Por mucho que pueda incomodar el presidente de los Estados Unidos a muchos colombianos, no se puede negar que su actuación el pasado mes de enero, cuando ordenó la captura del dictador Nicolás Maduro, ha sido de gran ayuda para conservar la democracia que estaba en peligro con la presunta intención de Gustavo Petro para no dejar el poder, y que por fin están saliendo a la luz las alianzas de los grupos terroristas colombianos con la narcodictadura del país bolivariano.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una nueva acusación sustitutiva contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que menciona en múltiples ocasiones a las narcoguerrillas colombianas que actuaban desde diferentes frentes, y revelan una vez más que Venezuela era el refugio de todas las organizaciones criminales que atentaban en Colombia y se refugiaban de las acciones militares del Ejército y de la justicia al otro lado de la frontera.
La fiscalía norteamericana alega que, tras el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, Maduro mantuvo reuniones en Caracas con los cabecillas de las FARC: Rodrigo Londoño “Timochenko”, Luciano Marín “Iván Márquez” y Seuxis Pausias Hernández “Jesús Santrich”, con el objetivo de saldar deudas de dinero derivadas del narcotráfico. Para ello, Nicolás Maduro aceptó venderles minas antipersonal y explosivos de alto poder, una actividad que al menos se extendió hasta el año 2015.
Muy, pero muy delicada la acusación. Nicolás Maduro le entregó a organizaciones terroristas explosivos de alto poder que presumiblemente fueron empleados en los ataques al Ejército colombiano y a las poblaciones en las que tenían disputas. Le entregó a criminales de guerra demostrados minas antipersonal, las populares minas quiebra patas, que mutilaron y destruyeron la vida de miles de humildes campesinos. ¿Y todo por qué? Por deudas de narcotráfico para enriquecerse el dictador y supuestamente ninguna entidad de control colombiana se enteró.
Es ampliamente conocido en Colombia que la relación de Hugo Chávez con la guerrilla presumiblemente comenzó desde el año 2007, cuando asumió el rol de mediador oficial entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en el intercambio humanitario que se llevó a cabo en esa fecha. También es recordada la defensa que Hugo Chávez hizo de los grupos guerrilleros colombianos que estaban acuartelados en su lado de su frontera cuando fue abatido Raúl Reyes en el Ecuador, Chavéz ordenó la movilización de tropas porque si Colombia hacía un ataque de ese tipo dentro de su territorio le declararía la guerra inmediatamente, lo que demostró que sí había campamentos guerrilleros allá.
También se debe recordar la protección que recibían Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, El Paisa, Gabino, Pablo Beltrán e Iván Mordisco, que han vivido largos periodos en Venezuela y lejanos a la justicia colombiana, Incluso, hoy en día varios de esos líderes viven en Caracas.
Y una pregunta adicional sobre ese aparte en específico de la denuncia en contra del dictador venezolano; si las relaciones de Maduro con las Farc duraron hasta al menos el año 2015, podría significar que pasó de esa fecha y cabe recordar que en noviembre de 2016, las Farc y el gobierno colombiano firmaron el acuerdo de la Habana, ¿Será que la relación Maduro Farc fue más allá de esa fecha?, ¿Por qué la JEP no ha investigado ese tema?, ¿En qué expediente las Farc confesaron esa relación cuando estaban obligados a decir la verdad?, ¿Por qué la situación con Venezuela nunca estuvo dentro de los expedientes de la Jurisdicción especial?
Siguiendo con la acusación de la Fiscalía a Nicolás Maduro: entre los años 2022 y 2023, bajo órdenes directas de la cúpula venezolana, se facilitaron pistas de aterrizaje clandestinas cerca de la frontera con Colombia, las cuales fueron utilizadas por el ELN para el tráfico de cocaína.
No es de extrañar la acusación. Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, San Calixto, El Zulia y Puerto Santander, todos municipios en el sector del Catatumbo en Norte de Santander, están invadidos de cultivos de coca con miles y miles de hectáreas. Además, cuentan con laboratorios industriales en el procesamiento de clorhidrato de cocaína, y todo ese producto necesita salir de la zona hacia los mercados internacionales. Pero no es solo en Norte de Santander: también en Tame, Saravena, Arauquita y Fortul en el departamento de Arauca, y en Cumaribo, Inírida y Guaviare en los departamentos de Vichada y Guainía, presentan la misma problemática.
Los fiscales además acusaron a Maduro de ofrecerles contratos estatales por medio de la petrolera PDVSA a estructuras del ELN cuando era canciller en el año 2007, a cambio de garantías y negociaciones operativas en la frontera.
Maduro no se quedó solo en las órdenes a las fuerzas militares para que no actuaran en contra de los grupos terroristas colombianos; también fue acusado de impartir órdenes al sistema judicial para que archivaran y desestimaran de forma sistemática los procesos penales en contra de los integrantes de las FARC que eran detenidos en territorio venezolano.
Quedó claro que las presuntas relaciones de Nicolás Maduro, Cilia Flores y toda la cúpula chavista con las guerrillas de las FARC y el ELN eran muy fuertes. Según avance el juicio contra el dictador, los tentáculos de la justicia americana pueden llegar hasta los antiguos miembros de las FARC y nadie sabe hasta quiénes más, porque Nicolás Maduro, cuando vea que la única manera de no pasar el resto de su vida en una celda en aislamiento es hablando y exponiendo todo el entramado de corrupción que ha gobernado a Venezuela desde 1999. Maduro va a confesar y a apuntar a quienes fueron ejecutores, colaboradores y beneficiarios, lo que tendrá intranquilos a muchos colombianos que perdieron la capacidad de dormir plácidamente desde el 3 de enero al saber que pronto llegará su turno de enfrentar los estrados norteamericanos.
Debe ser por esa razón que algunos de esos personajes intentan blindarse con la ayuda de un sistema de justicia que se inventaron para lavar sus crímenes. La JEP comienza a declararlos culpables y aplicarles penas sustitutivas como la de hacer jardinería en el cementerio de Pitalito y de esa manera pasar ante la comunidad internacional como condenados por los hechos que ya pagaron su deuda con la sociedad colombiana.
Si en teoría la Jurisdicción Especial para la Paz era el espacio en el que los guerrilleros de las FARC iban a brindar verdad, justicia y reparación, ¿en qué aparte hablaron de esa relación con la dictadura de Venezuela? ¿Cuál es el expediente en donde detallaron el entramado de corrupción y la compraventa de armas? ¿Dónde se pueden observar los mapas detallados de las pistas, campamentos y cultivos a lado y lado de la frontera binacional? Definitivamente, pareciera que la JEP solo ha servido para debilitar al Ejército, lavarle la cara a los terroristas e intentar protegerlos de la justicia norteamericana que no se conformaría con la imposición de penas como la de ir a jardines infantiles a exponer su vida cuando portaban uniforme esos criminales de lesa humanidad.
Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.
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