El 6 de junio de 1994, después de un terremoto de 6 grados en la escala Richter, se produjo la avalancha del río Páez, que afectó 15 municipios de los departamentos de Cauca y Huila. Han pasado 27 años desde entonces y la entidad, de nombre increíblemente largo como su duración, creada para atender esa tragedia, la “Corporación nacional para la reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas Nasa Kiwe”, aún aparece en el Presupuesto General de la Nación (PGN) con una partida de 19.268 millones de pesos.
Eso es lo que llaman inflexibilidad a la baja del gasto: crear entidades con un objetivo temporal que nunca se cumple y siempre está en ejecución. También es inflexibilidad en el gasto la creación de entidades que cumplen funciones asignadas a otras o que son completamente inocuas o ambas cosas.
Es difícil entender qué pueda hacer, aparte de reprocesar información de otras entidades gubernamentales, la flamante Contaduría General de Nación que se gasta en su inasible función la suma de 25.143 millones de pesos anuales. Más inasible aún es la función de la Unidad Administrativa especial Junta Central de Contadores que por la bicoca anual de 13.151 millones suministra sus invaluables servicios a un país ávido de ellos. Seguramente, para auditar el buen manejo de los recursos a cargo de esas entidades, se creó la Auditoría General de la República, que ejerce sus inapreciables funciones por una modesta anualidad de 42.312 millones.
Aparte de quienes trabajan allá, nadie ha oído hablar en el país, no es sarcasmo, del Instituto Nacional de Sordos, o visto, tampoco es sarcasmo, las actuaciones del Instituto Nacional de Ciegos que, por 11.433 millones anuales, el primero, y 7.498, el segundo, adelantan sus humanitarias labores.
Creo que es un error haber mencionado este par de entidades pues ello puede dar lugar que empiecen a surgir en el Congreso muchas inquietudes: ¿por qué más dinero para los sordos que para los ciegos? ¿por qué no tener también un instituto para los parapléjicos, otro para los mancos, uno más para los mochos, uno para los tuertos y otro, ¡cómo no! para aquellos que les falta en dedo anular de la mano izquierda?
Me resulta completamente incomprensible que, para la realización de un par de subastas cada dos o tres años, sea necesaria la Agencia Nacional del Espectro con un presupuesto de 34.574 millones de pesos anuales. Nadie sabe qué planea la “Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte”, por 9.422 millones anuales; ni qué regula la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte por 1.210.
Cosa curiosa es también la “Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias”, con un presupuesto de cercano a los 29.252 millones, que nadie sabe muy bien en qué se diferencia de la Superintendencia de Economía Solidaria, supuestamente encargada de “vigilar regular y controlar” el accionar de las más de 16.000 entidades sinónimo de lucro – perdón, es “sin ánimo” – que existen en el País, para lo cual tiene un presupuesto de 61.300 millones de pesos.
Y desfilan ahora las “Agencias”, el nuevo mantra de la administración pública, la mayoría de ellas creadas bajo el gobierno de Santos y su Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien hoy reclama austeridad. Son como 20, menciono solo tres de ellas.
Está en primer lugar la “Agencia Presidencial de Cooperación Internacional” que se gasta 33.145 millones en Dios sabe qué. Bueno, se tiene un indicio: el 86% de su presupuesto es pura nómina. Quizás mas aterradora es la “Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas” que, con un presupuesto de 71.185 millones, compra y restaura edificios que serán llenados de funcionarios públicos. En fín, sigue la Agencia de defensa jurídica del estado” que debería destinar su presupuesto de 95.000 millones a defender a los ciudadanos de la voracidad del estado.
La joya de la corona de las entidades de dudosa utilidad la constituye la Defensoría del Pueblo, entidad que se disputan políticos a los que no le alcanza la moña para alguno de los tres grandes entes de control, pero que se cotiza cada vez más por el monto de su presupuesto. Hace cinco años estaba en 453.000 millones, hoy llega 710.623, solo un 20% menor que el de la Procuraduría. Aparte de interferir la acción de la Fuerza Pública y de desacreditarla en sus mediocres y sesgados informes, plagados de imprecisiones y atentados contra la gramática, nada es lo que puede rescatarse de esta entidad.
La tabla presenta los ahorros que se obtendrían con la supresión de las entidades de dudosa utilidad que se ha mencionado anteriormente. Pero seguramente está incompleto. Para ampliarlo bastaría con tomar el PGN y en la función “buscar” poner palabras como “agencia”, “unidad administrativa especial”, “Comisión”, “Corporación” y seguramente se encontrarán otros engendros burocráticos tan o más insólitos que los indicados.
Los centros de investigación económica que contratan con el gobierno saldrán a decir que esos recortes son imposibles porque el gasto público es inflexible y todas esas entidades están amparadas por leyes o artículos de la constitución. Siempre me ha sorprendido que la inflexibilidad del gasto sea solo a la baja y que solo pueden aprobarse leyes que creen entidades y jamás puedan aprobarse las que las suprimen. El corolario de esto la justificación de todo aumento de los impuestos.
Las leyes que crearon esas entidades no fijan la cuantía de su presupuesto. Basta una directiva del Ministerio de Hacienda que ordene, por ejemplo, su reducción a la quinta parte. El encargado ya verá cómo lo hace.
Ahora bien, como el Ministro de Hacienda, habitualmente prudente, anda asustando a todo el mundo con el cuentazo de que no tiene con qué pagar la nómina, de que las calificadoras nos van a quitar el grado de inversión y que todos los pobres se van a morir de hambre sin no les dan de forma permanente el tal ingreso solidario, bien podría reunir todos esos argumentos y muchos más para montar una exposición de motivos para declarar el estado de emergencia económica y social y expedir los decretos legislativos que permitan recortar, fusionar y suprimir todas esas entidades que comen el presupuesto de la Nación.
No está escrito en la Constitución que el estado emergencia solo pueda declararse para aumentar el gasto y no para reducirlo. Además, la generación de superávit primario, que es lo que espera el mercado, es más seria, creíble y sostenible con la reducción del gasto que con un aumento de los impuestos, que solo aplaza el necesario recorte del estado burocrático que agobia a los contribuyentes colombianos.
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