“el magistrado Reyes tiene dos trabajos: uno como magistrado de la Corte y otro como ayudante de periodistas.”
Nos encontramos en el pico de la pandemia pero también en el pico de las manifestaciones fraudulentas de la Corte. Estamos sumergidos a su vez en la antítesis de la justicia y de la seguridad jurídica, en la que los Magistrados son sus autores y que por ende esas voluntades de poder le hacen daño a Colombia y a la democracia como un Coronavirus con toga y con un sueldazo de $32.542.129.
La Constitución es la Norma Normarum pero parece que los “Reyes” de la Corte están muy por encima de ella, y me refiero precisamente a lo acontecido con el caso del Presidente Uribe, porque parece una ficción en la que los jueces ya no son los directores del proceso sino que le trasladaron la batuta a los bloggers de los medios de comunicación que poco o nada le han servido al país. Resulta bastante inusual, que diariamente veamos a Los Danieles desencriptar un proceso que se dice está bajo reserva. Por esto, me surgen las siguientes preguntas: ¿de verdad es un proceso que tiene reserva?, ¿la reserva solo aplica para Uribe? y ¿por qué solo se filtra información parcial en contra de Uribe?. Creo que para llegar a la respuesta no hay que hacer mayor esfuerzo, y es que el magistrado Reyes tiene dos trabajos: uno como magistrado de la Corte y otro como ayudante de periodistas. Pero, ¿con qué fin? Con el fin de faltar a la verdad, para beneficiar y auspiciar al inbañable Cepeda. Todo este entramado judicial me recuerda a la obra de Kafka, Der Prozess, en donde “K” busca por todos los medios poder llegar a los tribunales y encontrar la verdad por lo que lo juzgan pero éstos son administrados por personajes lunáticos sin elocuencia jurídica.
Álvaro Uribe Vélez es sin duda, la figura pública más importante del país, Nos ha servido siendo abogado, concejal, alcalde, gobernador, presidente y senador, es decir, a Uribe lo conocen en todas partes; entonces, ¿por qué no levantarse la reserva?. Sin embargo, toda filtración de las llamadas obedecen a una prueba considerada dentro del proceso penal como “ilícita” porque se predica de una violación grave al debido proceso del afectado. Podría inferir entonces, que si este proceso penal atendiese a los principios procesales de la publicidad, imparcialidad del fallador y legalidad del proceso y si a su vez se observara los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento sería otro cuento muy diferente, y la balanza de Themis estaría perfectamente equilibrada. Es más extraño aún, cuando la sala de instrucción no tiene en cuenta el testimonio del “tuso sierra” en el que durante años, es más, mucho antes de que se iniciara el proceso contra Uribe se ha ratificado con su testimonio afirmando que “Iván Cepeda y Piedad Córdoba (ambos simpatizantes del grupo narco-terrorista FARC) le ofrecieron seguridad y asilo político a él y a su familia en el país de los gringos con tal de que se dejara grabar incriminando a Uribe” para colmo de males, también la Sala se negó a escuchar a la ex investigadora de la CIA Lisa Ruth.
Si bien es cierto, el país no se va a leer los 1554 folios del expediente porque ni siquiera leímos las 310 páginas de los nefastos acuerdos de la Habana, pero sí vemos televisión, radio y prensa. Entonces, ¿por qué no filtrar las conversaciones completas para que nos demos cuenta de quien verdaderamente tiene el negocio de la compraventa de testigos?.
Ahora bien, para que se cometa un delito, es necesario que exista un autor de esa conducta, pero por más que quieran atribuirle ese determinador de los injustos penales a Álvaro Uribe no vamos a encontrarlo, simplemente porque no existe prueba alguna de la que podamos asegurar con probabilidad de verdad que se haya cometido, a menos que la Corte prevarique.
La ñapa: esperemos que va a decir la Corte Suprema de Justicia con la nueva incorporación de pruebas documentales del gobierno de Trump sobre las visitas de los pseudo terroristas de Iván Cepeda y Piedad Córdoba en prisiones federales de ese país buscando falsos testimonios para incriminar al Presidente.
Comentar