Hay palabras que parecen simples hasta que las pronuncia el poder. “Terrorista”, “vándalo”, “amenaza”, “orden público”. Palabras que pueden describir hechos concretos, pero que también pueden convertirse en etiquetas capaces de meter en el mismo saco a quien lanza un explosivo, a quien protesta contra el Gobierno, a quien estudia en una universidad pública y a quien simplemente piensa distinto. El pasado 13 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación de un protocolo para que la Policía pueda ingresar a las universidades cuando se presenten actos violentos o situaciones que pongan en riesgo la seguridad. El Gobierno sostiene que respeta la autonomía universitaria, pero que esta no puede convertirse en protección para actos vandálicos o terroristas. Y hasta ahí hay una verdad que nadie debería discutir: una universidad no puede convertirse en refugio para quien comete un delito. Pero la discusión verdaderamente incómoda empieza después: ¿en qué momento dejamos de perseguir conductas y comenzamos a perseguir identidades?
No voy a escribir esta columna desde una falsa neutralidad. No quiero hacerlo. Mi posición está tomada y la digo sin rodeos: defiendo la universidad pública. No defiendo a un Gobierno, ni a un partido, ni a una organización armada, ni a un grupo de encapuchados, ni a una corriente ideológica determinada. Defiendo la institución pública que generaciones enteras han construido, financiado, estudiado y protegido. Y precisamente por eso puedo decir que quien utiliza una universidad para fabricar explosivos, agredir personas o destruir deliberadamente bienes públicos debe responder por sus actos. La protesta no es una licencia para la violencia y la autonomía universitaria no es una patente de corso. Pero tampoco aceptaré la operación contraria: que la existencia de violencia dentro de algunas universidades sirva para convertir a toda la comunidad universitaria en sospechosa, ni que la crítica al Gobierno pueda ser confundida con una amenaza contra el Estado.
El problema comienza cuando dejamos de preguntar “¿qué hizo?” y empezamos a preguntar “¿qué representa?”. Porque una persona puede representar una ideología que detesto y no haber cometido ningún delito; puede protestar contra el presidente y seguir ejerciendo un derecho; puede cuestionar una política pública, defender una posición radical o marchar por una causa que me parezca equivocada sin convertirse por ello en enemigo de la República. En una democracia, la oposición no necesita permiso del Gobierno para existir. Y una universidad, si realmente quiere ser universidad, tiene que ser uno de los lugares donde sea posible hacer preguntas que incomoden al poder. Si para proteger la democracia necesitamos que nadie contradiga al Gobierno, entonces ya no estamos protegiendo la democracia: estamos protegiendo al Gobierno.
Aquí aparece una pregunta que debería incomodar a todos: ¿quién decide quién es un terrorista? ¿El presidente? ¿El policía que está frente a una manifestación? ¿El ciudadano que observa cinco segundos de un video en redes sociales? ¿El rector? ¿El periodista? ¿Nosotros mismos? En un Estado de derecho, una acusación política no puede sustituir la investigación, las pruebas ni las garantías procesales. Si alguien comete un delito, que se investigue y que responda ante las autoridades competentes. Pero si alguien simplemente piensa diferente, protesta o pertenece a una comunidad política determinada, el Estado no puede convertir esa identidad en una presunción de culpabilidad. Parece elemental. Y, sin embargo, buena parte de nuestra conversación pública funciona exactamente al revés: primero decidimos quién es el malo y después buscamos hechos que nos permitan justificarlo.
Y esto no es un problema exclusivo del Gobierno. También debemos mirarnos a nosotros mismos. Qué fácil es decir “que los saquen” cuando los que protestan son personas con las que no simpatizamos. Qué fácil es pedir mano dura cuando el golpe no lo recibe alguien cercano. Qué fácil es defender la libertad de expresión cuando quien habla dice exactamente lo que queremos escuchar. Y qué fácil es llamar “fascista” al que pide seguridad o “terrorista” al que protesta, dependiendo de la orilla política desde la que uno mire. Hemos convertido el desacuerdo en una especie de guerra moral en la que cada bando cree tener el monopolio de la razón y, peor todavía, cree que los derechos del otro son negociables. La democracia se prueba precisamente cuando tenemos que defender el derecho de alguien que nos cae mal.
