Muchos han dicho, incluyendo la editorial de este medio, que el paro camionero es algo así como una empresa criminal, que sus promotores han hecho de la chatarrización un negocio, que los protestantes son empresarios y que su protesta significa la promoción egoísta de su interés particular en contravía de los intereses generales.
Acepto la cordial invitación de los editorialistas de Al Poniente para exponer públicamente mis discrepancias frente esa corriente de opinión publica que desde la casa de Nariño está recorriendo el país. En especial porque la polarización a la que nos empuja la agenda del país y sus protagonistas solo puede ser derrotada con el debate abierto, fuerte y respetuoso de las ideas del otro.
Inicialmente debo aclarar que la agenda de reivindicaciones que tiene este paro es exactamente la misma que han adelantado durante todas sus movilizaciones, nada ha cambiado, y no es el primer gobierno ante el que se manifiestan. Fletes, peajes, combustible, extranjerización de la actividad y chatarrización son las banderas de los camioneros, sobre los que ya tienen acuerdos firmados y han sido en su mayoría incumplidos.
Me referiré brevemente a cada uno, para decir si la demanda de los camioneros busca, exclusivamente, proteger su negocio particular.
- Cuando el gobierno sostiene que acoger las peticiones de los camioneros frente al aumento de fletes significa aumentar en 10% la canasta familiar, lo que dice es que no está dispuesto a que tengan mayores costos los industriales que pagan los fletes, a quienes si no está dispuesto a limitarles el manejo de los precios. Menudo favor le hacen los camioneros al gobierno y a la ANDI siendo los culpables del aumento generalizado de precios, según esto,nada tiene que ver la dependencia de las importaciones para alimentarnos y una política económica que desincentiva la producción nacional por la apuesta por los comodities que se mueven, precisamente en tractomulas.
Lo cierto es que los camioneros (empresarios o trabajadores) están sometidos a un control de precios impuesto por el gobierno capturado por los industriales que no reconoce siquiera la estructura de costos de la actividad.
La sobre oferta del parque automotor se debe a la incapacidad del gobierno y sus autoridades aduaneras y tributarias de evitar el lavado de activos del narcotráfico con tracto mulas, que están en el mercado trabajando bajo costos- porque necesitan lavar la plata del narco- dañando las tarifas de fletes. La pregunta es la siguientes ¿si la inflación depende de los fletes porque la disminución de los fletes con relación al IPC en tantos años no ha rebajado el precio de los alimentos? ¿será que están en las ganancias de los industriales generadores de carga? - Un gremio camionero tan grande es precisamente un invento de las elites tecnócratas que han gobernado el país, fueron los abuelos de nuestros dirigentes los que quebraron el sistema de ferrocarriles y la navegabilidad de los ríos para “favorecer” la inversión en la construcción en carreteras e importación de carros. Medida de política económica que reproduce el infausto mito neoliberal que reza que la concurrencia de los negocios privados mejora los servicios públicos.
Este mismo mito da origen al tema de los peajes, resulta que para poder hacer supercarreteras el gobierno debe enajenar sus activos y comprometer su presupuesto para apalancar la inversión de unos privados que, además, recuperaran sus inversiones con la explotación de la carretera como mínimo por un par de décadas. Asunto que da lugar a peajes de altísimos precios por carreteras nunca terminas (para que los contratistas amigos de políticos puedan ampliar los contratos). - No es injusto que un gremio que compra combustible como gran consumidor, solicite que la tarifa le sea cobrada cómo tal, en especial cuando el componente más significativo del precio del combustible en Colombia es tributario. Si el combustible disminuye sus precios afectaría muy positivamente el costo de la canasta familiar, por el contrario, a lo que expresa el gobierno nacional. Es un asunto apenas lógico.
- No es un mito que la multinacional suiza Impala está desarrollando sus intereses económicos en Colombia y que su especialidad es transporte, lo que significa que los precios de los insumos en Colombia van a estar al arbitrio no de un sector disperso en competencia como pasa hoy sino de un super empresario monopólico al que, seguramente, no se le podrán imponer tan fácilmente tarifas como se hace con los camioneros. Dejando de paso muchos camioneros dueños de su camión sin más alternativas que pasar de “empresarios” a empleados.
- Frente a la chatarrización a me parece perfectamente posible que haya un cartel en este tema, cartel que necesariamente necesita la participación de funcionarios del ministerio. Si hay agentes privados y públicos involucrados en este desfalco deben ser debidamente sancionados. Si son camioneros o no, esto no hará que las reivindicaciones camioneras sean más o menos justas. Lo que también es cierto es que el sistema pensional de Colombia deja por fuera a más del 50% de los adultos mayores y muchos camioneros envejecieron con su único capital y sacar estos capitales de circulación requiere una indemnización, por un lado y por el otro, la chatarrización es una buena forma de control del parque automotor en Colombia, para regular un mercado que como se ha dicho tiene una poderosa influencia en la canasta familiar.
Otro hecho lamentable al que nos ha empujado la polarización del país frente a la paz, es a convertir todos los temas en un asunto de popularidad del presidente y por tanto del proceso de paz. Yo discrepo profundamente de aquellos que sostienen que no puede uno decir nada del presidente porque será aprovechado por los opositores del proceso de paz. Yo me resisto a creer que no puedo apoyar las causas que considero justas porque los oportunistas puedan aprovecharlas.
La presencia de Uribe en el paro camionero, siendo él mismo responsable de gran parte del problema, es un ejercicio de oportunismo grave en cuya trampa no podemos caer; porque los camioneros sean uribistas- porque lo son- no quiere decir que sean criminales, por difícil que resulte de creer no todos los uribistas lo son.
Los camioneros como gremio hacen parte de esos 7 millones de colombianos que en las elecciones pasadas demostraron que están de acuerdo con las ideas uribistas. En ese amplio grupo habrá muchas razones para esa posición política. Pero por lo que sea, son colombianos y son un número muy importante y quienes defendemos la paz no podemos simplemente convertirlos en enemigos. La paz debe construirse con garantías y estoy seguro que enemistarse con un sector tan significativo de la población no es una garantía para la paz.
A Uribe y su sequito, tanto como a los que defienden el discurso político favorable a la continuación del conflicto, les conviene la desestabilización que produce el paro, por su puesto. Pero no por eso en la comodidad de las ciudades – garantizada entre otras por el trabajo de los camioneros- no podemos caer en el absurdo de pedirles a los camioneros un paro, que no afecte a nadie.
Que el paro nos afecte a todos, la calidad de vida, significa precisamente, que es la actividad la que garantiza esas comodidades de las que disfrutamos. Porque nos afecta el paro camionero tiene que ver con todos y debe necesario informarse para opinar.
