“Colombia no necesita seguir acumulando diagnósticos sobre problemas que ya conocemos. Necesita un esfuerzo mancomunado para convertir el conocimiento en decisiones de Estado que produzcan resultados duraderos.”
Colombia lleva décadas estudiando sus propios problemas. Para nadie es un secreto que existen diagnósticos de sobra sobre múltiples temas. Muchos, y me incluyo, somos fieles creyentes de que existe un sobrediagnóstico y de que sabemos bastante bien qué nos ocurre como país. De ahí que la pregunta ya no sea si conocemos nuestros problemas, sino otra mucho más incómoda: ¿por qué seguimos teniendo los mismos problemas que conocemos desde hace años?
Diagnosticar no transforma la realidad del ciudadano que vive día a día un problema público. Siempre aparece un estudio, una política pública, un plan, una estrategia o una nueva forma de institucionalidad. Todo esto puede ser necesario, pero el gran salto no está en seguir produciendo documentos. En algún momento, el diagnóstico puede convertirse en una zona de confort que permite aplazar las decisiones difíciles. Y aquí aparece una paradoja: el sobrediagnóstico no siempre es la consecuencia de que no sepamos qué hacer; en algunos casos, puede ser precisamente una forma de evitar hacerlo.
Un diagnóstico permite identificar un problema, mientras que ejecutar obliga a decidir qué hacer con él. Y decidir implica establecer prioridades, asignar recursos, coordinar instituciones y, sobre todo, asumir los costos políticos que inevitablemente acompañan algunas decisiones. Mientras diagnosticar puede generar consenso, ejecutar implica escoger entre alternativas, distribuir recursos y asumir responsabilidades.
El verdadero desafío, entonces, aparece en la ejecución. Es allí donde muchas veces existe una distancia amplia entre lo que el Estado sabe, es decir, el diagnóstico y lo que el Estado puede hacer: la ejecución. Y esta diferencia es fundamental. En nuestro país es imposible desconocer la calidad de los técnicos que tenemos, pero también contamos con instituciones con capacidades limitadas para ejecutar. El resultado puede ser una política pública técnicamente impecable, pero con una implementación deficiente; o recursos disponibles que no logran convertirse en soluciones porque no existe la coordinación institucional necesaria para hacerlo.
La capacidad estatal no está únicamente en el diseño de políticas públicas. Implica ejecutarlas, hacer seguimiento, corregirlas cuando sea necesario y lograr que puedan sostenerse en el tiempo. Implica que las instituciones coordinen, gestionen respuestas conjuntas y tengan una conexión real entre las decisiones que se toman en Bogotá y lo que sucede en los territorios.
Por eso, una política pública no debería evaluarse únicamente por su calidad técnica, sino también por la capacidad que existe para convertirla en una realidad. Un documento puede estar bien escrito, una estrategia puede estar correctamente formulada y un indicador puede mostrar con precisión la magnitud de un problema. Pero si nada de eso modifica la realidad de quienes enfrentan el problema, la distancia entre la política y el ciudadano permanece intacta.
Ahora bien, vivimos en un momento en el que la información disponible crece constantemente. Tenemos más datos, más indicadores y más herramientas para entender lo que ocurre. Sin embargo, tener más información no significa necesariamente tener mayor capacidad de decisión. Y tener mayor información tampoco garantiza una mejor ejecución.
El reto está en lograr que la información sea útil para decidir, que las decisiones puedan convertirse en acciones y que esas acciones sean capaces de producir resultados. De lo contrario, corremos el riesgo de construir un Estado cada vez más informado, pero no necesariamente más capaz de transformar aquello que conoce.
Colombia no necesita seguir acumulando diagnósticos sobre problemas que ya conocemos. Necesita un esfuerzo mancomunado para convertir el conocimiento en decisiones de Estado que produzcan resultados duraderos. Esto exige fortalecer no solo la capacidad técnica, sino también la capacidad institucional para coordinar, ejecutar, hacer seguimiento y corregir.
Al final, esto también cambia la manera en que el ciudadano de a pie mide a un gobierno. Las personas no viven los planes de desarrollo, los documentos técnicos ni los anuncios oficiales; viven sus efectos. Por eso, un gobierno termina siendo evaluado por aquello que consigue transformar y no únicamente por aquello que anuncia en discursos largos, extensos e incluso populistas.
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