Por eso importa tanto la autonomía universitaria. No porque la universidad esté por encima de la ley, sino porque la Constitución reconoce que debe existir un espacio institucional capaz de enseñar, investigar y pensar con libertad. El artículo 69 constitucional garantiza la autonomía universitaria, y la Corte Constitucional ha explicado que esta comprende la capacidad de autorregulación filosófica y autodeterminación administrativa, incluida la posibilidad de definir su orientación ideológica dentro de un marco de libertad de pensamiento y pluralismo. La Corte también ha sido clara en que esa autonomía no es absoluta y debe ejercerse dentro de la Constitución, la ley y los derechos fundamentales. Precisamente ahí está el punto: autonomía no significa impunidad, pero tampoco significa subordinación política.
Una universidad autónoma no es una universidad que puede hacer cualquier cosa. Es una universidad que puede pensar sin que el Gobierno de turno le dicte qué debe pensar. Es una institución que puede cuestionar al presidente sin que eso la convierta en enemiga del Estado. Es un lugar donde un profesor puede investigar una verdad incómoda, donde un estudiante puede defender una idea impopular y donde una comunidad puede protestar contra una decisión gubernamental sin tener que pedir autorización ideológica para hacerlo. La propia jurisprudencia constitucional ha señalado que la autonomía protege el pluralismo, la libertad de pensamiento, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la cátedra frente a injerencias indebidas.
Y lo digo desde una posición personal que no necesito esconder: soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. La universidad pública no me enseñó a obedecer a un Gobierno. Me enseñó a preguntar. A desconfiar de las explicaciones demasiado sencillas. A revisar documentos, contrastar fuentes, discutir interpretaciones y aceptar que una misma sociedad puede ser estudiada desde perspectivas completamente diferentes. Como historiador, además, aprendí algo que debería ser evidente para cualquier sociedad que haya vivido un conflicto como el colombiano: las cosas casi nunca son tan simples como parecen cuando se observan desde el presente. Por eso no puedo mirar la universidad solamente como un edificio lleno de estudiantes; la veo como una institución donde Colombia ha pensado, discutido, investigado y también sufrido.
Y nuestra historia universitaria está llena de razones para no tomarnos esta discusión a la ligera. El 8 de junio de 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, murió dentro de la Universidad Nacional el estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo. Al día siguiente, una movilización estudiantil que protestaba por su muerte terminó en nuevos hechos violentos y en la muerte de otros estudiantes. El Centro Nacional de Memoria Histórica recuerda aquellos acontecimientos como un episodio central de la violencia contra el movimiento estudiantil colombiano. No estoy diciendo que Colombia sea hoy la Colombia de 1954. No lo es. Tampoco estoy diciendo que cualquier actuación contemporánea de la Fuerza Pública sea comparable con aquellos hechos. Estoy diciendo algo más sencillo y, quizá, más importante: la relación entre universidad, protesta y fuerza pública tiene memoria.
Treinta años después, el 16 de mayo de 1984, la Universidad Nacional volvió a vivir una jornada que debería formar parte de cualquier discusión seria sobre la relación entre Estado y universidad. En medio de una jornada de protesta por el asesinato del dirigente estudiantil Jesús Humberto León Patiño se produjo una confrontación con la Policía y el ingreso de fuerzas policiales al campus. La investigación recogida por la Comisión de la Verdad documentó estudiantes heridos, decenas de detenciones y posteriores denuncias de malos tratos y tortura; también registró la presencia de algunos colectivos estudiantiles vinculados a organizaciones armadas. Es decir: incluso uno de los episodios más dolorosos de la historia universitaria reciente no puede reducirse a una historia de “buenos estudiantes contra malos policías” o “buenos policías contra estudiantes terroristas”. Hubo confrontación, hubo violencia de diferentes actores y hubo víctimas. La historia es incómoda precisamente porque obliga a distinguir.
