“De la misma manera que los republicanos pasaron la primera ley antimonopolio con el Sherman Antitrust Act de 1890, citando la necesidad de regular la competencia para proteger la competencia, la Orden Ejecutiva sobre Prevenir la Censura En Línea de mayo 28, 2020, argumenta que para proteger la libertad de expresión, la libertad de expresión debe ser regulada.”
En los últimos años la política de Estados Unidos, y por ende la del resto del mundo, cambió de forma significativa debido a su inmersión en las redes sociales. Durante las elecciones presidenciales de 2016, los candidatos Donald Trump, Hillary Clinton y Bernie Sanders utilizaron Twitter como plataforma de discusión. No sólo enviaban comunicados a millones de personas en tiempo real, sino que se encontraron en diálogo entre ellos. Entonces se popularizó el lenguaje del actual presidente con sus insultantes apodos como Torcida Hillary (del inglés crooked, queriendo decir corrupta). El presidente Trump ha utilizado a lo largo de su primer término esta plataforma de forma compulsiva, efectivamente como una extensión de su posición como líder del Ejecutivo, como aquella vez en marzo 2018 cuando despidió a su secretario de Estado, Rex Tillerson por medio de un Tweet.
El pasado miércoles 14 de octubre una historia en el New York Post causó revuelo en las redes americanas. Este tabloide amarillista propiedad de Rupert Murdoch, el magnate de medios (dueño también de otros más conocidos como Fox News y The Times), publicó una nota donde se presentan emails que parecen implicar a Hunter Biden, hijo del candidato a la presidencia por los Demócratas, en actos de corrupción por medio de sus intereses comerciales en Ucrania. El NY Post recibió los emails de Rudy Giuliani, quien fue alcalde de la ciudad de New York y que ahora ejerce como el abogado personal de Donald Trump. Es el mismo Giuliani de quien en el año pasado Robert O’Brien, asesor de seguridad nacional, advirtió directamente al presidente de no confiar en él, dado sus contactos con agentes de inteligencia rusos en su viaje a Ucrania ese mismo año. La noticia del NY Post contra los Biden, que según los análisis del resto de medios no sólo es inverificable sino que directamente contradice la evidencia histórica de lo que pretende relatar, tiene todas las marcas de desinformación. Se esparció como fuego.
Twitter y Facebook procedieron a bloquear acceso al artículo desde sus plataformas, citando sus políticas sobre el contenido compartido en sus redes así como su potencial de generar daño. Un segundo estallido irrumpió en las redes, propulsado primordialmente por líderes Republicanos y Fox News, en donde se acusa a las redes sociales de “censurar” noticias que favorecen a Donald Trump y perjudican a su rival en elecciones, a pesar de que la noticia estaba a disponibilidad de quien la quisiera leer en el sitio web del Post. De repente, comenzaron a decir, las plataformas en línea tienen una agenda política.
Esta clase de moderación de contenido no es nueva. Ya desde inicios de la década pasada Twitter bloqueaba contenido y cuentas de usuarios ofensivos y abusivos. En 2019, la compañía introdujo una regla que bloquea usuarios cuando distribuyen contenido hackeado, lo que se vio en acción el pasado junio cuando bloqueó tweets compartiendo información robada por Anonymous en los llamados BlueLeaks. Hoy, las redes sociales están empezando a lidiar con un fenómeno antiguo pero que está teniendo un nuevo auge en la era del internet: la desinformación. Si bien las empresas están tomando mayor responsabilidad en cuanto a la forma en que ciertos usuarios hacen uso de su espacio, este desarrollo no es del todo orgánico. Durante la última década, organismos nacionales y supranacionales, como el Congreso de Estados Unidos y la Unión Europea han estado presionando a las plataformas en línea a tomar medidas para defender a los sistemas democráticos de interferencia externa. Lo ocurrido con la nota sobre Hunter Biden es un caso ilustrativo.
No era necesario, en todo caso, que la historia del NY Post fuera en lo más mínimo creíble. El objetivo de la desinformación no es, precisamente, hacer creer noticias falsas, sino minar la confianza de las personas en la posibilidad de saber la verdad. En otras palabras, crear volatilidad en una sociedad civil dependiente de las redes sociales como fuente no sólo de interacción social sino de información accionable. Cuando la verdad no se puede distinguir, como lo ha relatado ya hace tiempo George Orwell en su famosísima y siempre relevante novela 1984, la única opción es someterse al juicio de las autoridades. Ahora, porque plataformas como Twitter y Facebook sólo muestran a sus usuarios lo que estos quieren ver y no necesariamente lo que sea real, se crea una cámara de ecos en donde prolifera la desinformación que, al volverse irrelevante consultar otras fuentes o medios, se repite como veraz sin cuestionamientos. Donald Trump, haciendo uso de su posición como líder y representante del partido Republicano, publicó el siguiente tweet a sus más de 87 millones de seguidores la misma tarde de la noticia del NY Post:
Tan terrible que Facebook y Twitter eliminaron la historia de los correos electrónicos “Pistola Humeante” relacionados con Soñoliento Joe Biden y su hijo, Hunter, en el @NYPost. Para ellos es sólo el comienzo. No hay nada peor que un político corrupto. DEROGUEN SECCIÓN 230!!!
