El Estado colombiano esperó más de 16 años -algo más de un cuarto de su existencia- para inspeccionar en serio las condiciones estructurales del principal -y hasta hace tres años único- puente que conecta vehicularmente a Flandes, Tolima, con Girardot, Cundinamarca.
Esta vez, según unas declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que la Radio Nacional de Colombia reprodujo en su página web, serán cuatro semanas durante las cuales se «llevarán a cabo estudios adicionales con el fin de obtener más detalles sobre las posibles alternativas que se puedan implementar, siempre y cuando no se encuentren condiciones adversas en el sitio y/o en los elementos explorados que lo impidan, ya que es una estructura que tiene más de 70 años».
Si se toma en serio y literalmente lo que dijo el vicepresidente -y no puede ser de otra manera-, esas 50 palabras pueden traducirse así: (i) durante el cierre no se harán intervenciones estructurales en el puente; (ii) el cierre es para saber qué se puede hacer, que no es lo mismo que eso se haga y que se haga antes del 17 de agosto; (iii) es posible que el cierre dure más de cuatro semanas, y (iv) las inspecciones que el concesionario Vía 40 Express hizo entre marzo y abril de este año no fueron suficientes para saber qué hay que hacer.
Desde antes de la pandemia era evidente que el puente Ospina Pérez necesitaba al menos un mantenimiento -y quién sabe si una rehabilitación-; no solo por el alto flujo de carga liviana y pesada que cruza el puente, no solo porque los vehículos y los peatones suelen bambolearse cuando cruzan los 213,6 metros del puente, sino también porque en el costado de Girardot el puente está anclado a un área con alto riesgo de erosión. Además, para empeorar las cosas, en la zona decenas de familias han invadido ambos lados de la ribera del río Magdalena para construir sus viviendas.
La inspección y el mantenimiento del puente pudieron hacerse hace un año, cuando el país estaba en cuarentena estricta y la movilidad estaba restringida casi totalmente. Entonces nadie se preocupó por el puente ni por la seguridad de los usuarios: ni el alcalde de Flandes, que estaba más interesado en mandar a sus funcionarios a vigilar los retenes, ni el alcalde de Girardot, que sabe Dios en qué andaba, ni el gobernador de Cundinamarca, que entonces estaba más ocupado por hablar que por gobernar, ni los ingenierísimos del concesionario de la Vía 40 Express o de la ANI -criaturas de la misma alienígena especie de los del IDU-, que vigilaban que el puente Ospina Pérez siguiera vacío.
Todos esperaron hasta que las consecuencias fueran apabullantes para el pueblo de Girardot y de Flandes para intervenir el viejo puente: los tiempos de los desplazamientos entre uno y otro municipio a través de las vías alternas se duplicaron y se triplicaron, y los especuladores de Flandes están haciendo su agosto -literalmente- con la carestía de los productos básicos, como si la crisis económica por cuenta de la pandemia no hubiera golpeado suficientemente los bolsillos de unas familias aquejadas ya por la informalidad, la inseguridad y la insuficiencia de oportunidades.
Y nadie habla de cómo se compensarán los graves perjuicios económicos y sociales que el cierre está causándole a los habitantes de ambos lados del puente. Esa es una pregunta que no va al caso, porque en Colombia la callada resignación del pueblo es la unidad de medida y de cambio de la incapacidad de los gobiernos locales para cumplir con sus funciones.
Twitter: @dpovedaq
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