“ Pareciera que las condiciones inhumanas con las que laboran estos mineros es una manera de explotación moderna y que hasta el momento, ninguna autoridad o institución oficial lo ve con malos ojos.”
Una vez más el luto invade a familias de mineros en México. Siete personas fallecieron al interior de la mina Micarán, ubicada en el municipio de Múzquiz, en el estado de Coahuila (norte del país), debido a que quedaron atrapados a causa de la ruptura de una represa en una cavidad antigua que estaba llena de agua.
Esto sucedió el pasado 4 de junio y las labores de rescate de los siete cuerpos, duraron más de 150 horas de trabajo continuo por parte de 166 elementos del Ejército y la Guardia Nacional que participaron en estas acciones.
De acuerdo a las autopsias que se aplicaron a las primeras víctimas que sacaron del fondo de esta mina, la causa de la muerte fue asfixia por sumersión (ahogamiento), según informaron las autoridades.
Este accidente -como lo llamó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador- ha atraído otra vez los reflectores debido a que algunas organizaciones civiles ya habían advertido de las malas condiciones en que laboraban los mineros en Micarán. Fueron los propios obreros quienes levantaron la voz para dar a conocer su situación y nadie les hizo caso.
Como un tributo solemne a las víctimas, publicamos aquí sus nombres para que nunca se olviden y estén presentes en la memoria popular: Mauricio Cortez, Humberto Rodríguez, Pedro Ramírez, Damián Ernesto Arias, Gonzalo Cruz Marín, Leopoldo Méndez Sánchez y Carlos Moreno Cervantes.
Pero tenemos que ir a un antecedente vergonzoso para México, cuando 65 mineros carboníferos en la mina Pasta de Conchos (también en el estado de Coahuila) perdieron la vida, cuando el 19 de febrero de 2006 una explosión por acumulamiento de gases causó el colapso de varios túneles, sepultando para siempre a 63 personas cuyos cuerpos nunca los pudieron rescatar.
Sobre ese terrible accidente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló en su momento: “Es importante resaltar que el lugar ya había tenido reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas y muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas anteriormente detectadas”.
En el caso más reciente de la mina Micarán de Múzquiz, la historia es muy parecida. De acuerdo a la organización civil Pasta de Conchos, Carlos Moreno Cervantes, uno de los cadáveres encontrados, denunció las malas condiciones laborales y el peligro que corrían derivado de las precarias medidas de seguridad en la propia mina, la falta de equipo y uniformes adecuados para esta labor y sobre todo, por la falta de atención de las autoridades para regular estos negocios.
Cristina Auerbach, de la organización Pasta de Conchos, declaró al periódico El País que “habían enviado una carta y fotografías de las condiciones de la mina” a las autoridades y agregó: “les entregamos todo para evitar una desgracia como esta y no nos hicieron caso”.
En un comunicado de prensa de esta misma organización y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), pusieron en relevancia el dolor humano que significa para los mineros de esta región de México este tipo de accidentes, generados principalmente por la inacción, omisión o complicidad de las autoridades.
Estas historias se “ilustran con dolorosa claridad en el caso de la familia del minero Pedro Ramírez, que antes de perderlo en la mina de Múzquiz, ya había perdido a dos familiares en el siniestro de Pasta de Conchos y uno más en otras cuevas inundadas hace dos años”.
Es decir, más que trabajar para vivir, parece que estos mineros trabajan para perder a sus seres queridos. De ahí la necesidad y la urgencia de implementar “medidas de no repetición, que buscan corregir las deficiencias estructurales que dan lugar a estas afectaciones a la vida de los trabajadores”, dicen estas dos ONGs.
Pero además de la tragedia humana, el accidente de Múzquiz tiene un componente más. De acuerdo a los propios mineros, la Comisión Federal de Electricidad (empresa paraestatal que genera la mayor parte de la energía que se consume en el país) es la que compra el carbón que sale de estas minas para cubrir sus necesidades.
La CFE desmintió en un comunicado, que “la mina donde ocurrió el lamentable accidente en Coahuila sea proveedora de carbón” y en consecuencia, “era imposible que su director estuviera enterado del estado de la mina”.
Sin embargo, todo apunta a que en este modelo minero de “pocitos de carbón” y “minitas de arrastre”, participan muchas empresas que al parecer, unas son las responsables de la producción y otras de la distribución y venta del carbón a empresas como la CFE, pero todas están relacionadas entre sí, cosa que las autoridades no han detectado o no lo han querido hacer.
Pero no son solo estos dos casos que por su gravedad han ocasionado una cobertura nacional e incluso internacional, sino que se trata de una actividad productiva que si bien genera millones de ingresos para el país, también acumula cientos de muertos que nadie ve. De acuerdo a cifras la organización Pasta de Conchos, son al menos 100 los mineros que han fallecido en los yacimientos de carbón desde el 2006.
Pareciera entonces que las condiciones inhumanas con las que laboran estos mineros, es una manera de explotación moderna y que hasta el momento, ninguna autoridad o institución oficial lo ve con malos ojos. O al menos ese es el mensaje que mandan con sus inacción, mientras como ya lo dijimos se siguen acumulando los muertos.
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