So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020
Así, una línea de elementos desconectados encuentra una narrativa legitimada por el presidente del país. Las grandes corporaciones tecnológicas, al bloquear acceso a información sobre corrupción sobre su rival demócrata, son parte de un complot para robarle las elecciones al candidato Republicano, Donald Trump. “DEROGUEN SECCIÓN 230!!!” twitteó el presidente de los Estados Unidos, como una salida a todo este caos y degradación de las redes sociales. El resultado es espectacular: una sustancial porción de la población americana y extranjera enardecida contra las corporaciones y la campaña de Joe Biden, así como con el partido Demócrata, junto con la directiva que lo solucionaría.
La Sección 230 del Communications Decency Act establece que las compañías que operan plataformas en línea no pueden ser legalmente responsables del contenido que terceras personas publican en sus redes. También se reconoce el derecho de las compañías a determinar el contenido que permitirán. De la misma forma que un grupo en WhatsApp puede decidir eliminar a un miembro por cualquier motivo, sea justificado o no, también lo pueden hacer las compañías. Es decir, esta es la facultad que permite a estas compañías moderar el contenido que se publica en sus redes y foros en línea, que es una cualidad fundacional del internet porque permite la libre circulación de información y la libre moderación por parte de las plataformas. Sin esta ley, no podría ya hablarse de libre moderación sino de censura, porque, por ley, habría contenido y comportamientos prohibidos no sólo en redes sociales, sino en todo internet.
A principios de este año, Twitter determinó que ciertos tweets de Donald Trump no proveían información confiable, al diseminar información falsa al afirmar que votar en las elecciones por correo tradicional es inseguro. Twitter agregó una nota debajo de los tweets del presidente con enlaces a fuentes de información confiable sobre el sistema de votación por correo. En respuesta, el presidente firmó una orden ejecutiva pidiendo mayores regulaciones a las redes sociales en el nombre de la libertad de expresión. De la misma manera que los republicanos pasaron la primera ley antimonopolio con el Sherman Antitrust Act de 1890, citando la necesidad de regular la competencia para proteger la competencia, la Orden Ejecutiva sobre Prevenir la Censura En Línea de mayo 28, 2020, argumenta que para proteger la libertad de expresión, la libertad de expresión debe ser regulada.
Los críticos y defensores de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos inmediatamente cuestionaron la orden. “Esto está simplemente poniendo las ruedas de la ley y la regulación en marcha contra una compañía privada por cuestionar al presidente,” dijo Matt Schruers, presidente de la Asociación de la Industria de la Computadora y Comunicaciones, una asociación comercial basada en Washington que representa a Facebook, Google y otras gigantes tecnológicas. Las instituciones americanas han estado pugnando las implicaciones de esta orden ejecutiva, como con todas las directivas arbitrarias del presidente a lo largo de su mandato. El jueves 5 de octubre, un día después de la nota sobre Hunter Biden, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la máxima autoridad reguladora de comunicaciones internacionales e interestatales del país, anunció su intención de considerar una reforma a la Sección 230.
El problema de la desinformación es más grande que Estados Unidos. Pero lo que suceda en ese país resonará en el resto del mundo y marcará la pauta para una nueva fase de la evolución histórica de las comunicaciones en línea. Trump no está solo en su interés en eliminar la Sección 230, ya que Joe Biden también quiere su derogación. Aunque ambos están de acuerdo en aumentar el control gubernamental sobre las redes sociales y demás plataformas en línea, sus objetivos actuales parecen diferir, al menos por el momento. A Trump le preocupa no poder utilizar la desinformación para causar un caos del que puede emerger como autoridad, a Biden le preocupa que las redes permitan que se expanda la interferencia externa contra la sociedad civil. Uno quiere proteger a la desinformación por ley, el otro quiere eliminarla por ley. Uno busca regular el contenido que las compañías pueden moderar, el otro quiere regular el contenido que los usuarios pueden compartir. Esta distinción, en última instancia, bien podría ser ilusoria y más tenemos que tomar en cuenta la amenaza de un gobierno, cualquier gobierno, regulando el contenido de nuestro discurso en las redes. Este es precisamente el objetivo de los enemigos de la democracia liberal, regímenes como Rusia y China que desde la crisis de 2008 han empezado a proponer (y a dispersar por medio de campañas de desinformación) que el modelo liberal-democrático está llegando a su límite, que la interconexión degenera en caos y que la única forma de seguir adelante es a través del control de un piadoso líder que nos proteja de los estragos de la libertad.
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