“Los alcances que puede tener el clima de violencia política son graves, amenaza la estabilidad y la gobernabilidad de muchas regiones del país.”
Como siempre sucede cuando la violencia escala a niveles insospechados, todo lo contamina y amenaza a todos los sectores de la sociedad, incluso a aquellos que se creían intocables. México vive desde hace 15 años un ambiente violento que literalmente ha manchado de sangre todo el territorio nacional y si bien al principio se decía que solo afectaba de manera directa a las bandas criminales, ahora golpea a todos los ciudadanos, incluida la clase política.
En las vísperas de celebrarse las campañas electorales más grandes de la historia de México, donde se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados, así como 15 gubernaturas estatales y diversos cargos estatales y municipales en los 32 estados del país; la situación de inseguridad que viven los candidatos políticos es alarmante.
De acuerdo al Informe de Violencia Política en México 2021, elaborado por la empresa Etellekt Consultores, estas elecciones son ya las más violentas de la historia del país, al registrar el asesinato de 34 candidatos a algún puesto de elección popular, pero en total van 88 políticos (personas ligadas a un partido o institución de gobierno) que han sido asesinados desde el 7 de septiembre del 2020, día en que comenzó oficialmente el proceso electoral.
Estas cifras se traducen en que prácticamente ha muerto un político cada tercer día en lo que va de las elecciones 2021 y de acuerdo a datos de la Seguridad Pública del gobierno federal, más de la mitad de la violencia contra políticos se concentra en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Sin embargo, Etellekt Consultores señala en su informe que “las agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso abarcó a 31 entidades y 321 municipios de la república (13% del total de municipios)”.
Para perpetrar estas acciones de violencia, ya sea que vengan del crimen organizado o de políticos opositores, los autores utilizan los mismos métodos de las mafias, en donde el daño físico se traslada a los familiares como una manera de generar presión y de acuerdo a esta empresa consultora, 28 familiares de políticos han sido asesinados durante las campañas electorales.
“De los 28 familiares de políticos asesinados, 14 tenían un lazo consanguíneo con personas aspirantes y candidatas”, dice el informe.
La gravedad de la situación ha puesto en entredicho la libertad que puedan tener los ciudadanos para elegir libremente a los candidatos, pero también condiciona la manera en que los eventuales triunfadores puedan gobernar bajo la amenaza de ser alcanzados por este brazo ejecutor, que intenta mantener un control desde las sombras.
De esta “competencia de los criminales o de políticos ambiciosos para controlar municipios”, dice el académico y activista Sergio Aguayo, ya que intentan apoderarse de las alcaldías usando «balazos o billetazos para imponer o incrustar a su gente en los gobiernos».
Ante tal situación, “la violencia política representa no sólo un atentado a la democracia”, dice Etellekt Consultores, sino que “compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios”.
Esto a “mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas, que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos”, agrega
Los alcances que puede tener el clima de violencia política son graves, amenaza la estabilidad y la gobernabilidad de muchas regiones del país, en donde operan abiertamente grupos del crimen organizado y esto preocupa al gobierno federal.
«Hay un partido que intenta también competir, que es el partido del crimen. Establecen campañas del miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian», señaló la ministra de Seguridad Pública del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez.
También levantó la voz Olga Sánchez Cordero, ministra de la Secretaría de Gobernación, al señalar que “el mayor riesgo de gobernabilidad y al proceso electoral que hemos detectado desde el gobierno de la República, es lamentablemente la actividad de grupos del crimen organizado que pueden afectar y lastimar, incluso como lo hemos estado viendo, al extremo de privar de la vida a candidatas y candidatos sin distinción de partido político, de colores”.
Pero a pesar de la gravedad de la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la sociedad de no tener miedo para ir a las urnas, salir a votar y no permitir que los grupos criminales, “las mafias” o quien quiera que sea que ha generado este clima de violencia, “se impongan a través de la violencia”.
Y es que a nivel político, en estás elecciones está en juego la posibilidad de que AMLO pueda seguir operando desde el Congreso, con una mayoría que le asegure materializar iniciativas de leyes que son fundamentales para su proyecto de gobierno; pero a nivel de democracia electoral, estas elecciones pueden ser el inicio del deterioro de la libertad del voto popular y de unas elección seguras, para regresar eventualmente a los tiempos post-revolucionarios en donde las urnas solo servían para validar el triunfo del candidato que más opositores asesinaba.
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