Y esa distinción importa. Porque también sería una mentira histórica afirmar que toda violencia ejercida dentro o alrededor de las universidades colombianas provino del Estado. No fue así. La Comisión de la Verdad documentó cómo el conflicto armado atravesó las universidades y cómo distintos actores —guerrillas, paramilitares y agentes estatales— participaron en dinámicas de persecución y violencia que afectaron a estudiantes, profesores y trabajadores. Hubo miembros de comunidades universitarias vinculados a organizaciones armadas y hubo también estudiantes y profesores perseguidos y asesinados por ser considerados parte de un supuesto enemigo. Una universidad pública seria no necesita esconder ninguna de esas verdades. Precisamente porque la universidad pertenece a la sociedad, su historia debe poder contarse completa.
El año 2002 nos recuerda, además, que no podemos romantizar la violencia de los encapuchados. El 24 de octubre, en medio de confrontaciones entre la Policía y encapuchados en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, murió Juan Esteban Saldarriaga Villa, un estudiante de bachillerato de 17 años, a causa de la explosión de un artefacto. Ese muchacho murió. Y no hay consigna revolucionaria, discurso universitario ni teoría política que pueda convertir esa muerte en un detalle menor. Si alguien utiliza una universidad para lanzar explosivos contra otras personas, no está “defendiendo la universidad”. Está poniendo en peligro precisamente aquello que dice defender. La violencia de los encapuchados existe y debe ser rechazada sin eufemismos.
Pero entonces hagamos también la otra distinción: un encapuchado no es automáticamente un terrorista, y un estudiante no es automáticamente un encapuchado. Un manifestante que cubre su rostro, un estudiante que participa en una protesta y una persona que arroja un explosivo no son jurídicamente la misma cosa simplemente porque puedan aparecer en la misma imagen. Si queremos un Estado fuerte, empecemos por exigirle algo básico: que sea capaz de distinguir. La verdadera fortaleza institucional no consiste en meter a todos en el mismo saco; consiste en identificar al responsable, demostrar su responsabilidad y actuar dentro de la ley. Lo contrario no es fortaleza. Es simplificación.
Y aquí es donde el lenguaje vuelve a importar. Michel Foucault nos enseñó a observar cómo el poder clasifica, vigila y produce categorías sobre quienes considera peligrosos. Pierre Bourdieu mostró cómo las palabras de las instituciones no son simples descripciones, porque tienen capacidad para producir clasificaciones sociales y hacer que ciertas categorías parezcan naturales. No necesitamos convertir a ninguno de ellos en una autoridad absoluta para entender lo que ocurre cuando desde el poder se repiten palabras como “terrorista”, “vándalo”, “enemigo” o “amenaza”. El problema no es utilizar una categoría cuando corresponde a una conducta definida por la ley. El problema aparece cuando la categoría empieza a sustituir la prueba.
Porque, después de todo, ¿quién decide cuándo la protesta deja de ser protesta y se convierte en terrorismo? ¿Y bajo qué criterios? ¿Qué pasa con el estudiante que marcha contra el presidente? ¿Qué pasa con el profesor que publica una investigación crítica? ¿Qué pasa con la organización estudiantil que convoca una movilización? ¿Qué pasa con quien grita una consigna que al Gobierno le parece ofensiva? Ninguna de esas acciones debería convertirse automáticamente en delito. El desacuerdo político es parte de la democracia. La violencia concreta puede ser delito. Confundir ambas cosas es peligrosísimo porque transforma la oposición en una cuestión de seguridad.
Y esto debería preocuparnos independientemente de quién gobierne. Porque hoy puede gobernar alguien que piensa como nosotros y mañana alguien que piensa exactamente lo contrario. Hoy puede resultar cómodo que el Gobierno tenga herramientas extraordinarias contra nuestros adversarios; mañana esas mismas herramientas pueden estar en manos de alguien que consideramos nuestro enemigo político. Por eso los derechos no deberían depender de quién ocupa la Casa de Nariño. Las garantías que aceptamos para nuestros adversarios son las mismas que necesitaremos cuando el poder cambie de manos.
