, uno de los peores criminales que hayamos visto por estos lares, lo que es mucho decir en un país en que ha parido a Pablo Escobar, al Mono Jojoy y a Luis Alfredo Garavito, entre otros.
Otoniel es la prueba de que la solución para la violencia no pasa por pactar con los grupos criminales. Fue guerrillero y después miembro de las AUC, en ambos casos de desmovilizó y volvió a delinquir. Después se convirtió en el jefe del clan del Golfo, heredero de los Urabeños. La clave de su recorrido violento, como el de casi todos los integrantes de los grupos armados ilegales, es el narcotráfico.
Sostienen que su extradición es la prueba de la incapacidad del sistema judicial colombiano. No dudo de las fallas y debilidades de ese sistema, que he comentado en muy distintas ocasiones, pero este no es el caso. Según la Fiscalía, Otoniel tenía en su contra 122 órdenes de captura, por los delitos que van desde violación de menores hasta crímenes de lesa humanidad, y seis condenas, «entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzada, reclutamiento ilícito de menores». En relación con Otoniel, la justicia colombiana ha hecho su tarea eficazmente.
Dicen también que el Estado quería silenciarlo y que la Policía no quería que hablara. Falso. Su captura fue resultado de una operación combinada de las fuerzas especiales del Ejército, la inteligencia de la Policía y la Fiscalía. Por difícil que fuera, se le aprehendió sano y salvo (en cambio, en esa operación sí murió el intendente de la Policía Edwin Guillermo Blanco). Se le mantuvo vivo durante todo el tiempo que estuvo encarcelado en Colombia. Y desde Estados Unidos podrá decir lo que quiera, incluso con mayor seguridad para su vida e integridad física que la que podría tener acá.
Así que, contrario a lo que alegan, la extradición no vulnera el derecho a la verdad. Decenas de extraditados han rendido versiones en centenares de audiencias y actuaciones judiciales. Incluso han opinado por fuera, como lo hiciera recientemente Mancuso. De manera que Otoniel podrá seguir hablando lo que quiera. Y las autoridades tendrán que valorar y contrastar sus versiones, corroborar a través de otros medios de prueba, en cada caso para establecer la verdad.
Tampoco es cierto que la extradición vulnere la soberanía nacional. La extradición es un mecanismo de cooperación judicial para la lucha contra el delito de origen milenario y funciona en la inmensa mayoría de países del mundo. Noticias de un acuerdo de extradición entre Ramsés II y los hititas datan del año 1259 antes de Cristo. Hay una copia en la sede de la ONU en Nueva York.
En Colombia la extradición opera desde fines del siglo XIX. Contrario a lo que afirman, no solo se extradita a los Estados Unidos, aunque allá van alrededor del 70% de los extraditados. También se extradita a muchos otros países como España, Argentina o Brasil. Y no solo se envían por narcotráfico, aunque las causas por este delito correspondan a cerca del 60%. Por cierto, también Colombia solicita a otros países que extraditen ciudadanos, nacionales y extranjeros, que han cometido delitos acá. Por sus ataques a la extradición supongo que la izquierda no quería que, por ejemplo, España extraditara a Carlos Mattos.
Para aclarar las mentiras difundidas desde los extremistas, no es el Gobierno quien decide a quien extraditar o a quien se solicita en extradición. Solo es posible extraditar después de un concepto de la Corte Suprema que lo autoriza. Y tampoco es cierto que queden en impunidad los delitos cometidos en nuestro país. A los delincuentes los devuelven a Colombia a cumplir sus condenas después que cumplan las del país al que fueron extraditados.
En fin, la izquierda radical, con exactamente el mismo discurso de Escobar y «los extraditarles» que tanta muerte y sangre nos costó, sostiene que la extradición viola la soberanía nacional. Como he mostrado arriba, es absolutamente falso. La extradición se hace en virtud de decisiones soberanas de los estados, que celebran distintos acuerdos para facilitarla, y con participación activa e indispensable de la rama judicial.
Sin extradición la lucha contra el delito en el mundo sería imposible. Bastaría con que un delincuente salga del territorio del estado donde ha delinquido para asegurar su impunidad. La izquierda lo sabe.
Ahora suma otro motivo a sus críticas a la extradición. Antes eran ideológicas y resultado de su odio a los Estados Unidos. Los ataques de hoy son además parte de una estrategia del Pacto Histórico de ganar la Presidencia a como de lugar. Por eso está buscando apoyos políticos en las cárceles y me pregunto si también dinero. Por eso el hermano de Petro hace ofertas a los corruptos y parapolíticos de la Picota. Por eso Piedad Córdoba hace lo mismo con los narcos. Por eso Petro dice que «mi justicia es la justicia de Colombia» y que «no se arrodillará a poderes extranjeros». Por eso ofrecen «perdón social» para los delincuentes. Por eso proponen «una JEP para el narcotráfico» con «beneficios jurídicos» para ellos. Por eso ahora atacan la extradición de Otoniel.
Son distintas fichas de la misma estrategia. Todo vale, incluso alienarse con los peores bandidos y atacar la extradición, cuya defensa costó la vida y la sangre de tantos colombianos ilustres y valientes y de tantos inocentes.
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