Cerca de $180.000 millones anuales debería desembolsar el Gobierno Nacional si se quiere encarcelar a los guerrilleros de las FARC.

Si el Gobierno Nacional no logra definir una ruta de justicia transicional, deberá gastar cerca de 180.000 millones de pesos anuales para recibir a los desmovilizados de la guerrilla de las FARC en las cárceles colombianas.

Si el Gobierno Nacional no logra definir una ruta de justicia transicional, deberá gastar cerca de 180.000 millones de pesos anuales para recibir a los desmovilizados de la guerrilla de las FARC en las cárceles colombianas.

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el Estado paga cerca de $1.500.000 al mes para mantener a un preso en las cárceles colombianas, este indicador incluye seguridad mínima, media o alta (varía el precio), kit de aseo, comida, espacios de recreación y habitabilidad; los gastos adicionales incluyen traslados de la cárcel a audiencias o servicios de urgencia en ambulancia, además el pago de medicamentos en caso de reclusos con enfermedades de alto costo como cáncer o VIH.

De acuerdo al escenario del postconflicto y sin la aplicación de  justicia transicional, las FARC tiene cerca de 10.000 hombres en armas y la mayoría de desmovilizados de las FARC deberían ser procesados e ingresar a las cárceles del país. Si hipotéticamente la totalidad de ellos ingresaran a las cárceles colombianas y teniendo en cuenta que el precio promedio del reo mensual es de $1.500.000; al Estado le costaría cerca de $15.000 millones mensuales tener a los desmovilizados en las cárceles, es decir, al menos $180.000 millones anuales en gastos de manutención, equivalentes al pago de 5.000 carreras universitarias de estudiantes colombianos.

Adicionalmente, según los datos suministrados por el INPEC en Colombia hay 136 cárceles ubicadas en 29 departamentos y 6 regiones, la situación general de ellas es de hacinamiento, ascendiendo incluso al 400% de hacinamiento en Riohacha.

Las cárceles del país tienen la capacidad de albergar 78.055 presos, pero la población intramural actual es de 121.831, de los cuales 81.198 están condenados, 39.892 están sindicados (aún no se les ha resuelto su situación jurídica)  y 741 están en proceso de actualización; esto significa que hay una sobrepoblación de 43.776 personas, traducida al 56,08% de hacinamiento.

 

 

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Silvia Bustamante Mejía

Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Responsabilidad Civil y Seguros, y Magister en Derecho. Apasionada por la poesía, la salud y la academia.