Hace quince años, comprar una acción en Nueva York desde Medellín era un proyecto. Hacía falta un intermediario, papeleo, montos mínimos considerables y bastante paciencia. Hoy se resuelve desde el teléfono en veinte minutos. La tecnología disolvió las barreras de acceso al mercado global, y esa es una buena noticia: más colombianos diversificando, más hogares construyendo patrimonio con instrumentos que antes solo estaban al alcance de unos pocos.
Lo que la tecnología no disolvió fue la residencia fiscal. Y ahí está el punto ciego de buena parte de esta nueva generación de inversionistas.
El principio es el de los artículos 9 y 12 del Estatuto Tributario: las personas naturales residentes en Colombia están sujetas al impuesto sobre la renta respecto de sus ingresos de fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Las obligaciones no siguen a la plataforma ni al país donde está el activo. Siguen al contribuyente.
El formulario que casi nadie conoce
Además de la declaración de renta, existe una obligación independiente: la declaración anual de activos en el exterior, regulada por el artículo 607, modificado por el artículo 63 de la Ley 2277 de 2022, y presentada en el formulario 160. Aplica a los contribuyentes residentes que al 1 de enero de cada año posean activos en el exterior cuyo valor patrimonial supere 2.000 UVT. Con la UVT de 2026, fijada en 52.374 pesos, ese umbral está alrededor de 104,7 millones de pesos.
Es una declaración informativa, con su propio formulario y su propio calendario, que se fija cada año por decreto. Muchos inversionistas que cumplen juiciosamente con su renta nunca se enteran de que tenían esta segunda obligación.
Hay un matiz que la DIAN ha precisado y que conviene conocer, porque contradice la intuición de mucha gente: lo determinante es la localización efectiva de la inversión en el exterior, no el canal por el que se hizo. Una inversión ubicada fuera del país debe reportarse en esa declaración aunque se haya realizado a través de un comisionista de bolsa colombiano. El hecho de operar desde una plataforma local no vuelve nacional un activo que está afuera.
Los criptoactivos ya tienen doctrina
En este terreno se ha construido más claridad de la que suele suponerse. La DIAN expidió el 17 de octubre de 2023 el Concepto Unificado 100202208-1621, que recoge su doctrina sobre criptoactivos. Los puntos centrales son tres.
Primero, para efectos tributarios los criptoactivos se consideran activos intangibles, hacen parte del patrimonio y pueden generar ingresos. Los tokens no fungibles reciben el mismo tratamiento.
Segundo, los residentes colombianos deben incluirlos en su declaración de renta, en la sección de patrimonio, atendiendo las reglas de valoración patrimonial del Estatuto.
Tercero, y esto es lo que más se malinterpreta: el mero aumento de precio de mercado no constituye por sí mismo un ingreso gravable. El hecho generador aparece con la enajenación. Tener una posición que se valorizó no produce impuesto de renta por esa valorización; venderla, sí produce un ingreso que debe declararse.
Y si esos criptoactivos están custodiados en exchanges del exterior y superan el umbral, entran también en la órbita del formulario 160.
El problema operativo: nadie le va a mandar un certificado
Aquí está, a mi juicio, la mayor dificultad práctica del inversionista digital, y es puramente de información.
Cuando alguien invierte en Colombia, el sistema trabaja para él sin que lo note: el banco expide certificados, la fiduciaria reporta, la información exógena llega a la DIAN y aparece en la declaración sugerida. Cuando alguien invierte a través de una plataforma extranjera, ese soporte no existe en el formato que la norma colombiana espera. Hay estados de cuenta en inglés, en otra moneda, con estructuras que no corresponden a las categorías del Estatuto.
La consecuencia es que el registro tiene que construirlo el propio inversionista. Fecha de adquisición de cada posición, costo en pesos a la tasa del día de la operación, movimientos, retiros, conversiones. Reconstruir eso tres años después, cuando llegue una pregunta sobre un incremento patrimonial, es una tarea ingrata y a veces imposible.
Mi recomendación es simple y vale más que cualquier consejo de estructura: lleve el registro desde la primera operación, no desde la primera declaración. La tecnología le dio acceso instantáneo al mercado global; la trazabilidad todavía tiene que ponerla usted.
La simetría que falta
Vale la pena notar la asimetría de fondo. La innovación financiera avanzó más rápido que la capacidad del inversionista promedio para entender sus consecuencias tributarias. Una persona puede abrir una cuenta y comprar un ETF en minutos, pero necesita semanas de lectura, o un asesor, para saber cómo se declara.
Esa brecha es exactamente donde la tecnología aplicada al derecho tributario resulta útil. No para reemplazar el criterio del asesor, sino para cerrar el tiempo entre la pregunta y la norma. Saber, en el momento en que se abre la posición, qué obligaciones nacen con ella. Verificar el texto vigente del artículo 607, o el contenido del concepto unificado sobre criptoactivos, mientras se toma la decisión y no dos años después.
La misma lógica que democratizó el acceso a la inversión puede democratizar el acceso al conocimiento tributario que esa inversión exige. Es, probablemente, la simetría que le falta a este ecosistema.
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