También quiero decirle algo a la propia universidad. No podemos defender la autonomía universitaria solamente cuando nos conviene. La autonomía no puede convertirse en una palabra mágica para impedir cualquier investigación sobre hechos violentos. Si un estudiante comete un delito, que responda. Si un profesor incurre en una conducta ilícita, que responda. Si una organización utiliza instalaciones universitarias para actividades criminales, que sea investigada. Y si alguien intenta utilizar la universidad como plataforma de una organización armada, también debe responder. Defender la universidad pública significa defenderla incluso de quienes pretenden apropiársela desde dentro.
Pero tampoco acepto el argumento contrario: que para defender la universidad de unos pocos haya que debilitar los derechos de todos. No acepto que el campus tenga que convertirse en un espacio militarizado para demostrar que el Estado existe. No acepto que la seguridad sea utilizada como argumento para borrar la autonomía. No acepto que la crítica política sea sospechosa por definición. Y no acepto que la universidad pública tenga que demostrar que merece existir cada vez que alguien dentro de ella comete una estupidez, una agresión o un delito.
Porque aquí hay algo que parece haberse olvidado: la universidad pública no pertenece al presidente. No pertenece al ministro de Educación. No pertenece a la Policía. No pertenece a los encapuchados. No pertenece a los partidos. No pertenece a la izquierda. No pertenece a la derecha. Pertenece a la sociedad.
La Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y las demás universidades públicas son patrimonio vivo de generaciones de colombianos. Allí están sus bibliotecas, sus laboratorios, sus archivos, sus profesores, sus trabajadores, sus investigaciones, sus estudiantes y también sus memorias. Son instituciones que han sobrevivido a gobiernos, crisis económicas, conflictos armados, reformas, persecuciones y disputas políticas. Pretender reducirlas a un problema de seguridad es una forma extraordinariamente pobre de entender lo que representan.
Y quizá aquí es donde la discusión debería cambiar de dirección. No deberíamos preguntarnos solamente cómo sacar a los violentos de las universidades. Deberíamos preguntarnos qué clase de universidad queremos entregar a quienes vienen después. Porque quienes estudiamos en una universidad pública no somos sus dueños. Somos eslabones de una cadena. Recibimos algo construido antes de nosotros y tenemos la obligación de entregarlo después. Podemos entregarlo mejor, más democrático, más abierto y más fuerte. O podemos entregarlo convertido en un campo de batalla entre quienes quieren incendiarlo y quienes quieren controlarlo.
Yo sé qué quiero entregar. No quiero una universidad sometida a los encapuchados. No quiero una universidad sometida a los grupos armados. No quiero una universidad sometida al Gobierno de turno. No quiero una universidad convertida en cuartel. Quiero una universidad pública donde se cumpla la ley, pero donde pensar no sea sospechoso. Quiero una universidad donde el estudiante pueda protestar contra el presidente sin que por ello sea convertido en enemigo. Quiero una universidad donde quien comete un delito responda individualmente por lo que hizo. Quiero una universidad donde el profesor pueda investigar al poder sin pedirle permiso. Quiero una universidad donde la autonomía no sea impunidad, pero tampoco una palabra vacía.
Y quiero una sociedad que entienda algo que quizá hoy resulta incómodo: defender la universidad pública no significa defender todo lo que ocurre dentro de ella. Significa defender el derecho de que siga existiendo como espacio público de conocimiento, crítica, pluralismo y pensamiento libre.
No soy neutral en eso.
No tengo por qué serlo.
Porque la neutralidad frente a la universidad pública no siempre es prudencia; algunas veces es simplemente indiferencia.
Y yo no soy indiferente frente a la institución que me formó.
Por eso, si alguien quiere convertirla en trinchera, me tendrá enfrente. Si alguien quiere convertirla en cuartel, también. Si alguien quiere utilizarla para justificar la violencia, también. Y si alguien quiere convertirla en un botín político, también.
Porque la universidad pública no necesita escoger entre el encapuchado y el uniforme. Necesita seguir siendo universidad.
Y quienes pasamos por ella tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de graduarnos, recibir un diploma y marcharnos.
¡Pública la recibimos, pública la entregamos!
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